La tiranía de los expertos

El peligro que corren las zonas de Reserva Campesina de convertirse en tierra de nadie debido a intereses difíciles de determinar.

Imagen del páramo de Sumapaz, uno de los territorios que entran dentro del debate de las Zonas de Reserva Campesina. /Archivo

En un extraordinario libro, La tiranía de los expertos (The Tyranny of Experts, Basic Books, 2014), el economista del desarrollo William Easterly hace un incisivo análisis sobre el fracaso de buena parte de las políticas de desarrollo adelantadas por gobiernos autoritarios que coartan las libertades individuales, políticas que usualmente han contado con el apoyo decidido de entidades multilaterales como el Banco Mundial. Para Easterly, una de las principales fallas de los “expertos” es que resulta imposible conocer con detalle los intereses personales para luego sumarlos en un total que expresa la voluntad o el deseo de un grupo.

La única forma de resolver esta imposibilidad es la imposición de la voluntad del poderoso que piensa tener la respuesta. Por eso es que en entidades como el Banco Mundial ha existido un marcado sesgo a favor de los estados autoritarios, en donde los “expertos” y los “planificadores” no tienen que contar con cuestionamientos a sus recomendaciones. El argentino Juan Bautista Alberdi (1810-1884) había advertido: “La manera más segura y expedita de arruinar a una nación es dejar en manos del gobierno y de los ‘expertos’ la tarea de enriquecerla”.

Como advierten los brasileños: “Los países crecen durante la noche, cuando los políticos y los ‘expertos’ duermen”. Easterly concluye que es necesario un nuevo modelo de desarrollo basado en el respeto a los derechos de los individuos y que se entienda que el poder ilimitado del Estado es el problema y no la solución.

Colombia, como se reseña en varios capítulos del libro de Easterly, ha sido un país en donde, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, la “planeación” ha jugado un papel determinante. En un modelo de desarrollo donde predomina el libre mercado, como el colombiano, la decisión de producir viene de abajo a arriba, es decir, el consumidor le comunica al productor la calidad y cantidad de producto que requiere y el precio que está dispuesto a pagar. A nadie se le ocurre que el Estado nos indique qué automóvil debemos conducir, qué nevera usar, qué periódico leer o qué tipo de refresco o de cerveza tomar. (En la vecina Venezuela, cuna del “socialismo del siglo XXI”, el Estado le informa por decreto al productor sobre los bienes y servicios que puede ofertar, y al consumidor qué debe demandar).

Sin embargo, si hay un sector de la economía en el que la tesis de que el Estado puede y debe jugar un papel determinante al decidir qué, cómo, en dónde y para quién se debe producir, es la agricultura. Con la finalidad de consolidar los llamados “acuerdos de paz”, existe entre muchos colombianos, principalmente aquellos que simpatizan con las tesis colectivistas, un importante respaldo para la creación y consolidación de las llamadas “zonas de reserva campesina” (ZRC), que inexorablemente van a convertirse en “guetos” en donde la izquierda radical va a ser la autoridad que no sólo ejerce control político, sino determina qué, cómo, en dónde y para quién se debe producir.

Las ZRC no son realistas, ni tienen razón de ser por múltiples razones. En primer lugar se afirma que dentro de ellas se podrán legalizar los títulos de propiedad de los campesinos. Este argumento es tan estúpido como afirmar que dentro de las ciudades deben existir “zonas de reserva urbana” para poder legalizar la propiedad de las viviendas. Que el Estado, por razones de su propia incompetencia, no sea capaz de legalizar la propiedad rural, no es motivo ni excusa para delimitar zonas específicas dentro del territorio nacional.

En segundo lugar, es imperativo que los beneficiados de la adjudicación de baldíos por parte del Gobierno Nacional tengan total respaldo legal sobre su propiedad, con límites en sus linderos que permitan el trabajo y la subsistencia de todos por igual. Proteger este derecho adquirido y labrar estas tierras nunca dependió ni dependerá de constituir o de pertenecer a una ZRC. El acceso, como señalaba un analista, “a la salud, educación, vivienda, protección social, seguridad, carreteras, acceso a créditos, asistencia técnica, e ingreso al mercado nacional, no se obtiene por la constitución mecánica de una ZRC o porque se haga parte de ella”.

Haciendo abstracción de que las ZRC propuestas por las Farc y sus simpatizantes casualmente coinciden con grandes zonas de producción de cocaína y heroína, posiblemente los argumentos más sólidos en contra de las ZRC son de orden práctico. La agricultura, por definición, requiere de tres factores para su desarrollo. El primero es la productividad; el segundo, el costo, y el tercero, el precio. ¿Existe, acaso, el primer estudio que demuestre que en cualquiera de las ZRC se den las características de productividad, costos y precios que les permitan a los campesinos ser más exitosos dentro de las ZRC que por fuera? ¿Existen en dichas ZRC los recursos hídricos que le permiten a la agricultura ser sostenible en el tiempo? ¿Tienen dichas ZRC la infraestructura que les permita a los campesinos colocar a precios competitivos sus productos en las zonas de consumo? ¿O realmente se trata de una argucia de unos pocos para imponer control administrativo sobre amplias zonas territoriales con finalidades políticas que nada tienen que ver con los campesinos?

Otros defensores a ultranza de las ZRC argumentan que son avaladas por el Banco Mundial. Precisamente el libro de Easterly es un profundo examen de los múltiples fracasos del Banco Mundial, entidad que sostiene que los “expertos” son los que están en capacidad de ordenar desde arriba la prosperidad y el bienestar. En el campo de la agricultura es difícil encontrar un proyecto del Banco Mundial que no haya sido un rotundo fracaso, por fuera de unos pocos distritos de riego. La agricultura, aleatoria y variable, no es un sector que se preste al desarrollo “planificado” o “por decreto”.

Finalmente, las ZRC desconocen que por razones agronómicas, ambientales, fitosanitarias o de mercado, las zonas en donde prevalece la agricultura tienden, en el tiempo, a transformarse. California, Costa Rica y Perú son tres países que han visto, por distintas razones, transformar de manera importante sus áreas agrícolas. Finalmente, existe el fenómeno de la inexorable migración del campesino a las urbes en busca de empleo, salud, educación, entretenimiento y compañía.

Las ZRC, con su delimitaciones geográficas impuestas por la ley, corren el riesgo de convertirse en “camisas de fuerza” que no permiten el desarrollo de actividades distintas de la “agricultura campesina”, y en las que el país, en vez de “campesinos sin tierras”, termine con “tierras sin campesinos”. El riesgo de que las ZRC concluyan en “reservas fantasmas”, sin agricultura y sin campesinos, es alta. Nunca podremos olvidar que Stalin y Mao tuvieron sueños de “agricultura colectiva” en zonas específicamente delimitadas. El costo de estos sueños fue más de cien millones de muertos.

El columnista de El Espectador Pascual Gaviria, en su excelente columna del 11 de marzo pasado, “Zapatismo a tus zapatos”, relata la experiencia de una especie de ZRC que los zapatistas han instaurados en México: “Esa puesta en vida se tradujo en la creación de 38 municipios autónomos rebeldes zapatistas y juntas de buen gobierno para su administración.

Las comunidades zapatistas se agrupan en 38 municipio autónomos. Salud, educación y políticas agrícolas se construyen y financian desde sus convicciones y con sus recursos. Maite Rico —coautora de un libro sobre el zapatismo llamado La genial impostura— entregó hace poco algunos números con resultados del experimento más allá de la tinta de los manifiestos: ‘En estos 20 años la pobreza ha aumentado en los municipios zapatistas: del 68,7% al 81,3% en San Andrés Larrainzar, del 56% al 66% en La Garrucha, del 67% al 72% en Morelia...’. Además, las escuelas autónomas, sin acreditación ni grados escolares, son un misterio ancestral, y los comandantes militares y jefes políticos del movimiento se convierten en soberanos de la tribu. El gran logro de esa secta moralista es que ahora no se bebe alcohol en los Caracoles. No sé por qué ese laboratorio hecho de discursos me hizo pensar en lo que podrían ser las zonas de reserva campesina bajo el liderazgo de unas Farc desmovilizadas. Siendo el comandante Joaquín Gómez mucho más peligroso que el subcomandante Marcos”.

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