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La Procuraduría General de la Nación ordenó la prestación del servicio de salud a 72 pacientes, entre ellos 29 menores, quienes al parecer llevaban dos meses sin recibir atención médica en Santander por parte de la EPS Medimás.
El Ministerio Público requirió a la EPS: “acciones que garanticen la prestación del servicio con calidad por parte de la IPS Assalud, responsable de la atención de estos pacientes en el departamento”.
Al igual, instó a Medimás a que rinda informes semanales que relacionen la entrega de medicamentos, tratamientos y procedimientos adelantados, así como de las acciones con las que evitará que se repita la suspensión de la prestación del servicio a los pacientes con hemofilia en Santander y los departamentos donde opera.
La Procuraduría notificó a la Superintendencia de Salud para que se adelanten las investigaciones necesarias que permitan establecer si existieron fallas administrativas por parte de la IPS, y se reporten los estados de los procesos que se adelanten contra la EPS.
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Cabe recordar que, a finales de enero y través de la resolución 158 del 2019, la Superintendencia Nacional de Salud comenzó la revocatoria parcial de los servicios de la EPS Medimás en los departamentos de Chocó, Sucre y Cesar.
“Medimás no garantiza que la prestación de servicios de salud a la población afiliada en los departamentos de Chocó, Sucre y Cesar cumpla las condiciones de calidad, oportunidad, accesibilidad, seguridad, pertinencia y continuidad”, se lee en las consideraciones de la resolución 158.
Esta decisión, consecuencia del proceso de vigilancia de la Superintendencia durante varios meses, obliga a que los afiliados de estas zonas sean trasladados a otras EPS que garanticen la atención y la calidad de los servicios.