“Un ambiente de temor termina en autocensura”

Nora Sanín, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Diarios (Andiarios), comenta el caso del atentado a bala contra Ricardo Calderón, investigador de la revista ‘Semana’. Y analiza la situación de amenazas, intimidaciones y acciones judiciales que enfrentan reporteros y columnistas del país.

/ David Campuzano - El Espectador
/ David Campuzano - El Espectador

Cecilia Orozco Tascón.- Hace unos días el país se sorprendió con el grave atentado, a bala, contra Ricardo Calderón, de la revista Semana. Para Andiarios, ¿se trata de un caso excepcional o es otro síntoma de las dificultades en que se ejerce la profesión?

Nora Sanín.- El censurable ataque al periodista Calderón concentró, con toda razón, la atención de la prensa, del Gobierno y de los organismos de investigación por las características que tuvo, la virulencia con que se dio y el tema tan delicado que él estaba tratando. Pero, desafortunadamente, hay muchos hechos similares que afectan a reporteros y medios de provincia. Hace apenas unos días, ocho corresponsales de Valledupar denunciaron amenazas de muerte contra ellos si no salían de la ciudad. Otros periodistas de la costa Caribe también están sometidos a lo mismo. Y no se pueden excluir otras regiones en donde se están enfrentando casos parecidos. En un ambiente de temor, se termina en autocensura.

C.O.T.- El atentado a Calderón se ha relacionado, inicialmente, con una investigación que él estaba realizando sobre las cárceles militares y temas conexos. Al respecto, sorprende que en las estadísticas sobre intimidaciones a la prensa el número más alto de agresiones venga de agentes del Estado. ¿Qué opina acerca de esta realidad tan complicada para la democracia?

N.S.- Uno no puede llegar aún a conclusiones sobre lo sucedido con el investigador de Semana, pero tal como lo dijo la revista en su editorial, es muy preocupante la coincidencia en el tiempo, entre lo que Ricardo estaba investigando y el atentado del que fue víctima. Si usted me pregunta, diría que el Gobierno debería ser el primer interesado en que se descubriera muy pronto a los autores del atentado. En cuanto a las estadísticas, es cierto que el indicador sobre agresiones a la prensa por parte de agentes del Estado es muy alto. Esta realidad es delicada porque, en las democracias, la Fuerza Pública es la garante de las libertades. Si los encargados de proteger la vida y la seguridad de los periodistas, en lugar de cumplir con su tarea se convierten en los autores de las amenazas o de los atentados, el problema ya no sería coyuntural, sino estructural.

C.O.T.- Además del atentado contra la vida de Calderón hay otro caso de persecución que resulta muy dramático por la sevicia con que se ha ejecutado. Se trata del que afecta a la periodista Jineth Bedoya, a quien se le han violado todos sus derechos constitucionales. ¿Qué piensa al respecto?

N.S.- Después de los vejámenes que tuvo que soportar hace más de diez años, Jineth está ahora enfrentada a más amenazas por informaciones que ha publicado en El Tiempo. Con sinceridad, tengo que decir que si la Fiscalía hubiera investigado bien y rápido su caso inicial, y los autores intelectuales y materiales hubieran sido condenados, con seguridad ella no estaría sometida hoy a nuevas agresiones. La impunidad es la mejor aliada de los agresores de la prensa.

C.O.T.- El caso de Jineth parece reflejar el desamparo en que viven muchos periodistas, sobre todo en provincia.

N.S.- Así es. El año pasado hubo 150 agresiones directas y más de 80 amenazas a reporteros regionales. Este año ya se han contabilizado 20 actos de intimidación contra comunicadores en Montería, Santa Marta, Barranquilla y Valledupar. Como se sabe, los periodistas que residen en Arauca tienen que vivir con fuertes medidas de protección. Está bien que el Estado les otorgue escoltas y vehículos blindados, pero no es nada tranquilizador que ellos deban estar rodeados de armas. Es necesario que se garantice su derecho a la vida. Pero la sola necesidad de tener que implementar esquemas de seguridad para que los medios puedan hacer su oficio es el reflejo de lo que está sucediendo. Además, tenga en cuenta que si para un ciudadano corriente es molesto andar con escoltas, para los periodistas es doblemente difícil por el carácter reservado de su profesión.

C.O.T.- También hay que mencionar la intolerancia de los altos funcionarios que no soportan las críticas. ¿Qué opina de la actitud de estos personajes?

N.S.- Que hay abuso de poder y acoso judicial por parte de miembros de las distintas ramas públicas. Las demandas judiciales tienen el objetivo de intimidar a los medios. Si esta práctica es grave para la libertad de información cuando la usan los particulares, es aún peor cuando quienes la activan son funcionarios estatales.

C.O.T.- ¿Falta cultura democrática en las altas instancias del Estado?

N.S.- En Colombia hay muchos funcionarios que saben que están sometidos a la crítica y la respetan. Pero también hay otros con los que no sucede lo mismo. Sorprende que haya personajes poderosos de la política y la justicia que pretendan acallar en los juzgados a sus críticos, como está ocurriendo con Luis Agustín González, director de un pequeño periódico cundinamarqués y quien ha estado sometido a un largo proceso penal por haber criticado a la exgobernadora Leonor Serrano.

C.O.T.- ¿Cómo hubiera podido protestar ella, entonces, contra la opinión expresada en ese medio local?

N.S.- Aunque las críticas contra Leonor Serrano eran muy fuertes, una política tan curtida en la actividad pública como ella, debería haber acudido a otras vías democráticas, por ejemplo, el debate abierto para desvirtuar lo que se afirmaba en su contra. Es absurda una condena de 20 meses de prisión por injuria y calumnia contra una persona que no tiene, ni medianamente, el poder de la exgobernadora.

C.O.T.- ¿Por qué llama a este ejercicio abuso de poder?

N.S.- Porque los altos funcionarios o exfuncionarios gozan de privilegios y éstos deben utilizarse para beneficio general, no particular. De otra parte, cuando las demandas son interpuestas por quienes tienen poder, por ejemplo, magistrados de altas cortes, queda la duda de si un fiscal o un juez cuenta con una verdadera autonomía e independencia para fallar en derecho. O si se inclina ante el demandante por temor reverencial o por miedo.

C.O.T.- Desde su perspectiva, ¿el efecto de las acciones judiciales es similar al de las agresiones directas?

N.S.- Para mí es claro: las demandas contra los periodistas y, recientemente, contra los columnistas que se atreven a denunciar situaciones con las que no están de acuerdo, buscan recortar la libertad de prensa. Quien está sometido a un proceso, necesariamente ve restringida su libertad de informar u opinar sobre ciertos temas. Además, como tiene que defenderse, debe contratar a abogados y destinar parte de su tiempo a atender los requerimientos de los procesos. Esa sola situación lo limita. Como le dije, es evidente que es una modalidad de presión contra la prensa.

C.O.T.-Es legítimo, por supuesto, que quien piense que se le están violando sus derechos acuda a la justicia. Pero, ¿desde Andiarios se ha detectado un incremento de acciones judiciales o de amenazas de interponerlas para silenciar a medios y periodistas?

N.S.- Es difícil hablar en términos estadísticos sobre este punto porque, por ejemplo, las acciones de tutela se pueden interponer en cualquier juzgado del país, pero sí tenemos conocimiento de que los periodistas enfrentan, con frecuencia, demandas tanto de tutela como de carácter penal y de responsabilidad civil. A usted le consta, personalmente, que esta situación es cada vez más frecuente. Y le quiero decir que no creo que sea tan lícito acudir, como primera medida, a la demanda. Es claro que el Estado de derecho tiene prevista la vía judicial para defender los derechos. Esto es una cosa. Otra, que los personajes que pueden defender sus tesis abiertamente, porque tienen acogida en los medios, prefieran las demandas que en muchas ocasiones tienen como objetivo no que se sepa la verdad, sino silenciar la crítica.

C.O.T.- Durante el gobierno anterior el seguimiento, el espionaje y las denominadas ‘chuzadas’ oficiales florecieron. ¿Andiarios ha vuelto a detectar este tipo de violación del derecho a la libertad de expresión?

N.S.- Ya no se acude con la intensidad de antes a las campañas de desprestigio, aunque es una práctica que todavía utilizan algunos funcionarios en las regiones. En cuanto a las escuchas ilegales, los periodistas de La Luciérnaga revelaron que fueron víctimas de un caso, y sé de otro, denunciado por dos conocidos columnistas, cuyos nombres me reservo, ante el Ejecutivo. Esta es una modalidad a la que se ha acudido en el pasado. Esperemos que no subsista en el presente.

C.O.T.- La amenaza menos fácil de detectar es aquella que tiene que ver con la manipulación de la publicidad. ¿Continúa practicándose y con qué intensidad?

N.S.- Detectar esas situaciones es muy difícil, porque no se habla de ellas. Sin embargo, en los sondeos a los medios surge la percepción de que la pauta, sobre todo la oficial, no se está adjudicando con criterios de transparencia. El 70% de los 700 periodistas entrevistados para la más reciente encuesta del Proyecto Antonio Nariño así lo sostuvo. Se oye, además, que se evitan ciertos temas para evitar que la pauta se afecte. Y este es un factor vital porque involucra la subsistencia misma de los medios. Lo cierto es que sí hay mucha queja, mucho rumor, pero poca denuncia concreta.

C.O.T.- Otro tema de difícil medición: la autocensura. ¿Cuánto sabe Andiarios sobre estos casos?

N.S.- De nuevo, las encuestas son unas buenas herramientas para medir estos problemas. Los resultados en las más recientes mediciones son muy altos en materia de la percepción que tienen los propios periodistas sobre los niveles de autocensura que ellos mismos o sus colegas creen que se practican en el país.

Viviendo con miedo

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publicó recientemente los resultados de su medición anual sobre amenazas y presiones contra los medios y los periodistas, así como contra la libertad de expresión y opinión en el año 2012. Así, se registraron 80 amenazas directas, 29 agresiones físicas o psicológicas y 6 desplazamientos forzados. Como autores de las intimidaciones se pudo identificar en 31 casos a agentes de la Fuerza Pública; a particulares, en 35 casos; en 18, a las denominadas bacrim; en 9, a la guerrilla; en 5, a servidores públicos, y en 4, a antiguos paramilitares. Por su parte, el Proyecto Antonio Nariño, una alianza de organizaciones de prensa para promover la libertad de información, encontró en la encuesta que les realizó, junto con la firma Cifras y Conceptos, a 707 periodistas de todo el país, que el 47% de los comunicadores han evitado publicar cierto tipo de noticias por temor a sufrir atentados como el que casi le cuesta la vida a Ricardo Calderón; que el 37% no incluye determinados contenidos por la presencia de bandas ilegales en su región; que el 35% lo hace por miedo a ser despedido, y que el 25% se inhibe de revelar los datos que conoce por la presión de las autoridades locales. El panorama no es, pues, nada positivo.

“Los periodistas colombianos son valientes”

Cecilia Orozco.- ¿Las agresiones a los reporteros aumentaron o disminuyeron?

Nora Sanín.- Han disminuido los asesinatos y los ataques directos. Pero han crecido las amenazas y las obstrucciones al trabajo periodístico.

C.O.- Con todas las amenazas que existen, ¿usted diría que hay democracia informativa en Colombia? 

N.S.- Diría que sí hay democracia informativa a pesar de las dificultades. Afortunadamente, todavía tenemos una gran diversidad de periódicos y cada vez más medios de televisión y radio. Esto, sumado al surgimiento de los nuevos medios en internet y las redes sociales, democratiza la información y contribuye a la difusión de diferentes puntos de vista. Se puede afirmar que en Colombia tenemos cómo informar, cómo denunciar, cómo opinar hasta de los temas y personajes más complejos. Los periodistas colombianos son valientes y se enfrentan tanto a los ataques y las agresiones, como a las demandas. Y no son fáciles de intimidar. También han demostrado, en las más difíciles circunstancias, que son solidarios, como cuando se enfrentaron unidos al narcotráfico o cuando asumieron igual actitud frente a la investigación por el asesinato de Orlando Sierra, subdirector del diario La Patria.