La Procuraduría suspendió por seis meses al gobernador de Arauca, Facundo Castillo, investigado por esta entidad por presuntas irregularidades en una serie de contratos que adjudicó durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.
Puntualmente, la Procuraduría emitió este fallo disciplinario por un contrato que se firmó para realizar un evento de música llanera y otras actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte por $570 millones de pesos, al parecer, sin acatar lo establecido en las medidas de aislamiento preventivo obligatorio.
La entidad calificó de reprochable el actuar del Castillo y aseguró que él tenía conocimiento de las prohibiciones a la hora de realizar eventos multitudinarios a nivel nacional.
La @PGN_COL sancionó con suspensión de seis meses al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por irregularidades en contrato por $570 millones, para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, durante la pandemia por covid-19 pic.twitter.com/9VKeUrXZcq
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) July 21, 2020
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“Está ampliamente demostrado que tal celebración fue suspendida por nosotros acatando las medidas del Gobierno Nacional, y dicho contrato ni se ejecutó ni le causó ninguna erogación al Departamento. Ante la determinación adoptada en primera instancia por este organismo de control, expreso mi acatamiento y respeto a las decisiones de la justicia colombiana”, dijo el gobernador Castillo. Además, informó que apelará la decisión de la Procuraduría.
Las autoridades buscan presuntos desfalcos similares para encontrar patrones de sistematicidad que lleven a aclarar si estos delitos tienen articulaciones entre mandos municipales y departamentales.
Los casos indagados, en relación con inconsistencias contractuales durante la pandemia, son variopintos y no discriminan por tamaño u otras características particulares de las entidades territoriales. Hay investigaciones abiertas desde municipios de sexto nivel como San Juan de Betulia (Sucre), hasta indagaciones de la Procuraduría en ciudades capitales, donde se encontró, entre marzo y mayo, que los únicos municipios de estas dimensiones que no tenían contratos con presuntos sobrecostos fueron: Valledupar, Bucaramanga, Arauca, San José del Guaviare, Mocoa, Ibagué, Manizales y Florencia.
Castillo, político de Cambio Radial y socio regional de Germán Vargas Lleras en las anteriores contiendas electorales, también fue investigado por las autoridades por presuntamente estar al frente de contratos en la entrega de ayudas humanitarias que, además de presentar demoras, generaron dudas por los precios que se manejaron. Por ejemplo, la unidad de lata de atún se habría cotizado a un costo neto de $19.959.