“Si la Policía regresa, todo el pueblo se va de El Mango”

Aunque el Ministro de Defensa dijo que regresarán 800 uniformados a este corregimiento, la comunidad insiste en que se ubiquen fuera del casco urbano.

Alba Ruby Erazo, una de las mujeres que lideró la movilización reclamando a los policías respeto al deseo de neutralidad de la población civil. / Andrés Hurtado

Como lo anunció este diario el pasado 10 de abril, la subestación de Policía del corregimiento de El Mango, de donde fueron sacados por la comunidad 35 Policías esta semana, no era más que una casa vieja con puertas de plástico y paredes de cemento, que estaba ubicada en el centro de la población e invadiendo con trincheras 90 casas del barrio El Recreo, que fueron abandonas después del ataque del 12 de julio de 2012 cuando la guerrilla lanzó 75 cilindros.

Esa misma casa, de que la que no quedó nada tras ser derribada por los habitantes, es la que califican de subestación de Policía y la misma que un juez de la república a finales del año pasado ordenó reubicar porque no contaba con las condiciones dignas para los uniformados y ni siquiera tenía un espacio para conducir a los detenidos.

Después del martes pasado, cuando la comunidad decidió sacar a los Policías, las calles de ese barrio se volvieron a abrir. Ya hay habitantes en algunas de las casas, a pesar de las grietas, de los puntos de fusil en las paredes y del anuncio del Ministro de Defensa de que volverán 800 efectivos a ese corregimiento con el argumento de que ningún lugar del territorio nacional está vedado para la fuerza pública.

El Espectador recorrió estas calles, y también los escombros de lo que eran las trincheras del Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR), que estaba en un cerro, cien metros más arriba del pueblo. En medio de ese matorral, entre las ruinas de los muros caídos hay un túnel subterráneo construido por los uniformados y también un papel, manchado de barro con una oración a la vida: “Mango, Cauca. Morando bajo la sombra del omnipotente”, se lee.

Alba Ruby Erazo, con 45 años y con las manos endurecidas de raspar coca y cosechar café, fue una de las mujeres que rodearon los improvisados cuarteles, que les dijeron a los policías que se salieran, que desde hacía dos semanas habían visto merodear a la guerrilla por estas montañas y que dos camionetas con pipas de gas habían pasado por el corregimiento. Cuenta, que el miedo se apoderó de los pobladores después de que el cese unilateral (decretado por las Farc en diciembre pasado), se rompiera en mayo de este año. Desde entonces, cada día se anunciaba que el ataque de las Farc era inminente.

El lunes pasado, cuando los vecinos a la subestación empezaron a salir con las colchonetas debajo del brazo y buscando posada en casas lejanas a las trincheras, Alba Ruby y los habitantes de El Mango no resistieron más. Llamaron a Dagoberto Muñoz, presidente de la junta de acción comunal para que los acompañara a pedirles a los Policías que abandonaran el pueblo y que salieran a buscar a los guerrilleros de las Farc para que no se tomaran este corregimiento.

Sin embargo, llegó el mediodía del martes, pero no hubo negociación entre la comunidad y el comandante de la subestación, y según Dagoberto Muñoz, a esa hora empezó a salir un humo negro detrás de las trincheras donde estaban los uniformados y fue cuando los habitantes procedieron a derribar las garitas y a presionar a los agentes para que se salieran. “Ellos ya habían acomodado todo para irse. Esperaron durante un día el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de los militares, pero nunca llegó”. Al final, los 35 Policías fueron llevados en camiones hasta la cabecera municipal de Argelia.

“No queremos la bota criminal”

En medio de las montañas de la cordillera occidental donde se asienta el corregimiento de El Mango, sus habitantes no niegan que en los alrededores está el frente 60 de las Farc. No obstante, “el hecho de que luzcamos botas pantaneras y machete al cinto, no nos hace guerrilleros ni aliados de ellos”, dicen.

Eso lo dejaron claro en la asamblea del jueves pasado, donde se reunieron más de mil personas en la caseta comunal. Hasta allí llegó la comisión facilitadora que aún intenta mediar la posibilidad de que la Policía regrese a un lugar que no afecte a los pobladores y que tampoco deje vulnerables a los uniformados.

Dagoberto Muñoz, fue el primero en tomar la palabra y rechazar las acusaciones que el comandante de la Policía Cauca, coronel Ramiro Iván Perez Manzano: “usted es el responsable de esta hecatombe”, le dijo. Y aunque, según le han informado, podría ser judicializado por ser el vocero de la comunidad, este campesino le envió un mensaje al Presidente y al Ministro de Defensa: “nosotros no estamos apoyados por las Farc. Cómo vamos a hacer pactos con una guerrilla que nos ha hecho daño. La guerrilla ha matado a mucha de nuestra gente y por eso nunca la hemos aceptado”.

Tampoco niegan, como lo dijo Alba Ruby, que su comunidad tenga que vivir de raspar la hoja de coca. Es que los sueños de este corregimiento de mil habitantes se han desmoronado en la legalidad. En 2012, cuando intentaron sacar dos mil panelas para venderlas en Popayán, en plena vía Panamericana la Policía las decomisó por no contar con el sello Invima. “Nos pusimos a averiguar cuánto valía eso y resulta que nos costaba más los papeles que la misma panela que sacábamos. El plátano tenemos que dejarlo podrir y comernos lo que podamos porque no hay comercio”.

Después, la guerrilla atacó a la Policía Emcar en el cerro La Cumbre, y los cilindros alcanzaron a impactar el trapiche del que hoy ya no queda nada. Es que la vida en este corregimiento frontera con el Pacífico no es fácil. Por algo el Departamento Nacional de Planeación esta semana reveló el informe del Índice de Pobreza Multidimensional donde concluyó que el mejor vividero en Colombia es el municipio de Envigado, y que el peor, es Argelia, incluido El Mango.

Esos son los habitantes que viven en las faldas de la cordillera. Los que durante la asamblea pidieron que fotografiaran sus rostros para que les dijeran quiénes de ellos eran los guerrilleros o milicianos. Dijeron que sin Policía vivieron muchas generaciones y que después de 2007, cuando se instaló la Policía en el pueblo, lo que llegaron fueron medidas cautelares como la que tiene Orlando Bolaños. “Nos quieren imponer a la fuerza la Policía, nos quieren imponer la muerte, nos quieren imponer vivir con la bota criminal”, dijo.

El colegio “Las Cocheras”

“Vamos a estudiar a las cocheras”, dicen los jóvenes que pululan por el centro de El Mango. A lo que se refieren es al colegio que queda en la entrada del caserío y que tiene a 600 alumnos estudiando fuera de la institución, ya que su infraestructura se asemeja a eso: a doce corrales cercados con madera donde estudian desde primaria hasta bachillerato las generaciones que hoy se asustan con el ruido de los helicópteros.

Aún tienen la esperanza de que el Gobernador del Cauca, Temistocles Ortega, les cumpla con lo que les prometió en junio de 2013. Después de que dos cilindros bomba mataran a la profesora Ilda Calvache y a su madre mientras dormían, el mandatario fue hasta el corregimiento y les prometió un colegio nuevo en el lote que donó el municipio y que era donde se atrincheraba el Emcar.

Luego de la asamblea, la comunidad delegó a diez personas para que subieran hasta la cumbre de la cordillera occidental a hablar con el comandante de Policía Cauca. Mientras tanto, la comunidad montó cordones de seguridad para impedir que los uniformados ingresaran en cualquier momento al pueblo.

Hay un solo camino para resolver este conflicto: que la Policía se ubique en un lugar fuera del casco urbano del corregimiento de El Mango. Mientras el coronel Pérez Manzano dijo que el ingreso de la Policía a El Mango no se negocia y que en cualquier momento podrían ingresar sus hombres, la comunidad concluyó que si lo hacen antes de que haya una solución, llamarán a todos los habitantes del municipio de Argelia para lograr una hazaña en esta pequeña guerra: que la Policía no se instalé al lado de sus viviendas. “Al final, sino lo logramos, como nosotros no tenemos armas, nos iremos todos del pueblo”, dijo Dagoberto.

Mientras tanto, después de vivir por varios meses en el improvisado cuartel de Policía en El Mango, los 35 uniformados fueron trasladados a Popayán. A un hotel cinco estrellas. Al hotel Monasterio. Quizá, para borrar de su memoria lo que significaba para su institución enviar un Policía a El Mango: el castigo.

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