Siguen las verdades a medias en las respuestas que dan las autoridades de Santander sobre las denuncias de contaminación por el basurero que funciona dentro de las áreas protegidas de la Ciénaga de San Silvestre, en Barrancabermeja. Lo último que El Espectador reveló fue que el relleno sanitario Yerbabuena, propiedad de la empresa Rediba S.A., se habría extralimitado en las coordenadas que tenía permitidas en la licencia ambiental para expandir sus zonas de operación. La autoridad ambiental lo corroboró, pero también salieron a flote nuevas irregularidades. (Lea: Segundo llamado por la Ciénaga de San Silvestre)
Un levantamiento topográfico extraoficial dejo entrever hace un mes que Rediba intervino alrededor de siete hectáreas que estaban por fuera del polígono autorizado, y que en el proceso deforestaron indiscriminadamente, intervinieron ilegalmente un cauce, y dañaron recursos naturales ubicados en zonas de preservación ambiental registradas como zonas protegidas.
Ante este llamado de alerta, la Corporación Autónoma de Santander (CAS) realizó el pasado 24 de marzo una visita de inspección extraordinaria al relleno en compañía de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y delegados de la Procuraduría General de la Nación. En la reunión, la Corporación dijo que el basurero sí se había pasado del área de sustracción pero que había utilizado solo dos hectáreas de más porque, al parecer, las otras cinco hacen parte de un predio que “nadie sabe de quién es”.
“En la extralimitación se evidenció intervención en un predio en donde hay un cuerpo de agua inmenso, pero Rediba dice que no es de ellos”, contaron a este diario fuentes cercanas a la Procuraduría.
La finca sin dueño
El “cuerpo de agua inmenso” que está dentro del misterioso predio al que se refiere el delegado, es un caño de nombre El Moncholo, ubicado en la parte norte de la celda de basura, el cual fue taponado por el relleno en medio de las obras de dispersión que realizaron. Fue el mismo al que después de las denuncias le construyeron un canal a un costado para hacer fluir el agua de nuevo hacia la parte baja del caudal, obras que los ambientalistas vieron como un ocultamiento de pruebas y que, hasta el momento, tanto el basurero como la autoridad ambiental dicen no saber quién hizo. (Lea: ¿Está Rediba ocultando pruebas de contaminación en ciénaga de San Silvestre?)
Según el director de la CAS, Gabriel Álvarez García, “la finca en la que al parecer Rediba hizo esa remoción de tierra se llama La Herradura. Preguntamos quién era el dueño y dijeron que no sabían. De todas maneras, así ellos hayan intentado mover algo siempre quedan las huellas. Por eso nosotros vamos a iniciar una investigación”.
No obstante, cuando El Espectador cotejó el número catastral de la finca La Herradura en la oficina de instrumentos públicos, el único propietario registrado es Luis Ernesto Ruiz, un columnista de Vanguardia Liberal que eventualmente ha escrito en defensa de la ciénaga y la situación del relleno de Barrancabermeja.
“No sabemos hasta cuándo van a soportar los barramejos que se les contamine la ciénaga de San Silvestre. Habrá que esperar que aparezcan los peces y manatíes muertos, como la afectación de los moradores a lo largo del Zarzal; afectados en sus bienes y sus vidas reclamándole al Estado por los daños causados. Es bueno que se vayan preparando quienes prepararon este estropicio a responder por el daño fiscal que en el futuro aparecerá”, escribió el periodista en una de sus columnas.
Al abordar a Ruiz, este aseguró que esa zona intervenida en La Herradura ya no le pertenecía desde hacía más de un año. “Yo le vendí esa parte baja de la finca que da al relleno a una sociedad de ingenieros que se llama Construcciones Urbanas y Rurales La Esperanza S.A.”, explicó.
De acuerdo con el columnista, quien firmó la compraventa fue una mujer de edad identificada como Marina Rueda de Bohórquez, la mamá del megacontratista santandereano Reinaldo Bohórquez Rueda, dueño del relleno sanitario Yerbabuena y también de la constructora La Esperanza.
Pero los documentos no solo revelaron eso. Rueda de Bohórquez no solo aparece como directiva de la sociedad de ingenieros que compró un predio aledaño al basurero de la ciudad petrolera, sino que también hace parte de la junta directiva de Rediba según informes de Superservicios. (Ver imagen abajo) Lo mismo pasa con la hermana de Reinaldo Bohórquez, Liliana Bohórquez Rueda, quien también dirige el basurero y La Esperanza al tiempo.
Cuando El Espectador le preguntó por esta situación a la gerente de Rediba, Liliana Forero, solo pudo decir que no estaba autorizada para dar declaraciones.
¿Y ahora, qué?
Según el médico y representante de la Corporación Yariguíes, Yesid Blanco Calvete, las conexiones son evidentes pero quedan preguntas en el aire. ¿Por qué un familiar del dueño del relleno está comprando, a través de una empresa de la familia, predios aledaños al relleno?, ¿Por qué esos predios resultaron intervenidos?, ¿Por qué el basurero niega saber quién es el dueño de la finca La Herradura?, ¿Por qué no reportaron la venta de esa finca a instrumentos públicos?, ¿Por qué la CAS dice que tampoco sabe quién es el dueño?, ¿Por qué Luis Ernesto Ruiz permite que una finca que aún está registrada como suya fuera utilizada para que un basurero se expandiera sin permiso de la autoridad ambiental?
“Es claro que ese predio tiene relación con Rediba y no lo quieren hacer ver. Es que, ¿quién iba a comprar un terreno al lado de un relleno? Igualmente entiendo que a esa finca no se le podía generar matricula inmobiliaria por no tener acceso propio. Es decir, tendría que haber una entrada de la carretera principal a La Herradura y no la hay. Esto no es más que una fachada”, comentó el ambientalista.
Por ahora la autoridad ambiental le ordenó al basurero cerrar inmediatamente sus tres piscinas de lixiviados por estar fuera del polígono de la licencia, y la Procuraduría le pidió un informe a la CAS para determinar, entre otras cosas, si hay filtraciones en los alrededores de la celda de disposición final y si el basurero cumple con las medidas de precaución acordadas en la inspección judicial del pasado 24 de marzo.
Anuncian cierre
Ese mismo día de la visita a Yerbabuena, el alcalde Darío Echeverry anunció públicamente el cierre del relleno bajo un decreto que obligaría a Rediba a irse para finales de 2017, y dijo además que en 30 días la empresa de recolección deberá definir una alternativa para depositar las basuras de la ciudad.
“Dentro de seis meses por ningún motivo se utilizará Yerbabuena y mucho menos Anchicayá. El municipio tendrá cinco meses después de eso para hacer la operación del traslado de la basura al sitio más cercano disponible para los residuos sólidos”, informó el mandatario en Vanguardia Liberal.
Sin embargo, para los miembros de la Corporación Yariguíes y los habitantes de Patio Bonito, vereda que queda en frente de Yerbabuena, este decreto no sería más que un “tanque de oxígeno” para el municipio y, de paso, para Rediba, ya que no solo le extiende la vida al basurero sino que anticipa un inicio de investigación disciplinaria en contra de Echeverry por omitir el principio de precaución ambiental (ley 1523 del 2012), como lo cuestionó hace una semana la Procuraduría en un concepto de advertencia (ver documento anexo) que emitió después de la reunión con CAS y Minambiente.
Hay otro dato: sobre la violación de dicho principio de precaución, en el folio que se supone revista la Corte Constitucional para el trámite de la tutela (ver documento anexo) que pretende cerrar el relleno, se evidencia que el alto tribunal tenía conocimiento del riesgo de colapso con el método de recirculacion de lixiviados que actualmente emplea Rediba, pero el proceso desde noviembre de 2015 continúa en "periodo de recolección de pruebas".
“Ayer (miércoles) en rueda de prensa el alcalde anunció que va a expedir ese dichoso decreto, que por cierto todavía nadie conoce en físico, pero nos parece que es una jugada para evitar una posible acción de la Procuraduría. De esa manera también disminuiría la presión con el tema ya que ahorita le están soplando vientos de revocatoria. Todo es tiempo para dilatar la situación y que terminemos como El Carrasco en Bucaramanga que lleva cuatro años de decreto en decreto”, concluyó el representante Blanco Calvete.