La Unión Sindical Obrera (USO) aseguró que en el campo San Luis, que es operado por Ecopetrol y se ubica en la vereda Dos Bocas, en la jurisdicción del Carmen de Chucurí, ocurrió un derrame de crudo ocasionando una emergencia ambiental.
“El derrame de crudo viene desde hace tres años. La comunidad infiere que los pozos San Luis 1 y 6, no se sellaron, o no se manejaron adecuadamente, o hay que hacerles algún tipo de mantenimiento”, dijo John Alexander Rodríguez Quintero, secretario de comunicaciones de la USO.
Rodríguez aseguró que, por presión, el fluido salió del pozo y ya ha afectado a 42 hectáreas. En un video, el secretario explicó que, a 500 metros de San Luis, se encuentra el caño Cascajales, que funciona como bocatoma de un acueducto que lleva agua a más de 25.000 habitantes de 31 veredas diferentes tanto del municipio de Carmen de Chucurí, como de Barrancabermeja.
Ecopetrol manifestó que el derrame no es responsabilidad de la entidad, y que solo el pozo San Luis 4 se encuentra en la zona, y no los pozos San Luis 1 y 6 de los que habla Rodríguez, pese a que este garantiza tener los planos como evidencia de su existencia.
“Los pozos perforados en el campo San Luis no son los responsables de las manifestaciones de hidrocarburos en la superficie, sino que obedecen a un fenómeno natural inherente a las condiciones del subsuelo de la región”, dijo la entidad.
Señaló que lo dicho está comprobado por tres estudios que se realizaron en la zona durante el 2018. Se trata de un análisis fisicoquímico de laboratorio y un análisis geoquímico comparativo, ambos hechos por expertos de firmas especializadas contratadas por Ecopetrol.
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La USO dijo que los resultados de esos estudios no han sido entregados a la comunidad, e hizo un llamado a Ecopetrol y a las organizaciones municipales para tomar medidas eficientes, pues aseguran que los diques y cuadrillas de contingencia aplicadas no son suficientes para solucionar el problema de contaminación.
Ecopetrol respondió que no han podido avanzar en el terreno, pues es propiedad privada y no tienen el permiso necesario para ingresar y ejecutar acciones. Igualmente, no cuentan con la autoridad jurídica para generar un pago por indemnizaciones.
Sin embargo, insistió en que, pese a que no es obligación de la empresa, se están instalando barreras poleofílicas para contener la sustancia que afecta de forma alarmante al ecosistema.