San Vicente del Caguán, inconforme con el predial

El avalúo catastral y el impuesto predial en Caquetá provocaron descontento entre propietarios que sostienen que la tributación es exagerada. El Instituto Agustín Codazzi señala que las circunstancias de la zona permiten el alza.

Durante el 2013 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), actualizó catastralmente 127 municipios en 26 departamentos de Colombia para vigencia de 2014. Fueron 569.403 predios rurales y 2.415.703 propiedades urbanas, un total de 2.815.158 predios actualizados en el territorio nacional.

La cifra incluye al departamento de Caquetá, conformado por 16 municipios de los cuales nueve fueron renovados: Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, La Montañita, Puerto Rico, Solita, Valparaíso y San Vicente del Caguán. Sin embargo, en esa última localidad hay un descontento generalizado entre los propietarios, quienes sostienen que el avalúo –tomado como base para el cobro del impuesto predial-, es exagerado si se tienen en cuenta las condiciones geográficas, sociales y económicas del municipio.

Así lo señala José Antonio Penagos, representante de la Federación Departamental de Ganaderos del Caquetá (Fedeganca), quien explica que al recibir el impuesto se sorprendieron con los altos costos."Llegaron por las nubes. Tanto a la parte rural como al casco urbano les pusieron un avalúo excesivo que afectó directamente al impuesto y nuestro trabajo como ganaderos y campesinos", asegura.

Según Penagos, las condiciones del municipio no permiten que aumente el costo del avalúo y el impuesto porque no cuentan con agua potable, energía eléctrica, vías en buenas condiciones ni tampoco una economía autosuficiente, pues lo único que allí se produce es carne, queso y leche y esto se ve opacado por la explotación petrolera de las multinacionales.

De acuerdo con el IGAC, la información catastral es trascendental para los ingresos municipales, la estratificación socioeconómica, el ordenamiento territorial, el saneamiento y formalización de la propiedad rural, la restitución de tierras y el fortalecimiento del mercado de tierras. En consecuencia, el cobro del impuesto predial representa en promedio 24,4% de los ingresos tributarios de los municipios con una población menor a 100.000 habitantes, y del 33,5% para aquellas donde habitan más de 100.000 personas. Para el caso de San Vicente del Caguán, que cuenta con 62.096 pobladores, aplicaría la primera cifra.

Ante el desacuerdo, la personería local envío un oficio a la administración municipal para que congelara el impuesto y convocó a una reunión a las personas que se sintieran afectadas. El personero Carlos Cuenca, dice que al encuentro acudieron alrededor de 600 habitantes. Luego de la cita se envió otro oficio al Concejo planteando irregularidades en el avalúo y solicitando una reunión con representantes del Igac porque, según la población, esa institución no recorrió todos los predios. “Se realizó y se evidenció que más de 3.000 personas estaban afectadas. Había propiedades en zonas de alto riesgo que no tenían licencia de construcción y pasaron a costar $300 millones, o casas hechas en madera que quedaron avaluadas en $50 millones", manifiesta Cuenca.

En contraste, Robinson Medina Yara, director del Agustín Codazzi en Caquetá, señala que tanto San Vicente como otros municipios están desactualizados hasta seis años, lo cual hace que "la suma sea significativamente alta y a su vez, se refleje en las dinámicas económicas actuales y en la falta de costumbre de los habitantes a las alzas. Las circunstancias no eran iguales a las de ahora, no alcanzamos a visitar la totalidad de los predios por el paro agrario de 2013 pero se realizó un estudio por sectores. En ese caso, la labor de la alcaldía es realizar una nueva reliquidación del impuesto".

La alcaldía municipal reconoce el error del IGAC al realizar el respectivo avalúo. "El instituto se equivocó. No estamos de acuerdo tanto en el catastro como en el impuesto que se pudiera generar, y somos los primeros en reconocer que está afuera de la realidad económica y social del municipio", resaltó Juan Carlos Durán, asesor tributario de la administración local.

Pese a esto, el director del IGAC en Caquetá es enfático al decir que el avalúo ha tenido un mayor incremento en la zona norte de ese departamento, en la que se incluye San Vicente del Caguán, que de acuerdo con Medina, "tiene una dinámica bastante fuerte por la ganadería y los recursos procedentes de los hidrocarburos, lo cual hace que aumente el avalúo debido a los beneficios del territorio".

Para Carlos Cuenca la calidad de vida del municipio es mala y su situación actual se debe a que ha sufrido las consecuencias del conflicto armado. Por eso, exigen más atención por parte del Gobierno Nacional, puesto que según el personero, la población aún padece los efectos de la guerra. "La comunidad ha construido carreteras, ha puesto sus propios peajes que aunque son ilegales, sirven para mantener las vías. A eso se le suma las vacunas que los comerciantes y campesinos deben pagar a la guerrilla, que no son más que una extorsión".

Los habitantes proponen que el impuesto predial para 2014 se congele y que, por el contrario, se autorice el mismo recaudo del año pasado no solo en San Vicente del Caguán sino en otros municipios como Puerto Rico y Belén de los Andaquíes. "No es que no vayamos a pagar, sino que queremos que el avalúo sea el mismo del 2013 y que los encargados vayan a terreno y no realicen la labor desde el escritorio, porque esta es una queja de varios municipios del Caquetá", señaló Penagos.

Tras realizar varios encuentros y debatir el inquietante tema, el IGAC regional tomó la decisión de aplicar nuevos estudios en la zona para establecer un nuevo avalúo. Aunque no es seguro que los actuales precios cambien en todos los predios, la comunidad de San Vicente del Caguán está atenta a la liquidación del impuesto predial que deben pagar antes del próximo 31 de diciembre. No obstante, solicitan políticas especiales para departamentos como Caquetá, mediante las cuales se puedan generar más procesos productivos en los que primen los intereses de los habitantes locales.


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