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hace 5 horas

Tras denuncias de la comunidad, Ejército trasladará base de operaciones en el Catatumbo

Habitantes de zona rural del municipio de El Carmen, en Norte de Santander, denunciaron amenazas, intentos de abuso sexual, hurtos, entre otros. El Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano informó que iniciará las investigaciones a las que haya lugar.

En su pronunciamiento, la comunidad exigió desmilitarización de la zona, así como un compromiso a “no volver ocupar los bienes comunes, ni nuestras fuentes hídricas, predios y viviendas, ni a restringir la movilidad de las comunidades".Twitter @asociacionminga

El Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército informó este domingo que trasladará una base de operaciones ubicada en zona rural del municipio de El Carmen (Norte de Santander), luego de escuchar denuncias por parte de la población “contra el personal militar ubicada en un predio que reclaman de interés comunitario”.

La comunidad, con el acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos, se concentró de forma pacífica en el lugar –como el mismo Ejército lo reconoció– para denunciar violaciones a los derechos humanos. Según un comunicado de la comunidad, se han presentado amenazas, intentos de abusos sexuales, hurtos en los cultivos y objetos personales, entre otros hechos.

En su pronunciamiento, la comunidad exigió desmilitarización de la zona, así como un compromiso a “no volver ocupar los bienes comunes, ni nuestras fuentes hídricas, predios y viviendas, ni a restringir la movilidad de las comunidades; pues esta situación nos pone en riesgo inminente de ser objeto de ataques y se afecta gravemente nuestra supervivencia”.

En su comunicado, el Ejército explicó que la reubicación de la base se dio como resultado de una visita el 21 de junio a la vereda El Edén de una comisión “conformada por la Secretaría de Gobierno Departamental de Norte de Santander, Secretaría de Víctimas, Defensoría del Pueblo regional Ocaña, Procuraduría Provincial de Ocaña, delegados de MAPP – OEA y la oficina de Derechos Humanos de la ONU, acompañados por personal militar de la Fuerza de Tarea Vulcano”.

“Durante el diálogo respetuoso entre los líderes de la comunidad y la comisión, se entabló un acercamiento pacífico para invitar a la comunidad a denunciar los hechos manifestados ante las autoridades competentes (Personería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía, Unidad Militar) a fin de adelantar las verificaciones pertinentes y dar inicio a las investigaciones a que haya lugar”, añadió el comunicado del Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano. 

“Respecto de la utilización del predio donde se encuentra ubicada la base de operaciones intermedias del Batallón de Operaciones Terrestres No. 10 orgánico de la Fuerza de Tarea Vulcano, se propuso la reorganización del dispositivo en los alrededores del sector, para continuar cumpliendo con la misión constitucional que tiene el Ejército Nacional de proteger la población civil”, dijo sobre el traslado de la base.

“La Fuerza de Tarea Vulcano informará a las autoridades competentes y a la opinión pública sobre el procedimiento de reorganización de las tropas en el sector y el desarrollo de las verificaciones que se adelanten ante las denuncias elevadas por la comunidad. Así mismo, reafirma su compromiso por el respeto y estricto cumplimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, concluyó.

Luego de logrado el acuerdo, la comunidad manifestó que espera que el Ejército cumpla su palabra de trasladar la base en presencia de diferentes garantes. 

La Fuerza de Tarea Vulcano ha sido objeto de cuestionamientos, más recientemente a causa del asesinato del excombatiente de las Farc Dimar Torres, el 22 de abril en el municipio de Convención (Norte de Santander). Por el crimen fue imputado el cabo Daniel Eduardo Gómez, quien sería el responsable del asesinato. También fue vinculado el coronel del Ejército Jorge Armando Pérez, por supuestamente haber encubierto los hechos. Por lo ocurrido, el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, general Diego Luis Villegas, pidió perdón a la comunidad y una Comisión de Paz en el lugar, lo que, sin embargo, fue desautorizado por el ministro de Defensa, Guillermo Botero.