Turismo sin límites en Playa Blanca

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Playa Blanca es una bomba de tiempo. A este sector de la isla de Barú, a 40 kilómetros del centro de Cartagena, llegan todos los días miles de turistas en carros, camiones, buses, motos y lanchas. Algunos con ollas, comida y mascotas; otros con carpas.

Lo que hace menos de cinco años era un lugar paradisiaco, se ha convertido en un imán de problemas ambientales, sociales y jurídicos. El detonante fue la inauguración, en abril de 2014, del puente que ahora conecta a la ciudad con la isla. Sin necesidad de soportar largos y costosos trayectos en ferri para atravesar el Canal del Dique, extranjeros y locales empezaron a ver en estos 3,2 kilómetros de playa un destino ideal. Como era de esperarse, el turismo se disparó. En junio de ese año, más de 28.000 personas ingresaron a Playa Blanca por vía terrestre, mientras que en el mismo mes de 2015 la cifra aumentó a casi 47.000, según cifras de Parques Nacionales Naturales (PNN).

El pico fue el 28 de junio de 2015, cuando 13.000 personas entraron en un solo día. En 2016 a la playa ingresaron 30.233 vehículos, 4.198 buses y 7.730 motos. Más de 42.000 vehículos que transportaron 312.000 personas. Un exceso para una zona cuya capacidad, según un estudio de PNN, es de apenas 3.400 personas diarias en temporada alta. A esto se suma que ahí trabajan unas 2.100 personas en actividades informales.

El caos ambiental

Playa Blanca es, en teoría, un área protegida, pues hace parte del Parque Natural Corales del Rosario y San Bernardo. Sin embargo, las tortugas, corales, pastos y mangles que ahí habitan están en riesgo por la desmesurada actividad humana.

Sus aguas son el refugio de nueve especies de coral que se ven amenazadas por los residuos de restaurantes y hostales, que eventualmente terminan en el mar.

Al no contar con alcantarillado y sin nadie que controle la situación, cada quien lidia con sus residuos a su manera. Algunos hostales tienen pozos sépticos; varios restaurantes suelen enterrar las tripas de pescado bajo la tierra; otros las tiran a la ciénaga que está detrás, a pocos metros de la orilla, y otros directamente al mar. Pero según Stephanie Pauwels, directora de este parque natural, “todas esas aguas residuales van para el mismo lado. Las ciénagas se llenan de desperdicios que finalmente pueden terminar en el mar”.

A finales de noviembre estas prácticas llegaron al extremo cuando unos comerciantes abrieron un canal entre la ciénaga y el mar, causando que las aguas estancadas terminaran en el lugar donde nadaban los turistas. Aunque ya este caño artesanal fue cerrado, bastaría una temporada de lluvias para que el agua sucia de la ciénaga se desborde y vuelva a contaminar el mar.

Otra amenaza para los corales, según Pauwels, son las lanchas y motos acuáticas que pasan a alta velocidad, generando un ruido que puede afectar la salud de estas especies, además de la seguridad de los bañistas.

Las costas de Playa Blanca solían ser también el lugar donde anidaban las tortugas carey, que desde 2014 migraron a otros puntos del parque, desplazadas por las construcciones ilegales que “se levantan cada 15 días”, como cuenta la directora del Parque. Junto a la señal de “zona restringida” y “conservación de tortugas marinas” se pueden ver carpas, sillas, restaurantes y hasta hostales de dos pisos, a pesar de que el año pasado se expidió un decreto que prohibía acampar en la zona.

A este daño del ecosistema se suman la tala del mangle de las ciénagas y la erosión que está reduciendo la playa.

Disputa por tierra de nadie

Con el auge de Playa Blanca como destino también se multiplicó el número de establecimientos comerciales. Hoy, en esta zona hay 170 hostales y 130 restaurantes, según cifras de la Secretaría del Interior. Esto ha provocado una disputa entre los trabajadores de las comunidades cercanas (Santa Ana, Ararca y Barú) con los comerciantes que viven en Playa Blanca. Los primeros dicen que los segundos son extranjeros que llegaron a la isla para asentarse y quitarles el trabajo.

Con el objetivo de “blindar” a los 750 trabajadores nativos, el Consejo Comunitario de Santa Ana los censó, capacitó y carnetizó. “Está llegando mucho foráneo a ejercer actividades económicas y nos quitan oportunidades. Antes un nativo se iba a la casa un fin de semana con un millón de pesos en ganancias y hoy se devuelve con $100.000”, sostiene Gilson Altamar, miembro de esta organización.

Las diferencias entre estas comunidades se evidencian con solo recorrer la línea costera. Al comienzo se ven pequeñas ventas ambulantes de comidas y bebidas atendidas por quienes dicen ser santaneros o ararqueros. Al avanzar un poco más de un kilómetro hay alojamientos y restaurantes más grandes donde descansan en su mayoría turistas con acentos extranjeros.

Es tal la inconformidad por parte de los habitantes de los corregimientos, que el representante legal de Santa Ana, Leuterio Rodríguez, propone cerrar, como se ha hecho en varias ocasiones en el Tayrona, Playa Blanca por tres meses: “Así podemos combatir a los extranjeros para que se vean asfixiados económicamente. Eso nos asfixiaría también a nosotros, pero tenemos que hacer el sacrificio”.

El desacuerdo se acrecentó cuando 20 familias que viven en la playa decidieron organizarse y pedir que el Estado los tuviera en cuenta como consejo comunitario para la consulta previa de un proyecto hotelero en la zona. A pesar de la oposición de las comunidades vecinas y de cinco entidades del Estado, la Corte Constitucional falló a su favor, creando así el Consejo Comunitario de Playa Blanca.

Esa cruzada fue liderada por María del Carmen García, española de nacimiento y dueña de un restaurante que existe en la playa desde hace 30 años. Ella se defiende asegurando que llegó a Playa Blanca “cuando todavía era un paraíso” y que su esposo y sus hijas son nativos. “Nosotros queremos el bienestar de todos. El problema de Santa Ana es que no son empresarios, siempre se emplean en proyectos, mientras que la gente de Playa Blanca vive de sus negocios. Unas consultas previas con nosotros creo que serían muy diferentes”, asegura García.

El alcance de este fallo tiene implicaciones que podrían dificultar el control sobre la proliferación de construcciones en la playa, pues impide el desalojo de esta comunidad de una zona que es de bajamar y de uso público. Fernando Niño, secretario del Interior, explica que la sentencia le da a este nuevo Consejo Comunitario la potestad de decidir quiénes habitan ahí y quiénes no.

“Hemos hecho controles a nuevas construcciones y llegamos a desmontar y a decomisar los materiales de construcción. Sin embargo, siempre nos vemos en choque con el Consejo Comunitario, porque ellos sienten que con esta garantía constitucional tienen cierto reconocimiento sobre este terreno”, asegura
Niño.

Sin salida a la vista

Ante este coctel de problemas, en 2016 el Distrito emitió un decreto con medidas como restricción de horarios, prohibición de campamentos y de alimentos o bebidas dentro del balneario. Para garantizar que esto se cumpla y que no entren más de 6.000 personas durante esta temporada, por estos días hacen presencia en Playa Blanca 40 policías, cinco funcionarios de Parques Naturales y tres de la Secretaría del Interior. Y no dan abasto.

Más allá de estas restricciones a corto plazo, las autoridades se han planteado soluciones más radicales, como instalar un peaje, cobrar el acceso a la playa o incluso cerrarla por un tiempo. Sin embargo, según el secretario del Interior, estas propuestas apenas están en la fase de estudios técnicos. Será un largo camino para implementar cualquiera de ellas, pues además implicarían procesos de consulta previa con cuatro comunidades.