Tierras baldías, un proyecto aplazado

Uno de los proyectos de ley más esperados y polémicos en esta legislatura, el de acceso a la propiedad de la tierra y de modificación del régimen de baldíos, ya no será discutido este año en el Congreso.

La razón: pocas horas después de que el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, lo radicara, el presidente Juan Manuel Santos anunció —anoche— en su cuenta de Twitter: “He pedido retirar proyecto sobre baldíos para garantizar que se ajuste a los principios que hemos establecido para el desarrollo del campo”.

La contraorden presidencial confirma los rumores de la indecisión que rondaba al Ejecutivo en torno al tema. Apenas fue presentado corrió el runrún de que Lizarralde lo había retirado de inmediato. Algunos afirmaron que era para evitar que el ministro fuera recusado; otros, porque el funcionario había radicado el proyecto sin el consentimiento del presidente. Fuentes del Ministerio de Agricultura aseguraron que el texto sí había sido consultado con la Casa de Nariño y que no existía intención alguna de retirarlo. Sin embargo, la realidad indica todo lo contrario.

La iniciativa tiene de trasfondo la pelea entre Lizarralde y el senador Jorge Robledo, quien ha insistido en que el titular de la cartera agropecuaria estaría impedido para radicar el proyecto por su trayectoria en el sector palmero. Tesis que Lizarralde rechaza. Lo cierto es que, por ahora, Robledo le gana el pulso al Gobierno.

La agria disputa entre Lizarralde y Robledo no tiene un final cercano. El congresista le pidió a la Procuraduría que lo investigue “por usar grabaciones ilegales para desprestigiar y perseguir a un senador del único partido de oposición”.

Según ha explicado el ministro Lizarralde, el proyecto, bajo el título “Por medio del cual se crean nuevas modalidades de acceso a la propiedad de la tierra y se modifica el régimen de baldíos”, buscaba cinco objetivos: facilitar el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra, cerrar la expansión de la frontera agrícola, promover el desarrollo inclusivo de regiones alejadas, fomentar la asociatividad del campo y dar seguridad jurídica a los inversionistas del agro.

Fuertes debates se avecinaban en el Congreso frente a la creación de zonas de interés de desarrollo económico y social, un concepto que buscaba que los baldíos que se encuentren en zonas remotas, donde la agricultura requiere tratamientos para alcanzar los índices de productividad, fueran entregados en concesión o arrendamiento a personas naturales o empresas. Una pretensión hoy proscrita en nuestro ordenamiento jurídico.

Al parecer, el presidente Santos ha obrado con cálculo político al ordenar el retiro de la iniciativa a menos de 100 horas de radicar en la Registraduría la carta en la que protocoliza su intención por ser candidato presidencial en 2014. 

 

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