Sigifredo López: 'no se pueden repartir perdones por delitos atroces'

Este martes se conmemoran seis años del asesinato de los 11 diputados del Valle del Cauca a manos de las Farc.

Este 18 de junio se conmemoran seis años de la masacre de mis compañeros, los 11 diputados del Valle del Cauca asesinados por las Farc, cuando una columna del frente 29 irrumpió sin avisar al campamento custodiado por el frente 60, y alias ‘El Grillo’ cumplió la orden perentoria del Secretariado de asesinar a los secuestrados si no alcanzaban a sacarnos con vida en caso de un rescate.

El pasado 5 de mayo se cumplieron 10 años de la masacre de Urrao (Antioquia), en la que las Farc asesinaron a Gilberto Echeverry (ex ministro de Estado), Guillermo Gaviria (ex gobernador y líder del movimiento de la No Violencia en Colombia) y otros 10 secuestrados indefensos integrantes del Ejército Nacional.

El pasado 2 de mayo se cumplieron 11 años de la masacre de Bojayá (Chocó), que dejó 79 muertos y 125 heridos (48 de las víctimas fueron niños) por cuenta de un cilindro bomba cobardemente disparado contra la iglesia del pueblo, en momentos en que las Farc perseguían a un grupo paramilitar que también cobardemente se refugió entre la población civil. 

De esta manera podríamos seguir recordando actos de barbarie que avergüenzan la memoria colectiva y nos presentan ante la historia como una de las sociedades más bárbaras del planeta. Las masacres de Urrao, Bojayá, Diputados del Valle, y muchos otros delitos atroces están en alto riesgo de quedar en la impunidad como consecuencia de los acuerdos de las Farc y el Gobierno colombiano en La Habana.

También son largas y vergonzosas las listas de masacres y violaciones de los derechos humanos perpetrados por grupos paramilitares y agentes del Estado, que hoy todavía continúan en la impunidad. La violencia no cesa ni ha cesado en los últimos 50 años. Las heridas siguen abiertas y los dolores acumulándose en la historia, porque los verdugos nunca han pedido perdón a sus víctimas y el Estado colombiano, con buenas intenciones pero sin recursos suficientes, apenas empezó a promover una muy loable e histórica intervención sicosocial (Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras), que quizá permita a las víctimas retomar su proyecto de vida, ser integralmente reparadas y garantice que el hecho perturbador no se repita.

Los colombianos anhelamos la paz pero estamos profundamente divididos en torno a la forma y los métodos para lograrla. El péndulo de la opinión lo impulsan líderes y medios de comunicación de un extremo a otro, de la guerra a la paz, de la solución política a la solución militar y viceversa, sin ninguna profundidad ni rigor en el análisis, y sobre todo, sin ningún respeto por las víctimas atrapadas en el medio.

Algunos dirigentes han hecho de la guerra y el odio empresas con réditos políticos y económicos. Otros han hecho lo mismo con la retórica de la paz y la reconciliación. No faltan dirigentes que apoyados en algunos formadores de opinión siguen jugando sin conmiseración con el sufrimiento ajeno, no tienen escrúpulos para proponer mano dura, más violencia y más guerra, o del otro lado, inaceptable impunidad, perdón y olvido para crímenes atroces.

Nos movemos hacia los extremos sin encontrar el justo medio, ese punto de equilibrio que solo puede nacer después de escuchar a las víctimas para poder establecer hasta donde está dispuesta una sociedad a ceder y a perdonar en una negociación con los victimarios, y garantizar que esta histórica oportunidad de devolverle la anhelada paz a los colombianos no se malogre, o termine convertida en un acuerdo deslegitimado por la impunidad.

Los giros bruscos en la conducción del Estado no sólo demuestran improvisación y ausencia de políticas públicas con resultados generalmente negativos para la sociedad. Pero hay algo especialmente peligroso en este último quiebre. En menos de un año estamos pasando de la dialéctica irracional que gobierna toda guerra, a la racional impunidad que se evidencia en los diálogos de La Habana, y esta ligereza para lograr a cualquier precio la terminación del conflicto con las Farc puede derivar en acuerdos nocivos y contraproducentes a mediano y largo plazo, sencillamente porque la impunidad total que ahora se quiere vender con el nombre de justicia transicional es, siempre ha sido, y será generadora de más violencia, sobre todo aquí en Colombia, en nuestro país, estadísticamente probado como uno de los más violentos de la tierra.

Durante los ocho años del Gobierno anterior el discurso oficial negó la existencia de un conflicto armado en Colombia, e impuso el criterio según el cual con terroristas no se podía negociar y mucho menos decidir el futuro de una nueva sociedad. Desde el 18 de octubre pasado, el discurso oficial ha girado 180 grados, y apoyado en el anhelo de paz de los colombianos y en algunos muy influyentes medios de comunicación, pretende que los otrora (hasta hace apenas ocho meses) considerados por esos y en esos mismos medios de comunicación como los peores delincuentes, terroristas, enemigos y verdugos de la sociedad colombiana, hoy sean vistos como personas de bien, posibles senadores y ministros, dignos de hacer nuestras leyes y gobernar al país.

Ni lo uno ni lo otro. Se equivocan quienes negaron y siguen negando la solución pacífica del conflicto tanto como los que quieren lograrla a cualquier precio y hoy tratan de ocultar la total impunidad para criminales de guerra y delincuentes de lesa humanidad, bajo el ropaje de la justicia transicional. La justicia transicional no es impunidad. Pasar de un Estado de guerra a uno de convivencia normal y pacífica implica costos para la justicia y sacrificios para la sociedad.

Lógico que los dirigentes de las Farc no se van a entregar en una negociación para terminar pagando 50 años de cárcel, pero no es menos cierto que ellos más que ninguno otro, y a pesar de su arrogancia manifiesta, tienen que ser conscientes del daño que han causado y asumir responsabilidades por las consecuencias de sus actos, y sobre todo, aceptar las normas y condiciones que toda sociedad impone a sus integrantes para formar parte de ella. Si es que realmente quieren volver a convivir como ciudadanos colombianos deben saber que esta sociedad que martirizaron está dispuesta a perdonarlos y a recibirlos nuevamente, pero que también les impone unas normas y condiciones mínimas para convivir con ella.

Obvio que la inminente participación política y presencia en el Congreso y el Gobierno de los otrora considerados peligrosos terroristas, autores de las masacres de Bojayá, de Urrao, de los diputados del Valle, de la bomba de El Nogal, del burro-bomba, del sembrío de minas anti-personas que a tantos niños, campesinos y militares han dejado mutilados, de las muchas bicicletas, motos y carros bombas, reclutamiento militar y cuasi esclavitud de miles de menores, entre otros hechos de barbarie considerados por la legislación internacional y el ordenamiento legal interno como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, no sólo supone y encierra una total e inaceptable impunidad sino que condena a las víctimas a la revictimización por cuenta de ver a sus verdugos enaltecidos por un Estado que ante su incapacidad para evitar esos crímenes y capturar a los responsables, ahora los premiara suspendiendo penas, investigaciones y órdenes de captura.

Así lo ha reiterado el Fiscal General de la Nación en recientes entrevistas a importantes medios de comunicación, mientras las víctimas siguen llorando a sus muertos, esperando que se haga justicia por el asesinato, secuestro o desaparición de sus seres queridos, que les devuelvan las tierras de las que fueron abusivamente despojadas, y deambulando de oficina en oficina, llenando decenas de documentos para ser reconocidas y entrar en una larguísima y casi interminable (como su dolor) lista de espera que le permita algún día ser indemnizadas, volver a su tierras, o retomar de alguna forma su proyecto de vida.

Las víctimas estamos dispuestas a perdonar y a recorrer el país invitando al perdón y a la reconciliación, a poner nuestro ejemplo de vida y de perdón como contribución a la paz, la reconciliación y el postconflicto, y somos particularmente conscientes de nuestra histórica responsabilidad con la solución política del conflicto con las Farc y con todos los grupos armados generadores de violencia, pero tampoco somos imbéciles y reclamamos nuestro legítimo derecho a unos mínimos de verdad: que reconozcan que sí tienen secuestrados y los devuelvan o que por lo menos le digan a esas madres, huérfanos y viudas donde están los cadáveres de sus seres queridos para ir por ellos y darles cristiana sepultura.

Mínimos de justicia: los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad por lo menos deben pedir perdón a sus víctimas, pagar algunos años en la cárcel e impedírseles representar al Estado en su función pública. Y mínimos de reparación: en lugar de soslayar una inminente y gigantesca operación de lavado de activos sin precedentes en la historia del país producto del narcotráfico, la extorsión y el secuestro, los negociadores del Gobierno deben exigir a las Farc la entrega de todos esos bienes y recursos para la creación de un fondo para reparar a sus víctimas y que públicamente se obliguen y ofrezcan garantías efectivas de no repetición de los hechos victimizantes.

Si recordamos que hasta hace muy poco nuestro propio Presidente de la República, en su condición de Ministro de la Defensa, afirmaba en los medios de comunicación que las Farc eran el más grande cartel de las drogas en el mundo, entonces la pregunta resulta obvia: ¿qué va a pasar con esos activos y dineros que hoy son el combustible de la guerra?
Sin estos mínimos de verdad, justicia y reparación es probable que Farc y Gobierno logren acuerdos en La Habana, pero es altamente improbable que esos acuerdos sean aceptados por la sociedad (y por la comunidad internacional) y logren el objetivo final que nos han dicho que buscan: terminar con el conflicto. De no tomarse correctivos a tiempo, vuelvo a advertirlo, no sólo estaremos lejos de ese cometido, sino frente a la inminente ‘bacrimización’ de las tropas de las Farc con graves consecuencias para la seguridad ciudadana, una gigantesca operación de lavado de activos por parte de sus comandantes y lo que puede ser peor: una vorágine de sangre como resultado del engendro de condiciones políticas, sociales y emocionales que pueden terminar repitiendo repudiables venganzas genocidas, como la ocurrida en los años 80 con la Unión Patriótica. Si La Paz queda mal hecha (con la impunidad total que se evidencia, sin la aplicación de mínimos de verdad, justicia y reparación), y ojalá me equivoque, resultará peor el remedio que la enfermedad.

Pienso que llegó la hora de escuchar a la sociedad civil y a las víctimas que son las que han pagado el precio más alto por vivir en Colombia durante este infame y prolongado período de guerra. El Gobierno y sus negociadores hoy tienen que recordar dos aspectos elementales para lograr un verdadero tratado de paz o acuerdo sobre lo fundamental:

1. Que no pueden alegremente repartir perdones por delitos atroces, jurídicamente porque el Tratado de Roma lo prohíbe, y filosóficamente porque sólo las víctimas están legitimadas para perdonar y ninguno de los que están en La Habana puede hacerlo por ellas.

2. Que los cambios y reformas que requiere una Nación no pueden acordarse y mucho menos decidirse en un acuerdo con un grupo armado ilegal que sólo representa al uno por ciento de la población. Esas definitivas reformas y transformaciones sólo pueden acordarse en una constituyente que es el único mecanismo de participación ciudadana que garantiza la representación de toda la sociedad civil, la discusión profunda, reflexiva y ponderada de decisiones tan importantes para el futuro de las nuevas generaciones de colombianos. Oponerse a la participación ciudadana como mecanismo decisorio de nuestro futuro, negarse a escuchar a las víctimas y permitir impunidad para delitos atroces son en mi humilde criterio las graves amenazas que pueden deslegitimar y malograr esta histórica oportunidad para construir un verdadero tratado de paz.