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Luis Alberto Balsero, alcalde de Calarcá, Quindío, y José Winser Garzón, secretario administrativo, fueron suspendidos temporalmente por la Procuraduría. La sanción se dio por presuntas irregularidades en la compra de mercados.
El contrato de 396 millones de pesos habría sido firmado por Garzón, en representación del municipio, y por Abelardo de Jesús Echeverri, propietario del supermercado “El Progreso”. Sin embargo, el comerciante asegura que el documento que él firmó era sólo de 15 millones de pesos.
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La suspensión de los funcionarios se da en medio de las investigaciones por contratos ejecutados en el último mes para la compra de kits de alimentación e implementos médicos. La Contraloría revisa más de 7.700 contratos, en los que, al parecer, hay sobrecostos exagerados en mercados para las comunidades y elementos de protección.
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La Contraloría investiga irregularidades en contratos que tienen que ver con las ayudas humanitarias para atender la emergencia sanitaria en los municipios de Coveñas, Sincelejo, Barrancabermeja, Girón, Susación, Ibagué, Jericó, Medellín, Acacías, Puerto Gaitán, San José del Guaviare y Francisco Pizarro.
Balsero y Garzón son los primeros funcionarios sancionados por el mal manejo de recursos en medio de la pandemia del COVID-19