Una apuesta a la paz y a la vida

En julio de 1998, trece mil campesinos provenientes del Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño llegaron a Barrancabermeja para clamar en contra de la violencia de tres poderes que afectaba a la región.

Doce años después, a nombre de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), sus esfuerzos por hacer paz en medio del conflicto eran escuchados: habían recibido el Premio Nacional de Paz.

Dos años antes de aquel éxodo masivo, en el puerto petrolero ya se escuchaba la voz de la ACVC: el hablar sencillo pero frentero, y las pisadas desnudas pero firmes de los labriegos fueron el testimonio más claro de que a pesar de las masacres selectivas, los bloqueos y las amenazas, no declinarían en hacer de la región un lugar próspero y tranquilo para las nuevas generaciones.

“Primero nosotros tuvimos la Asamblea el 22 de diciembre de 1996, después de una marchita pequeña que hicimos a Barrancabermeja que se llamó “la marcha de los parques” (septiembre a octubre). Vinimos poquitos: como unos tres mil campesinos (…) y ya en el 98 hacemos una movilización que yo creo que es la que nos da la fuerza; donde nosotros movemos trece mil campesinos a Barrancabermeja. Nos instalamos en los colegios, en las universidades y aquí nos estuvimos tres meses; en un momento interrumpimos las clases, pero también charlamos con los estudiantes y los estudiantes se hicieron de nuestro lado. Después de tres meses se logra una negociación, unos acuerdos, eso nos da un gran fortalecimiento a nosotros”, dice Luis Carlos Ariza, miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y coordinador de proyectos de la ACVC.

Desde entonces empezaron a recibir capacitaciones en Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) para reclamar ante el Gobierno las carencias y desmanes que por años ha soportado el Magdalena Medio y el Nordeste de Antioquia, pero también para conocer acerca de las características del territorio y plantear el proyecto de constituir una zona de reserva campesina en el valle del río Cimitarra.

El Valle del Río Cimitarra
La zona de reserva campesina está ubicada entre los municipios de Yondó y Remedios en Antioquia, Cantagallo y San Pablo en el Sur de Bolívar, y el corregimiento de Ciénaga del Opón, que pertenece a Barrancabermeja. (Ver mapa). Es importante señalar que la enorme riqueza natural la ha hecho proclive a la aparición de colonos, grupos rebeldes y con ellos el Ejército, los paramilitares y la delincuencia común. Se trata de una vasta extensión que al estar atravesada por varios afluentes, entre ellos el río Magdalena, posee tierras fértiles con gran variedad de flora y fauna, aptas para el cultivo y la producción de ganado, sin obviar que también son ricas en minería e hidrocarburos.

Así mismo, la historia del Valle del río Cimitarra ha estado marcada por luchas sindicales, violencia bipartidista, guerrilla y por el accionar de grupos paraestatales. De acuerdo con Carlos Alberto Pardo García, historiador de la Universidad Industrial de Santander, quien junto a Angie Lissette Rico Agudelo y Diana del Pilar Novoa Sanmiguel desarrollaron dentro de su tesis de grado un capítulo especial sobre el Magdalena Medio, dicha región se ha caracterizado por la ganadería extensiva y la concentración de latifundios a manos de terratenientes que a sangre y fuego despojaron a los campesinos de sus posesiones obligándoles a presionar ante el Gobierno y a organizarse en colectivos para exigir la devolución de sus tierras.

Es así que por la década del 70 nace el primer esqueje que daría impulso a grupos como la ACVC. “La ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) fue una parte importante en la asesoría y apoyo a movimientos espontáneos campesinos (…) y la ANUC, junto con las comunidades cristianas campesinas, van a jugar un papel importante porque los van a acompañar, les van a brindar todo ese apoyo logístico y les van a asesorar en cuanto a sus derechos. Ese fue el papel importante de la ANUC en todas esas tomas de la tierra en esa zona, donde se presentaron grandes parcelaciones”, señala la historiadora Diana Novoa.

Por ese entonces la ANUC propendía por una reforma agraria que les garantizara a los lugareños la devolución de las tierras y de igual modo, políticas de desarrollo e inversión con equidad. Y a pesar de que los esfuerzos quedaron en letra muerta, para Angie Rico el desarrollo de dichas colectividades demuestra que “si bien el Estado no es capaz de suplir esas necesidades para el sector campesino, ellos mismos tomaron la voluntad que tienen como comunidad para hacer efectivo su poder sobre la tierra”.

Durante los años 80 y 90 la violencia generalizada obligó a muchos campesinos de la zona del Valle del río Cimitarra a desplazarse hacia las cabeceras municipales en migraciones y marchas masivas. De igual manera se organizan en una nueva iniciativa conocida como Asojuntas, la cual agremiaba las corporaciones comunales que se hallaban diseminadas entre el Nordeste Antioqueño y el Magdalena Medio. Sin embargo, la inefectividad de dicha asociación forzó a los campesinos a buscar por otras vías la atención sobre lo que pasaba con la tierra, las masacres y la pobreza servil a la que el Estado los tiene sometidos. “Yo estuve del 94 al 97 en el Consejo de Yondó en representación de ese sector campesino, no de todo el sector que está ahora, (…) venía para Yondó, más no para el Sur de Bolívar. Lo primero que nosotros miramos en esa experiencia, es que eso era mentira, Entonces la solución que se trató de dar a los campesinos fue nula, porque uno no hizo sino alegar por ahí por la defensa para la gente y la inversión para la región, pero eso fue falso”, menciona Miguel Ángel González Guepa, directivo de la ACVC y del equipo de trabajo de la zona del Sur de Bolívar.

También desde Barrancabermeja se conformó la Coordinadora Campesina Popular, la cual tenía su radio de acción en el bajo Cimacota, bajo Opón, el puerto petrolero y Cimitarra, Santander. La Coordinadora, que estaba liderada por Nicanor Forero, locutor de La Voz del Petróleo y Alirio Traslaviña, un conocido labriego del sector, llevaba a cabo acciones de trabajo social, agrario y con las comunidades, pero las amenazas y el asesinato de Nicanor Forero, por parte de grupos armados, consumaron el proyecto.

Fue entonces cuando cansados de luchas inútiles, los líderes de lo que es hoy la ACVC empezaron a realizar asambleas, manifestaciones pacíficas, diálogos y acuerdos con el gobierno de Andrés Pastrana, como también capacitaciones con el Incora, (hoy Incoder) para preparar la zona de reserva campesina.

Una historia de violencia, miseria y olvido
Las características históricas de la zona siempre han determinado que las regiones del Nordeste Antioqueño y del Magdalena Medio son caldo de cultivo para la existencia de grupos armados al margen y a favor de la ley. De acuerdo con el Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH, en los años 80 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, tuvieron gran influencia allí, con la creación del Frente 24, en el Sur de Bolívar, el cuarto en el Nordeste Antioqueño y el 46 en límites del departamento de Santander y Bolívar, sin contar que gran parte de su fuerza delictiva se despliega en el Valle del río Cimitarra; en San Pablo, Cantagallo y Yondó, donde además de los secuestros y la extorsión han sustentado su actividad en el narcotráfico.

De igual manera, más de veinte años atrás, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, implementó acciones insurrectas a través de los frentes José Solano Sepúlveda, en el Sur de Bolívar, el Capitán Parmenio en Santander, el José Antonio Galán en Antioquia y el Diego Cristóbal Uribe en Barranca. Y aunque entre el 2000 y el 2001 los operativos militares del Ejército diezmaron sus actividades, el ELN aún tiene cierta presencia en la zona.

Por su parte, los grupos de Autodefensas han sido paralelos a los subversivos. Con el apoyo de hacendados y narcotraficantes realizaron cruentas masacres y desplazamientos para hacerse con la tierra y los recursos. “Muchos de estos grupos paramilitares son motivados por los mismos hacendados y por los mismos industriales ante los brotes continuos de conflicto de las comunidades para tener un margen de acción y poder por medio de asesinatos selectivos, masacres, controlar ese tipo de brotes y mover un poco a la guerrilla, que les está causando problemas”, dice Diana Novoa.

La idea de que esta área se encuentra olvidada por parte del Gobierno Nacional no es una quimera del imaginario colectivo, “porque el problema de la comunicación, la incapacidad que hay en los caminos veredales, en la existencia de carreteras, hace que la zona se convierta cada vez en un lugar más cómodo para los grupos armados”, explica Angie Rico y añade que, además, la extensión cuenta “con la arteria fluvial más grande de Colombia que es el río Magdalena (…) elementos que están enmarcados dentro de las condiciones políticas de la zona que es un territorio donde El Estado no ejerce una presencia efectiva y por ese mismo hecho, son los grupos campesinos los que tienen que ejercer y velar por la defensa de sus propios derechos. Entonces el que estos grupos campesinos tengan que entrar en luchas para hacer valer sus derechos hace que la zona sea inevitablemente un territorio conflictivo”.

Para Wilson Vega, líder de la ACVC en la seccional del Nordeste Antioqueño, las acciones de las Autodefensas en el valle del río Cimitarra van mucho más allá de lo que el Gobierno anterior y los medios masivos de comunicación han mostrado a los colombianos y al mundo. La escuela de asesinos a sueldo entrenados por Yair Klein para aprender a matar, tuvo su lugar de práctica en las riberas del Magdalena. “Todo eso que esos mercenarios enseñaron, lo aplicaron aquí: cómo coger una persona, asesinarla, sacarle las vísceras y botarla al río. O poner en práctica el cultivo de cocodrilos: le tiran la víctima a los cocodrilos y nunca más aparece; el cocodrilo lo despedaza, se le come los huesos y cuando desaparece o matan a esos cocodrilos, van a buscar evidencia y no hay, porque hasta el pelo del ser humano, que es lo más duro de desaparecer, un cocodrilo lo desaparece. Eso fue puesto en práctica aquí en el Magdalena medio y todavía se ve”.

Con nostalgia y palabras amargas también describe los problemas psicológicos que ha dejado en la memoria de amigos, familiares y coterráneos la guerra en donde sin querer participar, se han visto involucrados. Paramilitares y Ejército por igual han hecho del asesinato y la violación a los derechos humanos, la única ley, “Sólo en el sector Nordeste antioqueño tenemos 19 muertos como guerrilleros dados de baja en combate siendo campesinos y en el área nuestra de zona de reserva campesina, son 32. Treinta y dos compañeros que eran campesinos de la zona y fueron campesinos que el Ejército los sacó de las casas y a cien metros o doscientos metros los asesinaban; simulaban un combate y era mucho el plomo que botaban al aire y aparecía muerto un compañero que lo habían matado mucho antes; que lo habían sacado de su casa, delante de sus esposa y de sus hijos”.

Además de los asesinatos, también han sido víctimas de bloqueos sanitarios y económicos. Los diferentes grupos armados que operan en el Valle del río Cimitarra obligaban a los agricultores a entregar en retenes la lista de productos que necesitaban para su sustento; cada una de las bases, bien fuera paramilitar o del Ejército Nacional, autorizaba lo que el campesino podía o no pasar hacia la región. Quien incumpliera la norma era asesinado. “Según ellos sólo la guerrilla comía arroz, o pastas o solamente necesitaba medicinas. Entonces los campesinos quedamos muy mal, el que llevaba estas cosas lo asesinaban y lo tiraban al río”, cuenta Miguel Ángel González, quien además de sufrir la pérdida de un hijo en los llamados “falsos positivos”, estuvo retenido en el 2008 como preso político.
Pero quienes se han salvado de las masacres han tenido que sobrevivir en medio del hambre, y la nulidad en servicios básicos tales como salud, educación. Pues como menciona Luis Carlos Ariza, “en medio de tanta lucha no hay alumbrado, allá cada uno se alumbra con una velita, o alguien que tenga una planta de luz en un negocito. Las casitas tienen una plantica de luz con un equipito por ahí para hacer ruido los domingos. Entonces no hay una flotilla de transporte, eso es como Dios nos ayude: nos vamos si podemos”.

Se encuentran aislados, a expensas de lo que las canoas que navegan por el Magdalena, el río Cimitarra y el Ité traigan de Barrancabermeja. “A veces en una zona hay señal, entonces en una mula o a pie, va uno a la loma, se sube y llama que manden un medicamento para un hijo que está enfermo, o que venga una chalupa a tal parte... es decir la situación es cruel”, dice Ariza.

Nace la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
La marcha de los parques en 1996, llamada así porque los campesinos se alojaron durante un mes en los parques de Barrancabermeja y la gran movilización en 1998, determinaron la creación de la ACVC con personería jurídica y reconocimiento por parte del Gobierno, en ese entonces el de Ernesto Samper Pizano.

No obstante la lucha por la defensa de la vida y los derechos integrales del ser humano, venía de años atrás; de los años de sus ancestros, los más viejos de la ACVC y quienes en la actualidad integran el Consejo moral y Ético de la organización. Fueron ellos los que contagiaron a los más jóvenes el deseo de luchar por la tierra y por el campesino. Hombres como Lorenzo Camacho, quien a pesar de los ocasos que han visto sus ojos, habla con palabras de niño. “A nosotros, los viejos, nos enseñaban también que había que hacer algo para liberarnos algún día del yugo nacional e internacional que era lo que se trataba en esa época, con mucho temor porque éramos campesinos tímidos, pero nos veíamos obligados a hacer algo por las comunidades, por el campesino, por toda la población colombiana y en todo el sector de nuestro territorio”.

A su sueño también se sumó Óscar Duque, directivo de la parte media del Valle del río Cimitarra, quien cuenta que “nosotros ya estábamos cansados de ser desplazados de otras regiones del país. La necesidad fue la que nos obligó a buscar herramientas, para así mismo buscar que el Valle del río Cimitarra fuera una región de convivencia, una región de paz, de armonía en donde concretamente se pudiera implementar un plan de desarrollo importante para el beneficio social de las comunidades”.

Wilson Vega explica que la ACVC es una organización de segundo nivel constituida por una asamblea general de la cual hacen parte 120 juntas de acción comunal como también comités pesqueros, mineros y algunas agrupaciones agrarias legalmente constituidas. En total se cuentan más o menos 25 mil personas en un área que surca tres departamentos y que está dividida en tres seccionales: La parte del Nordeste, la parte media entre Yondó y Cantagallo y la seccional del Sur de Bolívar con Cantagallo y San Pablo. Además de la asamblea se encuentra una junta directiva que lidera desde Barrancabermeja y equipos de campo en las regionales. A su vez está la dirección nacional que trabaja desde Bogotá, hay dos asesores en Venezuela y uno más de forma permanente en Europa.
Cuando nacieron como organización su objetivo era uno solo: luchar por la defensa de la vida, donde la dignidad no les fuera ajena o tinta que se desangra en el papel, pero que carece de sentido en la práctica. “Entonces nos preocupaba eso: el futuro de nuestros hijos, nuestros niños, las futuras generaciones y la misma situación que nosotros estábamos viviendo; el atropello, la persecución, el desplazamiento y todo lo que tiene que ver de carácter violento”, explica Carlos Martínez, miembro del equipo de apoyo de la parte media del Valle del río Cimitarra.

Poco a poco el proyecto empezó a trascender las fronteras; el rumor del río, el canto embrujado de las garzas morenas y el bullicio incierto de las ranas quizá llevaron la historia más allá de la lontananza. Organizaciones no gubernamentales a nivel nacional e internacional, agencias de cooperación internacional, colectivos de abogados, investigadores, y licenciados en diferentes disciplinas, entre otros, alimentan hoy la idea de que se puede hacer paz en medio del conflicto.

Los intelectuales les brindaron las primeras herramientas para defenderse frente a los alzados en armas. “Ya hoy cualquier campesino, cualquier muchacho, muchacha o señor o viejito está hablando de los derechos que le pertenecen a las personas”, expresa satisfecho Ariza, y a sus frases se añaden las de Miguel Ángel González, quien con orgullo dice que la formación logró que “la gente borrara lo de ver al militar como el monstruo que llega y no se le puede decir nada y que nos patea y que nos pega (…) porque están enseñados a creer que el campesino es, pues, el que no sabe nada”.

Pero sus planes irían mucho más allá de lo que los sueños les habían anunciado. Con la conformación de la ACVC y el apoyo de profesionales, los miembros de la asociación se dieron cuenta de que la región contaba con muchas posibilidades para el desarrollo de la tierra amparados en la ley 160 de 1994 que otorga la figura de zona de reserva campesina (Ver recuadro).

Es así que luego de una audiencia en el corregimiento La Posa, el 10 de diciembre de 2002, el Gobierno de turno reconoce el Valle del Río Cimitarra como zona de reserva campesina. No obstante, en el Senado de la República algunos se opusieron con el argumento de que la región del Valle del río Cimitarra no cumplía las condiciones porque allí subsistían grupos guerrilleros y se sembraban cultivos ilícitos. “A los tres meses nos lo suspendieron, pero nosotros seguimos dando la lucha y seguimos trabajando en ella arduamente, trabajando los proyectos productivos con iniciativas nuevas, con gente de la región, todos a una sola voz reclamando: que se levante la zona de reserva campesina, que nosotros podemos dar testimonio con lo que hacemos que le apostamos a la paz y le apostamos a la vida” dice Carlos Martínez.

A la suspensión se sumarían otros problemas para los líderes de la ACVC. Varios de ellos serían judicializados y privados de la libertad, pero aun en el exilio, sus voces no cesarían de escucharse y con el apoyo nacional e internacional lograron demostrar la inocencia de sus compañeros y que se les levantara la orden de captura en su contra.

Pero a pesar del terror y las amenazas contra la vida y la integridad de los líderes, la ACVC no dejó de luchar por la Zona de Reserva Campesina, pues ésta es la esperanza de lograr que el Estado por fin voltee la mirada hacia las comunidades que la integran. De acuerdo con Wilson Vega, “dentro de la figura de reserva campesina hay unas posibilidades tan grandes, porque esa Zona de reserva campesina se vuelve para los campesinos casi como un municipio, como cualquier ente territorial en el cual el Estado por obligación tiene que invertir. No es por si le queda o por si de pronto sobra sino porque es una obligación que está pactada, está consagrada”.

A su vez el líder sostiene que la Zona les permitiría como campesinos ser reconocidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo porque “incluso aparecen dentro de los planes de desarrollo nacional, las comunidades indígenas y los afro descendientes, pero nosotros no aparecemos”.

Una apuesta de paz en las trincheras de la guerra
A pesar de la suspensión de la zona de reserva campesina, la ACVC no dejó de buscar opciones para lograr la dignidad que los impulsó a nacer como organización al margen del conflicto. Con los años, las ayudas internacionales les han permitido desarrollar proyectos productivos que buscan reducir la brecha de pobreza en la región. A través de propuestas como la de desarrollo y paz del Magdalena Medio se gestionaron recursos y planes dirigidos a lograr la autostenibilidad de los labriegos. “En el caso el del proyecto de búfalos (entregado por el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD), que fueron 143 animales que inicialmente se adquirieron y hoy estamos pasando por más de 600, como 620 animales. Se le entrega a cada núcleo familiar 10 hembras y un macho. A los seis, siete años, él devuelve al proyecto esa misma cantidad de animales y de trabajo, la misma edad y ojalá el mismo peso en que los recibió”, explica Wilson Vega. Además de los búfalos, las agencias de cooperación han entregado ganado vacuno para que cumpla la misma función de aumentar el pie de cría y con éste, las posibilidades de desarrollo de las familias.

Aunado a estos proyectos se ha sumado la construcción de un trapiche y una trilladora, todos amparados en el plan piloto de aldea comunitaria de Puerto Matilde, una comunidad compuesta por algo más de 44 viviendas a orillas del río Cimitarra y a seis horas en jhonson del puerto de Barrancabermeja. Esta iniciativa se le presentó a los gobernantes de turno como estrategia para reducir la coca en la región con la sustitución de cultivos y la cría de animales para el consumo humano. Sin embargo, la propuesta no fue tomada en cuenta. “Frente a esa idea de erradicación, nosotros sustituimos: el Gobierno erradica con glifosato, nosotros sustituimos con búfalos. El Gobierno arranca, nosotros sustituimos a cambio de nada, porque a usted le fumigan a cambio de contaminar el ambiente, las aguas y lo que eso repercute para el mundo y la sociedad. El Gobierno arranca y nosotros conseguimos vacas a los campesinos, porque ellos se ven obligados a sembrar la mata porque no hay vías, no hay un incentivo por parte de una UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria), es decir nada por parte del Gobierno”, manifiesta Luis Carlos Ariza.

Al tiempo que se generaban estrategias y planes para la zona, los campesinos empezaron a abrir puertas fuera del territorio nacional. En doce años han viajado a Europa, Estados Unidos y Centro América, con el ánimo de denunciar los atropellos, las muertes y las violaciones de todo orden que azotan a quienes viven en las estribaciones de las ciudades y los pueblos. “Eso nos da una cobertura bastante amplia porque ya empezamos a hablar de la comunidad internacional, del acompañamiento internacional. Nosotros no íbamos solamente a decir que somos pobrecitos, sino que necesitábamos acompañamiento internacional”, señala Ariza.

Y si bien fuera de los límites que bordean a Colombia eran reconocidos, dentro de la amplía geografía de llanura, pampas, serranías y cordilleras, eran muy pocos los que habían escuchado hablar de la ACVC. Sólo hasta el 24 de noviembre de 2010, en la radio, la televisión y la prensa, de entre 114 postulaciones, el nombre de la Asociación fue escuchado. “El día menos pensado nos dijeron que nos habíamos ganado el Premio Nacional de paz, (…) y así como hay gente que se preocupa por alimentar la guerra y por hacer que esos conflictos tengan su vigencia, hay otros que dicen cómo evitarlo, para que no sea tan duro, cómo evitarlo para que los pobres y a los campesinos y a las clases populares tengan una vida más llevadera, entonces todo eso se engrana y se lleva hasta el punto que se le buscan los canales y se ha logrado ir allá”, dice Carlos Martínez, con la convicción de quien no ha dejado que el vómito de las armas haya minado su fuerza y su férrea intención de lograr la armonía de su gente.

Con el premio vendría otra satisfacción. A escasos meses de iniciarse el Gobierno de Juan Manuel Santos y días después de haber recibido el Premio, la suspensión a la zona de reserva campesina fue levantada y por ello, han tenido que desempolvar el libro que en el 2003 recogió todas las propuestas y volver a articularlas dentro de los proyectos actuales y los que están por venir. “Necesitamos inyectarle vientres, hembras novillas vacas, para que la reproducción sea mayor (…) la gente está trabajando en hacer nuevos planes. De huertas, se tiene un plan bastante amplio en cobertura de proyectos”, dice Luis Carlos Ariza.

Y aunque ellos mismos saben que a pesar de los triunfos y reconocimientos no están blindados contra la impunidad y las balas, la visión de Carlos Martínez recoge el pensamiento progresista de la ACVC y sus líderes. “¿Qué nos queda de ahora en adelante? Trabajar con mucho ahínco, con mucho amor, con un mayor sentido de pertenencia, hacer compromiso de campesinos para mostrar que en el tiempo, con nuestro propio trabajo, con nuestros conocimientos, hemos aprovechado el potencial humano y natural que tenemos para continuar adelante. Ese es nuestro fervor, nuestro deseo de aportarle a la paz y que un día ese conflicto de tantas décadas, se termine y que aquí se empiece a construir algo positivo para que la paz llegue a muchas regiones de Colombia y demostrar que sí somos merecedores de una vida mejor, que la podemos construir entre todos”.

Ley 160 de 1994
El capítulo 13, artículo 80 de la ley 160 de 1994 se explica que las zonas de reserva campesina son áreas señaladas por el Incoder de acuerdo a características específicas en torno a lo agrícola, ecológico y las condiciones socioeconómicas de la región. “En los reglamentos respectivos se indicarán las extensiones mínimas y máximas que podrán adjudicarse, determinadas en unidades agrícolas familiares, el número de éstas que podrá darse o tenerse en propiedad, los requisitos, condiciones y obligaciones que deberán acreditar y cumplir los ocupantes de los terrenos”.

Cabe señalar que la participación del Estado en estos territorios será en el orden de garantizar los derechos sociales, culturales y económicos de sus habitantes, como también para definir “las reglas y criterios sobre ordenamiento ambiental territorial”. Así mismo, tendrá participación en las instancias de planificación y decisión regionales y las características de las modalidades de producción”.

Así mismo, en el capítulo sexto, artículo 31 de la ley, se señala que: “el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, podrá adquirir mediante negociación directa o decretar la expropiación de predios, mejoras rurales y servidumbres de propiedad privada o que hagan parte del patrimonio de entidades de derecho público, con el objeto de dar cumplimiento a los fines de interés social y utilidad pública definidos en esta ley, únicamente en los siguientes casos:
a) Para las comunidades indígenas, afrocolombianas y demás minorías étnicas que no las posean, o cuando la superficie donde estuviesen establecidas fuere insuficiente;
b) dotar de tierras a los campesinos habitantes de regiones afectadas por calamidades públicas naturales sobrevivientes;
c) Para beneficiar a los campesinos, personas o entidades respecto de las cuales el Gobierno Nacional establezca programas especiales de dotación de tierras o zonas de manejo especial o que sean de interés ecológico”.

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