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Andrés Santamaría lleva un buen tiempo trabajando en el campo de los derechos humanos. Lo hacía desde la Defensoría del Pueblo y ahora lo hace como personero de Cali. Este representante del Ministerio Público, abogado, insiste en hacer denuncias sobre temas espinosos. No hace mucho hablaba de que en la capital del Valle 500 personas desaparecen al año, por razones como la criminalidad y el reclutamiento forzado. Esta vez el turno fue para el tema de género: sabiendo que en Cali ya han muerto violentamente casi 40 mujeres este año, hace menos de una semana convocó a representantes de víctimas, de la ONU y del Gobierno para discutir por qué el Valle —y el país entero— sigue fallando en su tarea de proteger a las mujeres.
Pareciera que hablar de los derechos de la mujer se volvió una moda sin mucho trasfondo. ¿Está de acuerdo con esa premisa?
Todos quieren hablar del tema de género y hacer campañas porque genera medios, pero nadie toma decisiones de fondo para mejorar. La capacidad del Estado en Fiscalía, comisarías, casas de justicia, incluso en entidades como las personerías, es débil. Se ha tomado el tema como un elemento de visibilidad pública y política, pero sin crear muchos compromisos que impliquen recursos, mayor capacidad o el logro de sanciones. El caso de Cali es puntual: las cifras no han disminuido, igual que en todo el país.
¿A Cali le ha servido de algo que las agresiones intrafamiliares ya no sean querellables?
Yo creo que no. Estamos obligando a las mujeres a que concilien con sus agresores, que los notifiquen, que denuncien sin tener mecanismos de protección.
¿Estamos de acuerdo en que de nada sirven más recursos si no se enfrenta la cuestión cultural?
Sí. Uno como servidor público no puede quedarse quieto viendo cómo a las mujeres las maltratan o, peor aún, las asesinan. El asunto cultural en el caso de Cali es más que demostrable. Nos dicen en algunas comunas que ellas ni siquiera pueden aspirar a un cargo en la Junta de Acción Comunal porque les dicen que no están hechas para gobernar. Por eso ahora uno las escucha decir: “Queremos menos machos y más hombres”. En nuestra ciudad no existe una sola campaña, elemento pedagógico o esfuerzo de sensibilización cultural.
Pero ¿qué hacer para empezar atacando la desidia de los propios funcionarios del Estado?
No son solamente la lentitud y la burocracia de muchos servidores públicos en Colombia, sino también que su ejercicio de reflexión intelectual muchas veces va en contra de la perspectiva amplia de los derechos humanos. Por ejemplo: el investigador que tiene la obligación de indagar un caso de violencia intrafamiliar es machista excesivamente y cree que pegarle a una mujer es aceptable.
En el Congreso fracasó la iniciativa de tipificar el feminicidio. ¿Se necesita?
Ante las estadísticas que vemos en el Valle del Cauca y en todo el país, sí, creo que se debe tipificar. Lo que temo es que a Colombia le está pasando lo de Ciudad Juárez en México: no fue el número de mujeres asesinadas; el conformismo y la omisión institucional para investigar y sancionar fueron los elementos fundamentales para que se volviera lo que se volvió. La sentencia del sistema interamericano así lo resalta, y se condenó al Estado mexicano por permisivo, por funcionarios burocráticos, por no planear estrategias y por nunca querer sancionar. Colombia se está enfrentando a una realidad similar, con unas de las cifras más altas de América Latina.
Pero, por ejemplo, en ataques con ácido, se comienza a ver que las mujeres también están protagonizando episodios de violencia.
En el tema del ácido, tanto a los medios como a las instituciones estatales nos ha faltado pedagogía. De ninguna manera es justificable, eso sí. Pero no se puede decir que la mayoría de ataques de ácido provienen de mujeres.
No se trata de que sean la mayoría, sino de resaltar que en esta sociedad las mujeres también están volviéndose victimarias.
Aunque no conozco las estadísticas o las circunstancias psicosociales de las atacantes con ácido, quiero señalar que la mayoría de las condenadas por agresiones físicas contra hombres —no por ácido— habían sido víctimas de violencia intrafamiliar o sexual.
¿Ve algo del legado del narcotráfico reflejado en esas estadísticas?
El narcotráfico le ha hecho mucho daño a la sociedad caleña: generó la cultura de aceptación del todo vale. Hay influencia sobre todos los tipos de violencia, incluida la violencia contra la mujer. Como caleños y caleñas no hemos podido erradicar las consecuencias de la cultura de la ilegalidad, nos quedamos aceptando muchas conductas que no están bien.