Sonso: condenada a muerte (I)

Esta laguna y sus humedales sufren las consecuencias de haber transformado el valle medio del río Cauca en un gigantesco cañaduzal, sin que el Gobierno haya hecho mucho por impedirlo. Hoy marcha de protesta.

A finales del año pasado, los vecinos se dieron cuenta de que los topógrafos que habían estado midiendo y remidiendo en las haciendas de Ranchogrande y La Miel cumplían una misión: definir el movimiento de tierras que llegaron a hacer 18 máquinas. / Archivo Particular

Para no aburrirme en los aeropuertos, suelo llevar un libro de crónicas de viaje sobre la región a la que voy. Don Manuel de Pombo –medio militar, medio literato– fue un observador agudo que escribió un sentido relato sobre el Valle del Cauca hacia mediados del siglo XIX. Abrumado por el paisaje, fue pródigo en adjetivos: “ricas haciendas, buen tabaco, aguas diáfanas, ceibas magníficas… potreros entapizados de grama, donde correteaban llenos de salud los terneros y los potros, donde mugía el toro, relinchaba el caballo. Esta alfombra de césped, este horizonte de tul, ese sol de oro, esas aguas que murmuran límpidas, aquellos bosquecillos de hojas y flores… ¡Oh, todo eso no puede ser cierto!”.

Pero al llegar a Sonso, un hacendado bajó de un porrazo a don Manuel de su Arcadia: Riquezas inútiles –dijo– que no hay para qué ni con quién explotar. ¿Quién compra lo que mi hacienda produce? Aquí hay que derramar la miel, dejarles el maíz a los gorgojos y las frutas al suelo. Aquí los peones trabajan un día y huelgan un mes. Aquí los productos sobran y los consumidores faltan. ¡Cauca se muere si no se le abre una comunicación con el Pacífico!

El valle medio del río Cauca fue durante la Colonia un gran productor de caña para sacar mieles y aguardientes, y de ganado de engorde para alimentar los esclavos negros, de los mismos dueños de las haciendas, que explotaban los oros en los ríos de la Cordillera Occidental. Un enclave. Con la abolición de la esclavitud en 1851, los negros que no se habían volado de las minas se refugiaron en las selvas para, libres, cultivar papachina, pescar, tomar ron, fumar tabaco, en pocas palabras: vivir a sus anchas. Pero entonces, ¿quién trabajaba las tierras? Los hacendados tuvieron que dar a negros y campesinos –mestizos en realidad– parcelas para que las trabajaran a cambio de que también lo hicieran en las tierras del patrón. El contrato se llamó de aparcería o de concertaje. Y así se vivía en una cierta abulia tropical.

Pero un día al cónsul de EE. UU. en Palmira, Míster Eder, le dio por el desarrollo, o mejor, por hacer plata, explotar el valle: ensayó con la caña azucarera en momentos en que el país vivía la Danza de los Millones –dólares a rodos, unos prestados, otros pagados por el robo de Panamá y otros invertidos para reproducirse–.

El camino del Dagua, que había sido la obsesión de los terratenientes caucanos, se convirtió en vía férrea y con ella, los nobles popayanejos perdieron el valle del Cauca y se quedaron con su poesía y sus casonas blancas. Pero Míster Eder metió maquinaria para producir azúcar y echarles mano a las tierras de negros y campesinos que necesitara.

Y así comenzó la industria que transformaría en un siglo el valle medio del Cauca en un gigantesco cañaduzal. El que se mira desde el avión cuando pasa la cordillera o el bus deja las lomas –despreciadas por los vallunos– en Cartago en el norte. O Timba en el sur. Todo es azúcar, no tan dulce para los trabajadores ni para los pueblos que respiran las toneladas de pavesas producidas por la quema de la caña para acelerar su maduración.

El azúcar

Y así, en medio de un océano de caña donde no hace mucho tiempo se cultivaban el sorgo, el millo, el maíz, el algodón, el arroz, se llega a Buga, una ciudad atravesada por un río que fue caudaloso –del cual sólo quedan los puentes– con una monumental iglesia rosada, casas de papayo en el solar y un silencio de 2 de la tarde que inunda varias horas la ciudad, rodeada de cañaduzales. A su lado había un gran humedal, un depósito de aguas y de limos que el Cauca llevaba en el invierno y desocupaba en el verano.

Cuando Míster Eder comenzó su emporio, había muchas madreviejas, muchas lagunas, muchos meandros que les robaban velocidad a las aguas del Cauca para regarla como fertilidad sobre las tierras planas. Por esa razón las ceibas y los samanes, los chambucos y las palmeras eran árboles tan fuertes, tan frondosos, tan altivos. Por esa razón, también, la laguna de Sonso o de El Chircal era un paraíso para pájaros, peces, chigüiros, árboles, lianas, matas y, sobre todo, para los bugueños, que de tarde en tarde preparaban sancocho en sus orillas.

El experimento exitoso de Míster Eder contagió a otros ricos –¿cómo llamarlos de otra manera?–. Hicieron sociedades y otro gringo en los años 50, míster Lauchlin Currie, alto empleado del Banco Mundial, importó otra idea nacida en el valle de Tennessee: regular las aguas del Cauca. En 1954 se fundó la mano derecha de los ingenios –que ya eran media docena y que tenían medio valle en caña–, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), que después del coctel de inauguración se dio a la tarea de construir jarillones –o farillones, como dicen los campesinos– a lo largo del Cauca para que las aguas no invadieran los cañaduzales en invierno, y una represa –Salvajina– para que en verano la caña no se muriera de sed. Así fue. La suerte favoreció, una vez más, a los cañeros: en 1959 triunfó la Revolución en Cuba, Castro expropió ingenios y EE. UU. respondió comprando azúcares en América Latina.

La Violencia en Colombia (1946-1962) había dejado tierras en manos de los ingenios, los cacaotales se habían acabado, los algodonales se resistían, los arrozales aguantaban, pero el precio del azúcar subía, la mano de obra abundaba y el jornal era barato. Días de gloria. Las reinas de la Feria Internacional de la Caña eran elegidas Señoritas Colombia en Cartagena y los propietarios de ingenios, ministros del ramo.

En la década del 60 la ampliación del área azucarera fue del 11 %; en los años 70, el porcentaje alcanzó el 30 % y hacia 1980 llegó al 44 %. Hoy en el Valle del Cauca hay sembradas más de 223.905 hectáreas de caña de azúcar, controladas por 13 ingenios: el 24 % son tierras propias y el 76 %, arrendadas.

El 80 % de la tierra plana del Valle –unas 300.000 hectáreas– está cultivado en caña. Cinco de los trece ingenios producen etanol anhidro, autorizados por la Ley 693, firmada por el presidente Uribe en el 2001 que, bajo el plan Oxigenación de la Gasolina, impuso una mezcla de alcohol y gasolina que en el 2012 llegó al 10 % y en el 2020 llegará al 15 %.

El gobierno de la Seguridad Democrática otorgó a los azucareros notables ventajas tributarias y garantizó un precio igual de la gasolina. Según Asocaña, 127.669 hectáreas se utilizan en la producción de etanol, que en el 2015 puede haber llegado a dos millones de litros diarios de carburante. El vigoroso crecimiento de la industria azucarera es controlado por cinco grandes grupos empresariales: el grupo Ardila Lülle es propietario de Incauca, Providencia y Risaralda; la familia Éder, de Manuelita; el grupo Hurtado-Holguín, de Riopaila, y Central Castilla es de los Caicedo González.

El crecimiento de la industria azucarera no ha sido fácil desde el punto de vista social. Tuvo repercusiones sociales. En 1935 se fundó el primer sindicato y al año siguiente hubo la primera huelga; en 1944 se crearon más sindicatos. A comienzos de los años 60 estallaron dos grandes huelgas en las haciendas Papayal y San José; en 1973 los corteros declararon brazos caídos; en la huelga de Riopaila en 1976 resultaron muertos dos obreros.

El 15 de agosto de 1981 los sindicatos cañeros se solidarizaron con el movimiento ambientalista que denunció el desecamiento de la laguna de Sonso como efecto de la política azucarera respaldada por los gobiernos desde los años 50. En ese año existían 15.286 hectáreas de humedales lénticos en el Valle del Cauca, que en 1981 habían desaparecido en el 80 %. Las hectáreas de caña habían pasado de 60.000 a 133.000. Eran los años de la gran marcha en favor de la laguna de Sonso organizada por Carlos Alfredo Cabal, quien junto con Aníbal Patiño, eminente biólogo, concluyó por aquella época: “La complacencia de la CVC con los propietarios de predios ribereños a la laguna ha permitido que las cercas se corran a medida que se retira el nivel de las aguas”. El Decreto 2811 de 1974 había definido la cota 945 metros sobre el nivel del mar como zona de amortiguación del humedal.

El agua

A finales del año pasado, los vecinos de la laguna de Sonso, en el caserío de Puerto Betín, se dieron cuenta de que los topógrafos que habían estado midiendo y remidiendo en las haciendas de Ranchogrande y La Miel cumplían una misión: definir el movimiento de tierras que llegaron a hacer 18 máquinas –entre buldóceres y retroexcavadoras– traídas en gigantescas camabajas.

Algunos pobladores ribereños tienen pequeños contratos con la CVC, otros son peones en las haciendas locales y de los 100 pescadores que había en 1983, sólo queda una decena. La CVC no es sólo la autoridad ambiental en la zona, sino el verdadero poder: da contratos, pone multas, aplica reglamentos, autoriza obras y, como todos sabemos, depende de los intereses de los cañeros y del clientelismo político. La gente la respeta no sin temor. Los funcionarios de la corporación van todos los días a la Estación de La Isabela, una construcción con albergue, oficinas y seguridad privada permanente.

CVC y Ejército empezaron obras de mitigación

Después de las denuncias y la visita a la región de El Espectador, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), con apoyo del Ejército, llevó a la zona retroexcavadoras, volquetas y buldózeres para empezar, desde el lunes pasado, la supuesta reparación del daño ambiental causado por particulares que pretendían desecar un gran pedazo del humedal y destinarlo a la siembra de caña afectando al menos 35 hectáreas del ecosistema. Se hicieron presentes ingenieros del batallón Codazzi de Palmira, de la Policía, delegados del municipio de Buga y de la Procuraduría Ambiental y Agraria del Valle del Cauca. Según la CVC, en cabeza de Rubén Darío Materón, los trabajos demandarán dos meses, pues los particulares dueños de las haciendas Rancho Grande y Bello Horizonte levantaron un jarillón de 2,5 kilómetros, sin ninguna autorización ambiental. La Fiscalía abrió una investigación por presuntos delitos ambientales, sin que se conozca de responsables, y congresistas del Valle prometieron llevar el tema a instancias nacionales para salvar lo que queda de la laguna de Sonso.

 

*Espere mañana lunes la segunda parte.

 

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