Un cese al fuego que nunca llegó

La controversia por lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985 quedó sujeta a un interrogante: ¿Debió el gobierno de Belisario Betancur dialogar con el M-19 atendiendo el clamor del magistrado Alfonso Reyes Echandía?

Archivo - El Espectador

El 7 de noviembre de 1986, todos los medios de comunicación concentraron sus informes en la cobertura de los actos para rendir memoria a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia. Sin embargo, la noticia del día fue la declaración del presidente Virgilio Barco al advertir que el Estado de Sitio vigente no iba a ser tocado y que, por el contrario, debía mantenerse en todo el territorio nacional porque las circunstancias así lo ameritaban. Barco aclaró que la sociedad era testigo de la escalada de acciones subversivas que impedían prescindir del estado de excepción.  (Vea el especial 30 años sin Guillermo Cano)

De manera simultánea, el ministro de Justicia, Eduardo Suescún Monroy, quien había pertenecido a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, expresó que la mejor manera para honrar la memoria de los magistrados sacrificados en el Palacio de Justicia eran construir un verdadero estado de derecho, en el cual se pudieran desaparecer las soluciones de fuerza, al tiempo que se convirtiera en una premisa fundamental el derecho a la vida y la libertad. Las palabras del ministro hicieron parte de los actos para recordar los luctuosos hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985.  (Lea: Estas eran las noticias del 6 de noviembre de 1986)

En medio de los actos públicos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Uribe Restrepo, insistió en que el debate debía centrarse en establecer si hubiese sido posible recobrar el Palacio de Justicia sin sacrificar tantas personas y poner en peligro las instituciones. La discusión quedó planteada en los términos de que lo que nunca se atendió fue el clamor del magistrado y presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, pidiendo inútilmente un cese al fuego que nunca llegó.