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El operativo del ejército colombiano el 21 de mayo contra las Farc en una zona rural del municipio de Guapi, departamento del Cauca, dejó sin vida a 27 guerrilleros, entre estos un jefe negociador en el proceso de paz en La Habana, pero también despertó el temor generalizado en varias comunidades cercanas, que decidieron abandonar sus hogares y aún no se atreven a retornar.
Ese 21 de mayo, Alcibiades Mancilla pensó que los dos primeros bombazos eran truenos. Luego aparecieron los helicópteros, los aviones, las ráfagas de bala se sentían muy cerca. Los ataques se realizaron en el mismo sector de la comunidad de San Agustín, de la que Alcibiades es el líder comunitario. Cuenta él que la gente, especialmente los niños, estaba asustada y la mayoría de personas se metieron a sus casas a esperar a que acabaran los hostigamientos, pero estos duraron hasta el 23 de mayo. Ese día, por lo menos 30 familias, incluida la de Alcibiades, decidieron desplazarse por el río Guapi hacia el casco urbano de Guapi. “Ya no se podía estar tranquilo. Dejamos todo, las gallinas, los pollos, los cultivos, todo se está pudriendo allá”.
San Agustín no fue la única comunidad desplazada. Los ataques también se sintieron con fuerza en La Junta, de donde salieron 54 familias el 24 de mayo. En la comunidad de Balsitas, fueron 34 familias las que huyeron. De San Vicente salieron por lo menos cinco. En total, según información de la Personería, 497 personas (alrededor de 121 familias) desplazadas han llegado a Guapi desde el 21 de mayo. Entre los que llegaron, algunos venían emocionalmente afectados y fueron atendidos por organizaciones no gubernamentales que operan en la zona.
La afectación a la población civil es evidente y no es la primera vez que una operación militar tiene este efecto. En la mayoría de las áreas rurales de las 10 comunidades negras del Alto Guapi no hay presencia permanente de la fuerza pública e históricamente se ha demostrado que el factor detonante de los enfrentamientos es la entrada de las autoridades oficiales a esas zonas, con alta presencia de grupos armados no estatales. Rosa María Montaño, representante legal del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras del Alto Guapi, dice que en 2011 pasó algo parecido, cuando el ejército subió hasta la comunidad de El Caimito, los soldados se metieron a las casas y desde allí disparaban y obligaban a la gente a tirarse al piso. La comunidad no aguantó y tuvo que desplazarse. El 5 de septiembre de 2013, la entrada del ejercito lanzando luces de bengala afectó a otras comunidades como San Vicente y Rosario. Hubo gente que literalmente se privó del susto".
Los recientes bombardeos contra las Farc afectaron a las 10 comunidades negras. La gente ya no quiere entrar a la montaña de donde se saca la leña, a donde va a cazar, a hacer la minería artesanal para el sustento de la familia, por temor a que los confundan con guerrilleros. “No se sabe si ahí está el ejército o si se puede pisar algún artefacto explosivo. Como los habitantes de la zona no se atreven a trabajar en los cultivos se están quedando sin alimentos, esta situación los obliga a desplazarse. Algunos se quedan en los territorios haciendo resistencia, pero es lo mismo que si estuvieran desplazados porque están adentro en las casas, confinados, no se atreven a salir sino a las orillas del río”, dice Rosa.
Este problema es crónico. En las operaciones contra el narcotráfico, la minería ilegal, o directamente contra los miembros de grupos armados no estatales, quienes han tenido que asumir el impacto social de la violencia son los civiles. El padre Tobías Herrera, quien lleva más de una década trabajado con desplazados en el Cauca como director de la Pastoral Social, explica que, tras los ataques a cultivos ilícitos hace unos años, los actores encontraron otra fuente de financiación en la minería ilegal. Luego entró la fuerza pública y atacó las instalaciones de minería, entonces los alzados en armas retomaron los cultivos de uso ilícito.
“Las comunidades, en vista de estas operaciones y de que no hay una presencia estatal permanente en la mayoría de zonas, tienen que jugar el juego que les plantean los actores armados, no les queda otra opción. En algunos casos, el grupo armado más cercano a la población impone su ley en contra de la voluntad de los campesinos, en otros casos permanecen cerca pero separados, todo depende de la dirección que traigan los comandantes guerrilleros”, dice Herrera.
Los líderes comunitarios desplazados que fueron entrevistados por este diario en Guapi, niegan cualquier contacto de la guerrilla con su comunidad. El temor por las represalias del grupo armado no estatal o por la estigmatización que puedan sufrir es más que evidente. En lo que coinciden es que para ellos es imposible garantizar que deje de haber coca, minería ilegal, movimiento de guerrillas por las montañas, son asuntos que escapan a su control. En las recientes reuniones con el Estado y la fuerza pública, les han dejado claro que mientras esos factores existan las autoridades seguirán entrando a combatirlos. Por lo tanto, las garantías para que no se repitan hechos como el del 21 de mayo son prácticamente nulas, por eso muchos se niegan a retornar.
Estar en el casco urbano de Guapi no es una solución. Este pueblo es el principal receptor de población desplazada no sólo interna, sino también de Timbiquí y de municipios de Nariño como La Tola y El Charco, pero no tiene un lugar decente para recibir desplazados. A duras penas Guapi tiene una intermitente luz eléctrica y un par de calles pavimentadas. Las familias llegan a la Casa de la Cultura, que sirve como un improvisado centro de acogida, pero tienen que salir pronto de ahí, porque la infraestructura es insuficiente y las condiciones sanitarias son lamentables, y porque en lo poco que tiene de habitable el lugar vive una familia de ocho personas que llegó hace nueve meses en otro desplazamiento masivo desde Buena Vista, debido a enfrentamientos entre el ejército y las Farc.
La madre de esa familia, Lisandra, muestra su mano, tiene esquirlas de balas bajo la piel. Dice que no puede volver porque su casa es una de las pocas a donde llega la señal del teléfono en Buena Vista, entonces suelen llegar allí miembros de grupos armados a hacer sus llamadas. “Uno no sabe en qué momento queda otra vez en medio del fuego cruzado”.
Así que los desplazados se van a casas de familiares o amigos, reciben primeros auxilios materiales y psicológicos por parte del Estado y de las organizaciones no gubernamentales, mientras esperan las garantías para un retorno digno y la no repetición de los hechos.
El problema es que en Guapi tampoco están muy seguros. Desde que la guerrilla levantó el cese al fuego unilateral, a raíz de los bombardeos del 21 de mayo, la violencia también se ha exacerbado al interior del casco urbano. La semana pasada, una granada fue lanzada a la estación de policía, que queda en pleno centro del pueblo. El responsable salió corriendo y se ocultó en una escuela ubicada a media cuadra, para utilizarla como escudo.
Y no sólo en Guapi, sino también en el municipio de López de Micay, Cauca, y en El Charco, Nariño, se han presentado eventos de desplazamiento masivo. La Oficina de Naciones Unidas para Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reporta un total de 1.627 personas desplazadas en estas zonas. En otras regiones del sur del país como Caquetá, Tumaco y Putumayo, el fin del cese unilateral ha traído una ola de violencia en la que los más afectados, como siempre en medio de la guerra, son los civiles.