Una década de dolor en la Comunidad de Paz

El 21 de febrero de 2005 fueron asesinadas en San José de Apartadó ocho personas, entre ellas tres niños. La justicia ha condenado a militares y paramilitares por estos hechos.

La masacre de San José de Apartadó ocurrió días después de que 19 militares fueran emboscados y asesinados por las Farc en el Urabá antioqueño. / Luis Benavides

Para recordar a las víctimas de la tragedia que enlutó a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, sus habitantes recogen hoy los mismos pasos que hace 10 años recorrieron unos 60 paramilitares comandados por Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. El resultado de esa incursión violenta de las autodefensas el 21 de febrero de 2005 fue la muerte de ocho personas en este rincón del Urabá antioqueño: Luis Eduardo Guerra, Beyanira Areiza y su hijo menor, Deyner Andrés, quienes fueron asesinados en la vereda Mulatos. Alfonso Tuberquia, su esposa Sandra Muñoz, sus hijos Natalia y Santiago, y Alejandro Pérez que cayeron en La Resbalosa.

Lo que la justicia concluiría años más tarde es que detrás de los fusiles y los machetes utilizados por los autodenominados “Héroes” de Tolová estuvo el apoyo de militares pertenecientes a la Brigada 17 del Ejército, que en ese entonces comandaba el general Gabriel Zapata. Tres días antes de la masacre, uniformados partieron hacia unos puntos específicos de zonas rurales de Turbo y Apartadó para llevar a cabo la operación Fénix, la cual se desplegó con el propósito de controlar una región en la que, una semana atrás, 18 soldados y un oficial habían muerto en una emboscada de las Farc. Sin embargo, según confesó el comandante a cargo de Fénix, el capitán (r) Guillermo Gordillo, ésta pasó a ser una operación conjunta con las Auc.

Gordillo le relató a la Fiscalía que, luego de dejar la sede de la brigada en Carepa, se reunieron con tres paramilitares conocidos como Jonás, Ratón y Melaza, quienes supuestamente los iban a guiar hasta Turbo y Apartadó. Agregó que, incluso, militares y paramilitares llegaron a dormir juntos en el mismo campamento. Los militares caminaban 20 minutos detrás de las Auc. Todos estos hombres, sin embargo, no resultaron en el lugar que indicaba la orden de operaciones sino en las veredas Mulatos y La Resbalosa, donde se cometió la masacre. Exparamilitares como Javier Galindo y Henry Palomino le han dicho a la justicia que fue Gordillo quien pidió la ejecución de los hermanos Tuberquia porque “más tarde van a causar problemas”.

La Fiscalía les ha abierto investigación a 19 oficiales y suboficiales, incluidos dos generales en retiro: Gabriel Zapata, quien estaba en Bogotá cuando se cometieron los homicidios, y Héctor Fandiño. En indagatoria, ambos negaron haber tenido que ver con los crímenes. Desde hace un buen tiempo las víctimas vienen pidiendo que se investigue también al general (r) Mario Montoya, que para esa fecha era el comandante de la Primera División. Otro coronel en retiro investigado, José Orlando Acosta, declaró en juicio que Montoya había participado directamente en la planeación de Fénix, lo cual ratificó el año pasado el general (r) Carlos Alberto Ospina en una declaración. La justicia, sin embargo, no ha encontrado más elementos sobre su supuesta responsabilidad.

El capitán (r) Gordillo es el único militar que ha admitido la participación de la Brigada 17 en la masacre y en febrero de 2010 fue condenado a 20 años de prisión. Igualmente, el Tribunal Superior de Antioquia condenó en junio de 2012 a cuatro militares más, entre ellos el teniente (r) Alejandro Jaramillo y el subteniente (r) Jorge Humberto Milanés, quienes habían sido absueltos el 4 de agosto de 2010. El Tribunal asimismo ratificó la absolución de seis militares, entre ellos los coroneles (r) José Fernando Castaño y Orlando Espinosa Beltrán, quienes ostentaban posiciones de mando sobre el grupo castrense que, ha asegurado Gordillo, patrulló con los paramilitares. Dicha sentencia está en estudio en la Corte Suprema de Justicia.

Diez años después de la masacre no se sabe a ciencia cierta qué militares avalaron este crimen que, con base en las confesiones de exintegrantes de las Auc recibidas por la Fiscalía, se puede concluir que fue espantoso. Uno de lo más escalofriantes relatos fue el de Henry de Jesús Palomino, alias Chamaco, quien detalló que cuando los ‘paras’ llegaron a la vereda Mulatos, donde fueron masacrados Luis Guerra, su esposa y su hijo, el niño suplicó que no mataran a sus papás y salió corriendo hacia el río intentando evitar su muerte. “Lo alcanzaron en la playa del río Mulatos. Allí el niño se colocaba las manos en el cuello para que no lo degollaran, pero varios reclutas le quitaron las manos del cuello y lo degollaron”.

En 2008, Don Berna aceptó que hombres bajo su mando habían participado, con complicidad de algunos militares, en la masacre. No obstante, recién ocurrido el crimen, la reacción del entonces presidente Álvaro Uribe fue señalar de inmediato la supuesta relación de la Comunidad de Paz con la guerrilla. Siete años más tarde, en julio de 2012, la Corte Constitucional le dio al Gobierno Nacional un plazo de un mes para retractarse “frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad” y establecer un mecanismo para “evitar futuros señalamientos”.

El plazo del mes se incumplió. Sin embargo, en diciembre de 2013 el presidente Juan Manuel Santos expresó en un evento público: “Reconozco en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó una valiente reivindicación de los derechos de los colombianos que, no obstante haber padecido el conflicto en carne propia, ha persistido en su propósito de alcanzar la paz para el país”.

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