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Desde que inició el paro nacional en Colombia, hasta el 5 de mayo de 2021, la organización no gubernamental Temblores ONG ha registrado 1.708 casos de violencia de la Fuerza Pública, 37 homicidios por parte de la Policía, 222 víctimas de violencia policial, 831 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 312 intervenciones violentas por parte de agentes del Estado, 22 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la Policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública.
Los datos se han recopilado por medio de la plataforma GRITA que lleva un año de funcionamiento en la página de la organización. Un proyecto que busca grabar, registrar, investigar, triangular la violencia policial y asistir a las víctimas para prevenir el abuso de autoridad. “La gente registra los casos de dos modalidades: como testigo o como víctima. Si la persona quiere acudir a una atención legal puede usar Policarpa, la clínica jurídica de la organización. Creemos que las personas deben tener acceso a la justicia y muy pocos de los casos de violencia policial terminan siendo judicializados”, asegura el activista y defensor de derechos humanos Alejandro Lanz, codirector ejecutivo de Temblores ONG.
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Al principio de este paro, esta organización empezó a hacer denuncias instantáneas porque tenían la capacidad inmediata de corroborar la información con fuentes, como publicaciones de prensa y testimonios de víctimas y testigos que estaban grabando y documentando la violencia. “Debido al volumen tan alto que empezamos a recibir después del 28 de abril, esto ya no lo hacemos nosotros en tiempo real y es un riesgo no hacerlo. Nosotros nos cuidamos muchísimo de triangular la información, de contrastar y estamos en procesos de verificación constante de cada uno de los hechos de violencia por parte de la fuerza pública”, señala Lanz.
El problema, señala el codirector de Temblores ONG, es el discurso oficial que hay en las instituciones que representan al Estado, que es incapaz de diferenciar entre una protesta pacífica, consagrada en el artículo 37 de la Constitución de Colombia, y hechos vandálicos tipificados en el Código Penal.
“Hay que hacer una diferenciación fuerte entre quienes cometen actos delictivos y encabezan el Estado y quienes cometen actos delictivos y son sociedad civil que deben ser efectivamente judicializados. [El Estado] pretende unir estos dos comportamientos y no va a poder, por un lado, proteger y garantizar el derecho constitucional a la protesta y, por el otro, perseguir judicialmente a quienes cometen actos vandálicos. Lo vimos en el primer día cuando vandalizaron un banco donde no hay ni una sola persona judicializada por ese hecho, en cambio sí hay por comportamientos asociados a la protesta pacífica”, asegura el defensor de DDHH.
Para él, la manera de diferenciar entre vandalismo y protesta pacífica es por medio del fortalecimiento de la capacidad institucional, no de la fuerza pública, sino de las instituciones que deberían acompañar a la protesta social en la calle. En especial, el Ministerio Público: Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Personería Distrital.
“Deben cumplir un papel fundamental en la negociación de las protestas sociales, en mediar los conflictos, en diferenciar y hacer presencia en cada uno de los puntos de protesta social para tratar de disipar la intervención violenta de la policía y también calmar los humos de la movilización social”, señala Lanz.
¿Qué es Temblores ONG?
Esta organización surgió en el contexto del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc, en 2016, para visibilizar las violencias cometidas contra grupos que históricamente han sido marginalizados en Colombia: personas LGBTI, jóvenes en riesgo de exclusión social, personas que usan sustancias psicoactivas, personas privadas o que han sido privadas de la libertad y habitantes de calle.
Decidieron llamarse Temblores, precisamente porque en ese momento el país atravesaba un momento histórico que Lanz compara con un gran movimiento de placas tectónicas de transformación del Estado colombiano. “Lo que queremos es generar esa transformación con fuertes movimientos que rompan con los discursos de violencia y se rearmen los pilares que sustentan a una sociedad más democrática, más justa y más accesible para las personas que han vivido la violencia y nunca han tenido acceso a la justicia y a los servicios del Estado”, asegura Lanz.
Precisamente por esto su logo es un elefante, pues la organización pretende evocar la metáfora de un elefante en la habitación y hacer visibles temas enormes, pero de los que no se habla, usando un colorido y creativo trabajo de diseño en sus informes y redes sociales.
“Los informes de derechos humanos suelen ser poco accesibles a la lectura, difíciles de comprender y aburridos. Nosotros insistimos mucho en que el trabajo que hacemos tenga una transmisión efectiva a partir de una comunicación visual muy dirigida a un público, a la juventud y a motivar a la gente joven a participar en la construcción de un país no violento”, explica Alejando Lanz.
Evidencias de brutalidad policial
Un policía le disparó a un joven afrodescendiente que caminaba a casa. Tras la investigación, el policía dice que el joven intentó dispararle y actuó en defensa propia. Miente. La autopsia de Medicina Legal no registra ningún trazo de pólvora en las manos de la víctima. El hecho ocurrió el 12 de mayo de 2018. Yeffer Antonio Berrío, un joven de Quibdó, fue asesinado por la Policía luego de salir a bailar a una discoteca con sus amigos y a pocas cuadras antes de llegar a su casa fue asesinado por un agente, sin ninguna razón.
Diego Felipe Becerra, un joven de 16 años, fue asesinado por un policía cuando hacía un grafiti en un puente de Bogotá, el 19 de agosto de 2011. Según el uniformado, la decisión de disparar contra el joven se debió a que supuestamente había participado de un robo dentro de un bus y tenía un arma. Luego se demostró que la Policía implantó un arma de fuego en la escena del crimen para incriminar a Diego Felipe y justificar su asesinato.
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Como el caso de Yeffer Berrío y Diego Felipe Becerra, existen otros cientos de casos documentados por Temblores ONG en su informe ‘Bolillo, Dios y Patria’, donde recopila denuncias de abuso policial tras la implementación del nuevo Código de Policía en 2016. El informe concluye que el accionar de la Policía colombiana, desde 2017 a 2019, cobró la vida de 289 personas, dejó 39.613 lesionados y violentó sexualmente a 102 personas.
Lo que sucede en Colombia en estos momentos tiene que ver precisamente con la pérdida de confianza en la Fuerza Pública. Aunque hay muchos antecedentes, desde 2019 se convirtió en tema de interés nacional tras el asesinato del estudiante Dilan Cruz, de 18 años, por parte de un miembro del Escuadrón Antidisturbios de la Policía (Esmad).
El 21 de noviembre de 2019 se convocó a un Paro Nacional tanto por el paquete de reformas laboral, pensional y tributaria del Gobierno de Iván Duque, llamado entonces ‘el paquetazo’, como por la decisión militar de bombardear un campamento guerrillero en el que murieron 18 menores de edad que habían sido reclutados por disidencias de la exguerrilla de las Farc. Luego de dos días de protestas y enfrentamientos con el Esmad, la noche del 22 de noviembre se decretó un toque de queda, algo que no sucedía en Bogotá desde hace 40 años, luego de que por redes sociales se difundiera que los manifestantes entrarían a conjuntos residenciales a robar y provocara un estado de conmoción.
“Las personas que están asustadas porque temen del vandalismo o de la protesta social es algo que nosotros vimos el año pasado. El mismo alcalde Enrique Peñalosa desmintió las versiones de «se nos están metiendo a la casa» que rotaron por redes sociales para generar terror y pánico alrededor de la sociedad. Lo que hemos registrado en este paro es que el Esmad está disparando directamente a las viviendas de las personas, haciendo allanamientos ilegales, violentando y golpeando a las personas al interior de sus hogares”, asegura el codirector de Temblores ONG.
El sábado 23 de noviembre de 2019, los manifestantes volvieron a salir a las calles. El Esmad impidió que la movilización llegara a la Plaza de Bolívar de Bogotá. A pocas cuadras de allí, un agente del escuadrón le disparó en la cabeza con un arma de disuasión al estudiante Dilan Cruz, quien murió el 25 de noviembre y se convirtió en símbolo de la movilización social que perduró hasta principios de febrero de 2020.
La pandemia como excusa para controlar
No obstante, la pandemia del coronavirus frenó la protesta y amplió los poderes de la Policía para ejercer el control en las calles. La Red Global contra la Violencia Policial, un grupo de trabajo de varias organizaciones que se ha encargado de registrar el aumento de violencia policial en Latinoamérica, observó durante el foro ‘El Panóptico del Espacio Público: COVID y Estados Autoritarios en la Pandemia’ que varios gobiernos movilizaron a las calles a los militares como medida para frenar el coronavirus, se otorgaron mayores niveles de discrecionalidad a los cuerpos policiales, se limitaron las libertades de movimiento y de reunión o incluso en algunos países se ha registrado el movimientos de ciudadanos a través de sus teléfonos móviles.
Por ejemplo, en Uruguay se aprobó la Ley Urgente de Consideración que le otorgó mayor poder a la Policía; en El Salvador se han hecho cercos sanitarios sin justificación médica donde los militares impiden la movilidad de las personas; en Brasil, en mayo de 2020 la Policía asesinó en un solo día a 13 personas en las favelas de Río de Janeiro; en Puerto Rico las medidas de restricción fueron muy estrictas al inicio de la pandemia y violarlas podía dar seis meses de cárcel.
En Colombia, el 9 de septiembre de 2020, el mismo Día Internacional de los Derechos Humanos, la Policía abrió fuego contra manifestantes en Bogotá que protestaban por el asesinato de Javier Ordóñez, un ciudadano de 44 años y padre de dos niños, quien recibió múltiples descargas eléctricas y fue detenido por no respetar el confinamiento. Más tarde fue torturado en un Comando de Atención Inmediata (CAI), una estación de policía a donde lo llevaron. Este caso fue comparado con el asesinato de George Floyd, en Minneapolis, EEUU. La respuesta de la Policía a las manifestaciones dejó 248 heridos, 58 por arma de fuego y ocho personas asesinadas.
En el paro nacional que inició el 28 de abril de 2021, el presidente Iván Duque decidió solicitar la figura de “asistencia militar” para las ciudades y municipios, para controlar una de las mayores protestas del país. Inició como una manifestación contra una reforma tributaria que, según expertos, gravaba con más impuestos a la clase media en medio de la crisis económica que generó la pandemia del coronavirus y se transformó en una protesta general que evidenció el malestar general de la sociedad contra el Gobierno y el accionar de las fuerzas armadas.
La protesta como transformación
La organización Temblores ONG ha recibido amenazas desde septiembre de 2020, cuando se hizo más visible tras documentar los casos de violencia policial. Inclusive, la senadora del partido gobernante Centro Democrático, María Fernanda Cabal, los ha acusado en redes sociales de ser una organización activista que pretende acabar con las fuerzas armadas.
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“Desde Temblores hemos visto que en este paro hay que analizar las situaciones, tender puentes de comunicación, abrir espacios de participación bajo unas mínimas garantías donde se respete el Estado Social de Derecho y la Constitución del 91, que por cierto cumple 30 años este año y es sumamente triste que este aniversario va a estar plagado de estas violaciones a la Carta Magna como se está dando”, señala Lanz.
El miércoles 5 de mayo, Temblores ONG se reunió con la Misión de Observación de la ONU, donde hicieron varias solicitudes: instalar una comisión de seguimiento de casos de violencia policial, que la Misión participe en los Puestos de Mando Unificado (PMU) para constatar la situación de violencia policial en tiempo real y que realice un informe en el que inste al Gobierno colombiano a un alto al fuego, que sirva para proteger y garantizar la vida y la integridad de los manifestantes.
Para Alejandro Lanz, la protesta social en Colombia es fundamental, pues es la manera en que la ciudadanía puede oponerse a las políticas de los gobiernos y es a través de ella que puede generar cambios y transformaciones profundas en un Estado. “A partir de la protesta social es que se han logrado los cambios más importantes de la historia de la modernidad. Para nosotros, defender ese derecho y defender a la gente que sale a movilizarse pacíficamente es una de las prioridades de nuestra democracia. Si no hay garantías para la vida y para la integridad de las personas que salen a manifestarse, a movilizarse en espacio público, no se puede construir democracia”.