Una propuesta para fortalecer el Mininterior

El analista Francisco Leal propone integrar la Policía y el manejo de las regalías, entre otros, a la cartera de la política.

Esta imagen de un policía repeliendo un ataque guerrillero en Toribío, Cauca, en junio de 2012, ilustra hasta qué punto el conflicto armado se convirtió en un desafío adicional para esa institución en el país. / EFE

El Ministerio del Interior es una institución débil en términos políticos, lo que contradice la esencia de su razón de ser: es el ministerio de la política. Este problema contribuye a debilitar aún más la frágil, ambigua y contradictoria relación entre el nivel nacional del Estado en el Ejecutivo y los niveles regionales y locales. En varias regiones, estos dos niveles han sido “capturados” por grupos delincuenciales con vínculos políticos, limitando su posibilidad de mostrar siquiera el mero funcionamiento formal de una democracia liberal. En este contexto, el autoritarismo sobresale en los niveles regional y local del Ejecutivo en buena parte del territorio nacional.

La mejor manera de comenzar a corregir esta anomalía regional es reformando el Ministerio del Interior para fortalecerlo, con el fin de que puedan articularse de manera eficaz esos tres niveles, e incluso que su articulación se proyecte en asambleas departamentales y concejos municipales, como entes coadyuvantes de la administración. Pero para que tenga “dientes”, esta reforma debe incluir la de la Policía Nacional, lo que permitiría que esta institución comience también a corregir sus problemas.

De acuerdo con la Constitución, la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, que depende del ministro de Defensa —no del Ministerio, según reforma de 1960—. Sin embargo, por razones históricas, que comienzan con el Bogotazo y se reafirman con la persistencia del conflicto armado interno, la Policía se militarizó, sin que las débiles reformas adelantadas hayan logrado corregir este problema. Tal situación impide que la Policía tenga una identidad acorde con lo que de manera adecuada señala la carta política. Además, la Policía es en gran medida una “rueda suelta” institucional del Estado que tiene gran poder. Buena parte de esa fortaleza radica en su central de inteligencia y la capacidad de información que de ella se deriva. Este hecho plantea un problema que requiere de una solución que sea duradera y genere efectos políticos eficaces de integración nacional.

Habría que comenzar trasladando a la Policía al Ministerio del Interior. Sin entrar en detalles —objeto de estudio si el Gobierno se le mide a la reforma—, habría que separar la central de inteligencia para ubicarla bajo un viceministerio en esa cartera y la Dirección de la Policía en otro. Cada una de estas dos dependencias tendría funciones complementarias, pero separadas. Otro viceministerio cumpliría el papel de coordinación con las gobernaciones y alcaldías. De esta manera, el Ministerio del Interior tendría acceso directo —sin limitaciones e interferencias— a la información requerida para facilitar su función política básica dentro del Ejecutivo central, además de contar con el control directo de la Policía. Habría que mirar también la estructura de este ministerio para cambiar o adicionar elementos institucionales que contribuyan al objetivo de integración nacional. El mejor ejemplo al respecto, por su profundidad y eficacia, sería el traslado del manejo de regalías del Departamento Nacional de Planeación (DNP) a este ministerio, bajo el control de otro viceministerio que garantizara un manejo estricto de las necesidades regionales y locales. Con ello, se le daría aún mayor fortaleza y eficacia a esta cartera. Con este cambio, habría que reestructurar el DNP para que recupere su función básica de planificar el desarrollo.

Según la Constitución, como los alcaldes de los municipios son los jefes de policía en sus localidades, con el traslado de la Policía al Ministerio del Interior habría la posibilidad de articular en forma directa al Ejecutivo central con los niveles regionales (departamentos y gobernaciones) y con los locales (municipios, alcaldías e inspecciones de policía). Así, la Policía tendría menos autonomía relativa con respecto a las autoridades de estos dos niveles, pero sobre todo del nivel nacional, lo que facilitaría el cumplimiento de su función esencial de garantizar la seguridad ciudadana. A su vez, la relación horizontal entre gobernaciones y asambleas departamentales, y entre alcaldías y concejos municipales, sería más fluida a través de las funciones de la Policía y su control directo por parte del Ejecutivo.

Esta reforma sería también el paso más importante para iniciar un proceso de desmilitarización de este cuerpo armado de naturaleza civil, lo que permitiría redefinir sus funciones sin interferencias. Al tener en cuenta que el país continúa en situación de conflicto armado, es fundamental la articulación y coordinación política —con mayor eficacia— de los tres niveles del poder ejecutivo. Y al pensar en el posconflicto y la fortaleza que mantendrían los grupos de delincuencia organizada en general, existiría la posibilidad de crear una fuerza de policía transitoria, bajo la dirección de la Policía, como sería una Guardia Nacional Rural, que facilitaría que el control del orden público no tenga los traumatismos sufridos por otros países en situación de posconflicto.