En Risaralda, pliego de cargos contra Serviciudad ESP

Una investigación previa revela que una presunta posición dominante de la principal empresa de servicios públicos domiciliarios de Dosquebradas, Risaralda.

Por el presunto abuso de posición dominante en los mercados de distribución y comercialización de agua potable en Dosquebradas (Risaralda) y de comercialización de agua en bloque en este departamento, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Serviciudad ESP, considerada una de las principales empresas de servicios públicos de la región.

Advierte el ente regulador que mediante Resolución No. 62307 del 25 de octubre de 2013, el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) consideró que Serviciudad Empresa Industrial y Comercial del Estado Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios estaría abusando de su poder, con lo que daría origen a una "posible obstrucción en el acceso a la Compañía de servicios Públicos Domiciliarios S.A. ESP, ACUASEO, en su derecho a acceder a la interconexión en Dosquebradas (Risaralda), la cual fue ordenada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) mediante Resolución CRA 573 del 24 de octubre de 2011", informó la Superintendencia, y que había sido confirmada mediante Resolución CRA 592 del 1 de febrero de 2012.

La SIC también informó que "se abrió investigación y Formuló pliego de cargos contra Carlos André Vega Ortíz, como persona natural, en su calidad de representante legal de la empresa investigada, con base en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, según el cual, la Superintendencia puede investigar y sancionar a cualquier persona natural que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conductas violatorias de las normas de la libre competencia".

Teniendo en cuenta que la empresa en cuestión ya fue sometida a una investigación previa y ahora deberá estar sometida a una segunda, en el caso de que el proceso finalice declarando que existió violación a las normas de libre competencia, la SIC, "además de adoptar las medidas a que haya lugar para que cesen las conductas anticompetitivas, puede imponer multas a quienes infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia hasta por cien mil salarios mínimos legales mensuales, es decir, $58.950 millones; y a las personas naturales que actúan en representación de quienes infrinjan esas disposiciones, hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales, unos $1.179 millones".

El mismo ente regulador ya suma varios cosos de este tipo. Hace tan solo dos meses le había hecho formulación de cargos por presuntas prácticas restrictivas de la competencia contra cinco empresas cementeras del país y catorce directivos de dichas compañías. El caso aún se encuentra en la segunda etapa de indagación y verificación de pruebas antes de emitir una sanción. Y a su turno, el más sonado este año de todos los casos fue el que se emitió contra la multinacional Claro en la que se multó con una sanción que supera los US$ 45 millones.

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