Una recompensa falsa y cuatro felicitaciones

En marzo de 2007, en Yopal (Casanare), desaparecieron dos artesanos. Luego el Ejército dijo que habían sido dados de baja en combate. Siete años después se prueba que fueron asesinados.

Kemel Arteaga, 22 de septiembre de 1976-28 de marzo de 2007. / Cortesía familiar

Una llamada telefónica advirtió a la familia Arteaga Cuartas en Manizales que su hijo mayor Kemel estaba desaparecido en Yopal (Casanare). Desde la madrugada del miércoles 28 de marzo de 2007, según manifestó su compañera Diana o Luna, quien cansada de marcarle a su celular, esa mañana salió a buscarlo y escuchó de dos amigos artesanos que Kemel y su amigo Andrés Garzón se habían quedado vendiendo sus productos, de mesa en mesa, en el bar de Los Monguitos.

Nacido el 22 de septiembre de 1976, cuando terminó su bachillerato casi a los 20 años, a los trancazos y validando, Kemel Mauricio Arteaga expuso a sus padres que iba a vivir como artesano. Dos años después se fue a recorrer Colombia vendiendo manillas, collares, aretes, pulseras, toda suerte de fantasías de su espíritu mochilero y hippie. Llevado de sus ideas, pero nunca sin dejar de reportarse mensualmente con su madre. Con disciplina para capacitarse, en sus últimos días en el manejo de la guadua.

Se tomaba sus tragos, se fumaba sus porros, pero no se metía con nadie. De feria en feria circulaba con sus trastos vendiendo sus productos. En ese tiempo acompañado por Diana Rojas, madre de su hijo David Alejandro, entonces de tres años, y por un círculo itinerante de amigos artesanos que hacían lo mismo que Kemel: vivir al límite su bohemia punkera, con estampados de Bob Marley en las camisetas, canguros a la cintura con las herramientas y alambres artísticos entrelazados en sus dedos.

Esa noche varios de esos amigos fueron al único bar de rock que había en Yopal, situado en la zona rosa. Según su dueño, Manuel Gonzalo Pardo, “estaban muy loquitos” y entre las 10 y 30 y la medianoche les dijo que se fueran. Tiempo después escuchó decir que a Kemel y a Andrés los habían subido a un carro y no los volvieron a ver. Otro testigo oyó que fue a una camioneta blanca. Después de tres años y ocho meses de incesante búsqueda, el 17 de noviembre de 2010 se confirmó su muerte violenta.

Ante un requerimiento de la justicia, la periodista Margarita Arteaga, hermana de Kemel, quien había concentrado su búsqueda en Yopal con los sepultureros, lo reconoció en unas escabrosas fotografías que le mostró un juez penal militar que oficiaba en la sede del Batallón de Infantería Número 44 Ramón Nonato Pérez del Ejército en Tauramena. Reportado como NN dado de baja en combate en la finca El Carajo, del municipio de Maní. Quince militares declararon que murió porque tuvieron que responder a su agresión armada.

En la misma fotografía de los cadáveres de Kemel y Andrés aparecieron una pistola, un revólver y dos granadas. Al unísono, la versión de los militares para explicar lo sucedido fue que, alertados por una fuente humana, se montó un operativo para neutralizar a unos extorsionistas, que cuando empezaron el registro en la finca El Carajo, el puntero hizo alto porque escuchó ruidos extraños, lanzaron una proclama del Ejército y les respondieron con fuego. Entonces vino un combate de diez minutos.

En calidad de comandante del pelotón, el sargento segundo Wilson Burgos reportó al comandante del Batallón No. 44, que después de la acción, durante el registro del área, encontraron dos sujetos muertos. Los artesanos Kemel y Andrés, quienes fueron enterrados horas más tarde como NN en fosa común del cementerio de Maní. Cuando Margarita vio las fotos de su hermano y conoció el reporte concluyó en silencio que se trataba de una ejecución extrajudicial. Desde ese mismo día se impuso su segunda cruzada: aclarar la verdad.

Un objetivo con dos retos a la vista: recuperar los restos de Kemel y Andrés, y lograr que la Fiscalía tomara el caso. Margarita sabía que sola era imposible y buscó apoyo. Lo encontró en la Corporación por la Dignidad Humana, que de entrada logró la autorización del juez penal militar para rastrear los cadáveres en el cementerio de Maní. En marzo de 2011, mientras ella indagaba datos en el pueblo y las madres de las víctimas escarbaban tierra en busca de sus hijos, ocho soldados cavaron todo el día y nunca los encontraron.

De manera simultánea, aunque sin mayores logros, empezaron a enviar cartas a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía para que se interesaran por el caso. Durante año y medio las respuestas fueron formalismos. Sin embargo, en junio de 2012, con acompañamiento de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el ente investigador consultó al juez penal militar de Casanare y éste, que ya llevaba sus averiguaciones, voluntariamente cedió el expediente.

Lo remitieron a una fiscalía especializada de Villavicencio, donde permaneció inactivo nueve meses. En marzo de 2013, una segunda fiscal agarró el toro por los cuernos y empezaron a aflorar verdades. Aunque ordenó una segunda búsqueda de los cadáveres en el cementerio de Maní con resultados negativos, concretó una prueba clave para enderezar el caso. Revisando los documentos de la operación militar constató que existió pago económico para un informante y felicitaciones para cinco suboficiales.

Después de una incesante búsqueda localizaron al “informante” en Armenia (Quindío). Era un pintor de brocha gorda contratado por el Ejército que para la época de los hechos había adelantado trabajos en casas fiscales en Yopal y en el batallón de Tauramena. Interrogado por la Fiscalía, negó haber vendido información alguna y aseguró que su identidad había sido falsificada. Después de un riguroso examen de grafología, la Fiscalía constató que no era su firma ni tampoco su huella. Cobraba forma la hipótesis judicial del falso positivo.

Entonces la fiscal 95 de Villavicencio ordenó localizar los cadáveres. Fueron tres días de mayo de 2014 en los que la fiscal, una médica forense, dos agentes del CTI, una delegada de la ONU, el abogado de la Corporación por la Dignidad Humana, el sepulturero de Maní y las familias de las víctimas movieron tierra por todas partes sin resultados. Cuando la diligencia de exhumación estaba por cancelarse, la esposa del sepulturero, sentada en una lápida, haciendo memoria señaló un sector. Era la última excavación y fue la definitiva.

El reloj marcaba las cuatro de la tarde del jueves 22 de mayo de 2014 cuando aparecieron los cuerpos. Primero el de Andrés, después el de Kemel. Con ellos las ropas ajenas con que fueron vestidos. Para el dolor no hay palabras. Un informe pericial constató semanas después que fueron acribillados y que seguramente los artesanos recibieron los disparos tendidos en el piso. Los cotejos forenses de ADN dieron el 99,9% de precisión. Margarita Arteaga había recobrado los restos de su hermano y empezaba su pelea por la verdad.

Después de siete años y nueve meses, sin que se cumplan rigurosamente los protocolos de entrega digna, ahora se apresta a recibirlos. La ceremonia se realizará a las diez de la mañana de este lunes 22 de diciembre en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito. Será un homenaje simbólico de pocas palabras y más gestos. El hijo de Kemel liberará una paloma y las familias de los dos artesanos entregarán flores tejidas en alambres para que nadie olvide a los hippies que incomodaban en Yopal.

Los restos quedarán depositados en un osario en Bogotá, aunque la idea es cremarlos algún día con las familias y la comunidad de los mochileros. Por ahora no se puede, pues la justicia empieza a actuar. Quince militares están procesados y contra siete de ellos, el pasado 29 de noviembre, la Fiscalía 95 especializada de Villavicencio dictó medida de aseguramiento sin libertad provisional por ser presuntos coautores de los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada y porte ilegal de armas.

Como en su momento lo comentó Selva, una joven artesana que vio cuando a Kemel y Andrés los subían a la fuerza en una camioneta y ellos se resistían, los mataron “por tener pintas extrañas, por tener crestas”. En ese tiempo en Yopal abundaban los muertos y aparecían panfletos amenazando con hacer limpieza. De indigentes, artesanos o hippies, daba igual. Un policía les había advertido que no se dejaran encontrar. Los asesinaron y alguien cobró la recompensa, a lo mejor uno de los mismos que resultó felicitado.

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Redacción País

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