Trabajando hombro a hombro con la gente

Jorge Guzmán, coordinador del programa del Ministerio de Relaciones Exteriores que ha beneficiado 77 municipios afectados por la violencia, hace balance de los esfuerzos para reconstruir el tejido social y mejorar la calidad de vida de colombianos marginados.

Jorge Guzmán,  deja la coordinación del PFP para estudiar un doctorado en ciencia política en EE. UU. Aquí con uno de los volúmenes donde se recoge la experiencia en las fronteras.
Jorge Guzmán, deja la coordinación del PFP para estudiar un doctorado en ciencia política en EE. UU. Aquí con uno de los volúmenes donde se recoge la experiencia en las fronteras. Nelson Sierra - El Espectador

“En 1933, un grupo de liberales, entre los que se encontraba Agustín Nieto Caballero, hizo un viaje en avión hasta la Amazonia. Don Agustín visitó algunas escuelas de la región. En Leticia pudo ver que la maestra era peruana y que sólo los niños peruanos asistían a clases”. Este relato, tomado de uno de los libros de la investigadora Aline Helg, evidencia la exacerbada centralización y el olvido al que han sido sometidas, de forma histórica, las zonas alejadas de las cabeceras y capitales del país.

Frente a dicha realidad, el gobierno de Juan Manuel Santos decidió ocuparse con ahínco de la realidad de los 77 municipios y 13 corregimientos del país que tienen condición de frontera. Para ello, en 2010, creó el Plan Fronteras para la Prosperidad (PFP), “una apuesta para concebir un Estado que sea capaz de brindar oportunidades reales de desarrollo a poblaciones vulnerables, alejadas, incomunicadas y dispersas ubicadas en zonas de frontera”, anota su coordinador saliente, Jorge Humberto Guzmán, profesional en gobierno y relaciones internacionales.

El Plan se ha encargado de impulsar el desarrollo de cadenas productivas, la seguridad alimentaria, fomentar la infraestructura para el comercio y la educación, además del uso del medioambiente y la formación musical y cultural en los territorios de frontera del país. Cabe recordar que Colombia comparte fronteras terrestres y marítimas con 11 países. Además, según la Cancillería, el 10 % de la población total del país vive en zonas de frontera, y el 21,9 % corresponde a grupos étnicos.

En entrevista con El Espectador, Guzmán, quien deja su cargo de coordinador para cursar un doctorado en Estados Unidos, habló de su experiencia como uno de los precursores y líderes del programa desde su inicio y de la importancia de ejercer soberanía social en territorios de difícil acceso afectados por violencia.

¿Cómo fueron los primeros años del programa Plan Fronteras para la Prosperidad (PFP)?

De intenso trabajo, como ha sido hasta el día de hoy. Nuestra primera tarea al llegar a una zona era realizar talleres participativos, en los cuales había un primer momento de catarsis de la comunidad, un momento clave, y siempre hay que ponerse en los zapatos de las personas, para poder entender sus manifestaciones. Pero luego continuábamos con el proceso de construcción, de aportes colectivos para mejorar la calidad de vida de los habitantes con soberanía social.

Explíquenos lo de soberanía social…

La apuesta por una soberanía social es una visión que va mucho más allá de la seguridad, que consiste en facilitar las herramientas para mejorar la calidad de vida. El Plan Fronteras para la Prosperidad representa esta apuesta.

¿Más fortalezas del programa?

Contar con un equipo humano de alta calidad, interdisciplinario, conformado por un conjunto de expertos de diferentes ámbitos, entre ellos provenientes de la salud, especialistas en vivienda, saneamiento básico, desarrollo económico y medioambiente, lo cual nos permite interactuar de manera integral con la comunidad y trabajar de la mano con ellos. La segunda hace referencia a la articulación con los demás organismos del Gobierno Nacional en su tarea de acompañar a los colombianos.

¿Cómo ganar la confianza de los habitantes de frontera, históricamente engañados?

Se logra únicamente con resultados, que no son otra cosa que la ejecución de los proyectos para mejorar su calidad de vida, que la comunidad misma priorizó.

Háblenos de las cifras del programa…

El Plan Fronteras tiene un proyecto de inversión y gestiona recursos adicionales. Sumado todo, ha invertido $152.000 millones, hemos ejecutado 300 proyectos y 352 adicionales se encuentran en ejecución, para un total de 652 proyectos, haciendo presencia en los 77 municipios de frontera y 13 corregimientos departamentales. Todo esto se ha hecho trabajando hombro a hombro con la gente, que ha sido un mandato de la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín.

¿Qué tan difícil resulta financiar dichos proyectos?

Los proyectos no son imposibles de financiar. Lo que se requiere es voluntad política, de llegar y trabajar con la comunidad. La fragmentación geográfica y las dificultades de comunicación no son una excusa para que el Estado no haga presencia en las zonas de frontera, es su deber y el derecho ciudadano.

¿Cuál es la comunidad a la que más tiempo les tomó llegar?

Muchas, pero recuerdo una en San Felipe, Guainía. Nuestro punto de partida fue Inírida. El trayecto tardó 26 horas, la mayor parte del mismo había que hacerlo en lancha y luego en vehículos improvisados entre la selva, porque es la única forma de llegar. La falta de transporte y la ausencia de óptimas vías de comunicación son algunos de los lastres con los que deben cargar los habitantes de frontera.

Ahora que usted deja la coordinación del programa y se va a estudiar un doctorado a Estados Unidos, ¿qué va a suceder con el programa?

La canciller ha trabajado fuertemente para que el PFP no fuera un programa de un funcionario de turno. Lo que se busca es que desde el Estado exista una verdadera convicción de llevar inversión social a las zonas más alejadas de las capitales, a las zonas de frontera. La semana pasada el presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto en el cual se reestructura el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se crea la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza que depende del despacho de la canciller. Con todos estos cambios, el programa va a salir fortalecido.

En territorios con débil presencia estatal la identidad nacional se deteriora. ¿Cuál es su percepción?

Es una cuestión de contraste. En algunas zonas, a las que hemos llegado, cantan el himno del país vecino, lo que resulta muy duro. Cuando uno empieza el trabajo, la gente quiere tanto este país que se le nota la emoción cuando llega el Gobierno. Y han sido generosos con nosotros, entre tanta necesidad. Las personas quieren mucho este país, a pesar del olvido y de lo que han sufrido, las personas aprecian que cooperemos con proyectos puntuales que le puedan transformar su calidad de vida. A los pobladores les llevamos el programa de Telemedicina, atención y diagnóstico en tiempo real. Muchos de los habitantes están a días de camino de los hospitales más cercanos. También contribuimos con proyectos de camaronicultura, que ha tenido un fuerte impacto en Tumaco, también hemos construido internados y estructuras educativas, así como la apuesta de llevar tecnología y tablets, agua potable y cultura ciudadana.

¿Qué tan necesario será el PFP frente al posconflicto?

Será vital. Si a las personas que habitan las fronteras se les brindan las vías para que ellos mismos puedan agenciar el mejoramiento de su calidad de vida y a los niños se les muestren otras realidades, no empuñarán un arma ni ingresarán a un grupo armado, sino que en sus manos siempre llevarán las herramientas para labrar la tierra y cambiar su futuro.

¿En qué lugares han tenido intervenciones exitosas?

Han sido muchas. Piñuña Negro, en Puerto Leguízamo, así como en Siapana, en la Alta Guajira, donde se implementaron diversos proyectos productivos, un internado y se crearon energías alternativas, como la solar. También cabe resaltar la conexión binacional con Ecuador, entre los corregimientos de San Felipe en Guainía y Puerto El Carmen, que se ubica en el vecino país. Por cuestiones geográficas, el municipio colombiano no podía acceder a electricidad. Luego de este proyecto, se trajo desde Ecuador la energía a través de unos cables sobre el río Putumayo. Los más de 1.300 habitantes tienen 24 horas de electricidad y pagan un recibo que responde a la facturación de estrato 1, subsidiada por el Gobierno.