En 2006, un año después de la desmovilización de los paramilitares, la violencia aumentó en el territorio awá, al sur de Nariño. Ese año, según un diagnóstico del Programa Presidencial de Derechos Humanos, los grupos armados asesinaron a 13 indígenas en tres masacres. Una de ellas, la del 9 de agosto en Altaquer, “ocurrió a pocos minutos de una base del Ejército, por lo cual ya están condenados algunos militares por su responsabilidad de omisión”, manifestó Javier Dorado, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
El Ejército, que contaba con 5.000 nuevos soldados de la recién creada Brigada XXIX, fue acusado ese año de otros crímenes. En mayo, según un informe de Codhes, los soldados mataron a los animales y dañaron las viviendas de los indígenas de la vereda Gran Sábalo. Luego, el 10 de junio, en una ofensiva contra los guerrilleros en el resguardo Magüí, bombardearon una escuela. “Pero los profesores y estudiantes estaban en otro lugar”, aclara Fabio Trujillo, exsecretario de Gobierno departamental, “porque los guerrilleros los sacaron de la escuela para quedarse ellos ahí”.
Carol Ortiz, de 24 años, padeció aquella ofensiva del Ejército en Magüí: “Los helicópteros pasaban echando bala, se escuchaban los gritos de los que morían y estallaban bombas que parecían tumbar el rancho donde nos escondíamos”. Leonel Guanga, de 31 años, perdió a sus dos hermanos: el menor, de 18 años, “por el interés de coger un arma se metió a la guerrilla” y fue fusilado por sus compañeros, acusado de ser informante del Ejército; el mayor, en cambio, pisó una mina que los guerrilleros instalaron para impedir la persecución del Ejército.
Carol Ortiz y Leonel Guanga, junto a otros centenares de indígenas de Magüí, abandonaron su territorio. Atrás dejaron sus cultivos y animales, los ranchos donde cada noche se acostaban en sus hamacas alrededor del fogón a escuchar a los mayores. Ahora, en Ricaurte, tuvieron que adaptarse a una vida desconocida. “Después de estar un mes aguantando hambre y frío”, relata Leonel Guanga, “empecé a buscar trabajo como albañil para alquilar una pieza y darles de comer a mis hijos”. Carol Ortiz hizo lo mismo: “Me puse a trabajar en una casa de familia, desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche”.
Otros indígenas, como Arsenio Cantincús, no pudieron adaptarse a la nueva vida y finalmente decidieron regresar a Magüí con su familia.
Entre 2007 y 2008, con la creación de la Brigada Móvil XIX y la arremetida del Ejército contra el narcotráfico, aumentó el pánico en la guerrilla. Durante 2008 las Farc, por miedo a los delatores, asesinaron selectivamente a más de 80 colonos que residían en el territorio awá. Luego, el 28 de diciembre de ese año, por la misma razón asesinaron a cuatro docentes indígenas en Guachavés. Lo peor, sin embargo, sucedió el 11 de febrero de 2009, cuando en un nuevo acto de demencia provocado por el pánico masacraron a un número aún indeterminado de indígenas.
Cinco días después de esa masacre, la guerrilla comunicó que el número de indígenas que asesinó “por trabajar con el Ejército” era de ocho. Zabier Hernández, exasesor de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, explica que ese fue el número inicial, “pero después los muertos aumentaron a 13 y al final fueron 17”. Por el contrario, Trujillo asegura que fueron 12, mientras que la Unidad Nacional Indígena del Pueblo Awá (Unipa) informó que fueron diez los indígenas “vilmente masacrados”.
Tampoco hay claridad sobre el desarrollo de los hechos. La Unipa aseguró que todo se desató a raíz de los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla en el resguardo Tortugaña Telembí. El Ejército, no obstante, expidió un comunicado en el que manifestó que no hubo combates en las 24.960 hectáreas de la zona. Lo cierto es que 40 días después de la masacre, el 23 de marzo, 700 indígenas ingresaron al lugar a constatar lo sucedido. Los ocho cadáveres que encontraron estaban tendidos a lo largo de una trocha, todos con heridas de arma blanca y dos de ellos pertenecientes a mujeres embarazadas. La guerrilla, según uno de los testigos, asesinó a las víctimas cuando éstas huían por los combates.
La magnitud de esa masacre hizo que los medios hablaran de exterminio. Los guerrilleros, frente al repudio internacional, detuvieron el asesinato de indígenas. Sin embargo, en ese mismo año, se registró una nueva masacre de mayores proporciones.
Todo empezó el 23 de mayo, cuando el Ejército inspeccionó en el resguardo Gran Rosario la finca del indígena Gonzalo Rodríguez. Ahí, según los soldados, encontraron una refinería artesanal para extraer petróleo del oleoducto y utilizarlo en la elaboración de cocaína. Al verse descubierto, el indígena atacó a los soldados, quienes tuvieron que dispararle. Sin embargo, la versión de su esposa, Tulia García, fue que el Ejército lo asesinó sin ninguna razón. Tres meses después, el 26 de agosto, ella y 11 familiares suyos, entre los que se encontraban seis niños y un bebé de ocho meses, fueron asesinados a bala por encapuchados.
“Yo conocí esa familia”, recuerda el indígena Jaime Caicedo Guanga, director de la reserva La Planada, “eran de bajos recursos, nunca estuvieron en el narcotráfico”. Varias ONG nacionales, así como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, temieron que los asesinatos los hubiese cometido el Ejército para deshacerse del testimonio de Tulia García.
Fabio Trujillo cree que “el móvil de esa masacre fue el narcotráfico, porque el esposo de Tulia García era uno de los dueños de la coca”. La dirigente indígena María Marín le da la razón: “El Ejército no tuvo nada que ver. Eso fue entre nuestros propios indios, pero indios ya envenenados por la coca”.
El 6 de octubre de 2009, a mes y medio de ocurridos los hechos, los autores de la masacre fueron capturados. Se trataba de Daniel Casaluzán, José Castro Bisbicus y Carlos Malpu (los tres de apellidos awás), quienes en noviembre de 2010 fueron condenados a 52 años de prisión por un juez de Tumaco.
La lucha contra el narcotráfico
Hasta 2006, 33 indígenas awá habían caído en minas y más de 15 mil habían sido desplazados. Un nuevo reforzamiento del Ejército, con la creación de la Brigada Móvil XIX, aumentó las estadísticas: los combates durante 2007 y 2008 provocaron 46 víctimas de minas y más de 20 mil desplazados. No obstante, ese fortalecimiento militar golpeó al narcotráfico: 20 mil hectáreas de coca fueron erradicadas manualmente y otras 100 mil fueron fumigadas, 180 mil galones de insumos químicos y 140 mil de sólidos fueron incautados, varias lanchas rápidas fueron decomisadas y algunos laboratorios de droga, avaluados en mil millones de pesos, fueron destruidos. Al finalizar 2008, la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito reportó que el número de hectáreas de coca en Nariño era de 19.612. Por primera vez en todos los años de guerra, el narcotráfico disminuyó.