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Un llamado de auxilio hizo Simón Carvajal, un enfermero del corregimiento Saphadana a orillas del río de Oro, limítrofe con Venezuela, en el municipio de Convención (Norte de Santander). El reclamo por la invasión del territorio Barí hace más de 40 años se está haciendo efectivo, a través de una dura advertencia que los indígenas les hicieron a los colonos para que desalojaran sus predios ancestrales.
Organizaciones que promocionan los derechos de la comunidad indígena buscaron mediante acciones populares y tutelas que se les reconociera el derecho a la tierra. No obstante los fallos a su favor, estos nunca se cumplieron por lo que tomaron la decisión de sacar por la fuerza a las cerca de 250 familias que se han asentado allí por mucho tiempo determinando que quienes no tengan propiedades legalmente adquiridas deben salir de sus terrenos.
El conflicto por el territorio entre la comunidad indígena y los colonos pasó de castaño a oscuro, pues los Barí tomaron la decisión de que, a partir del 12 de febrero, quien no sea indígena tendrá que desalojar, a excepción de los tengan títulos de propiedad o escritura pública que según Carvajal son escasos los que cumplen con ese requisito.
Ante el ultimátum, presiones y amenazas, se empezó a registrar un desplazamiento masivo de familias y trabajadores, pues el temor se apoderó de la gente ya que los nativos sentenciaron que de no retirarse actuarán con la Guardia Indígena. “Inclusive, el domingo amenazaron que, si era necesario, se volvían caníbales y nos comían asados, además van a proceder quemando los ranchos como lo hicieron hace unas semanas con colonos venezolanos”, advirtió el enfermero, quien también ya está alistando sus enceres para abandonar la zona.
Tanto los indígenas como los colonos habían adelantado algunas negociaciones para que estos se pudieran quedar, pero decidieron romper con todo protocolo legal para pasar a las vías de hecho contra los históricamente invasores. Las familias que han salido expulsadas han tomado rumbo hacia el municipio de Tibú, el corregimiento de La Gabarra y la ciudad de Cúcuta.
Simón Carvajal declaró que el temor en la gente es total, pues, “además, hay personas enfermas y muchas no tienen para donde irse. Incluso muchos han nacido en la región, hijos de quienes llegaron hace más de cuarenta años a colonizar”. Ahora piden la presencia organismos del Estado y defensores de derechos humanos que los acompañen pues requieren orientación.
“Los indígenas son radicales y lo que quieren es que nos vayamos, entonces pedimos salir dignamente y que el gobierno nos ayude y nos reconozca como víctimas, somos pacíficos y convivimos con ellos por años por lo que ese proceder nos tomó de sorpresa” explicó Carvajal quien para facilitar la comunicación con El Espectador se desplazó hasta un lugar que bautizaron como el “llamadero”; un punto alto en la selva del Catatumbo a donde acude toda la gente a buscar señal para hacer llamadas.
La primera voz de alerta sobre lo que está sucediendo se dio el pasado 23 de enero cuando la Defensoría Regional del Pueblo en Ocaña informó sobre la agresión a dos indígenas y la quema de unas viviendas por el conflicto de tierras que se vive en esa apartada zona a la cual, según un funcionario de la administración municipal de Convención, se llega mediante una travesía de 18 horas por carretera en mal estado para culminar el camino por trocha.