Una ronda de diálogos crucial

Delegaciones buscan evacuar segundo punto de la agenda con apoyo de fuerzas políticas.

El presidente Juan Manuel Santos en su alocución el viernes en Cartagena. / EFE

A escasos días de que se cumpla un año de la instalación formal de la mesa de diálogos entre el gobierno Santos y las Farc, se cocina un acuerdo parcial en La Habana (Cuba). A pesar de que esta semana el jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez, admitió que después de catorce ciclos de negociación “los alcances son modestos”, las delegaciones trabajan intensamente para entregar resultados antes de que el torbellino electoral se imponga. La idea es no levantarse de la mesa y avanzar hacia compromisos concretos en materia política.

La sensación de que los diálogos están estancados y que La Habana se está convirtiendo en un destino turístico de todo aquel que quiere ir a entrevistarse con los líderes de la guerrilla, ha sido el caballito de batalla de los últimos días por parte de los detractores del proceso. Por eso el mensaje del Gobierno, expresado a través de sus voceros en Cuba, es la necesidad de mostrar resultados. Un entorno parecido al que precedió el anuncio del acuerdo agrario en junio pasado. Sólo que esta vez el apremio es electoral, con fechas fijas en 2014.

Con la aprobación del jefe de Estado, esta semana debe viajar a Cuba una delegación de voceros de los partidos políticos. Aunque el procurador Alejandro Ordóñez ha pedido explicaciones sobre el objeto del viaje, los criterios de selección de los delegados y a quién van a representar, lo claro es que este encuentro es clave para consolidar un consenso político que permita un acuerdo parcial a corto plazo. Son muchos los aspectos que requieren el concurso de las fuerzas políticas en estos tiempos.

No sólo están en juego definiciones cruciales respecto al segundo punto de la agenda —participación en política—, sino controvertidos aspectos del trámite del proyecto de ley del llamado referendo para la paz. Es más, la idea es que esta misma semana la iniciativa quede aprobada en el Congreso, de tal suerte que la comisión que viaja a La Habana pueda plantear caminos sobre una base jurídica firme. De antemano se sabe que las Farc no ven con buenos ojos ese mecanismo para la refrendación de los acuerdos e insisten en una constituyente.

De cualquier modo, el objetivo es avanzar para impedir que el debate electoral convierta el proceso de paz en la manzana de la discordia. De ahí que en algunos sectores cobre fuerza la tesis de suspender provisionalmente los diálogos, en caso de que los resultados no sean los esperados. Ese es precisamente el escenario al que el Gobierno no quiere verse forzado. En estos momentos es preferible jugársela por un consenso en el que participen las fuerzas políticas para rodear el proceso de paz y garantizar metas viables y específicas.

Las mismas partes involucradas en la negociación son conscientes del riesgo que significa una eventual suspensión de los diálogos para que no interfieran en el proceso electoral. En ese hipotético caso habría que pactar una tregua o un cese de hostilidades. Para la guerrilla, ésta tendría que ser de carácter bilateral, pero en los perímetros del Gobierno esta sería una concesión prácticamente imposible. No sólo desde la perspectiva política con elecciones a bordo, sino desde el ámbito jurídico y la misión institucional de las Fuerzas Armadas.

Por eso, la salida expedita es un preacuerdo, un avance en determinados puntos que garanticen confianza entre las partes, con suficiente respaldo de las fuerzas políticas. Principios mínimos para proteger los derechos de las víctimas, aspectos pertinentes a la reparación y, de ser posible, desmovilización de guerrilleros. No está claro cómo, pero ya se ventilan ideas que van desde la concentración de frentes o localización de jefes guerrilleros en lugares convenidos, hasta la conversión de combatientes en guardias fronterizos.

Como se lee en la última declaración de Márquez, la guerrilla busca “garantías suficientes de oposición para las organizaciones y movimientos sociales que hoy están en la calle exigiendo sus derechos”. En otras palabras, deja entrever que su estrategia política es capitalizar la inconformidad social, que se hizo visible desde las protestas en el Catatumbo o el paro nacional agrario, justo en el mismo momento en que comenzaba en La Habana la discusión sobre el segundo punto de la agenda, precisamente sobre la participación política.

El otro aspecto también ya quedó enunciado. Cuando la delegación de las Farc pidió esta semana que se integre de inmediato una comisión de revisión y esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto interno colombiano, y de paso invitó al país a un día de reflexión y contrición para que todos los responsables de la guerra se manifiesten, es evidente que están pensando en las víctimas. Saben muy bien que el talón de Aquiles de la negociación es la justicia y que la participación en política depende de que este tema se resuelva.

Así las cosas, la decimoquinta ronda de negociación en La Habana está obligada a mostrar avances. Más aún cuando se acercan dos fechas determinantes: el primer año de la mesa de diálogos y el anuncio del presidente Santos de si va o no por el segundo mandato. Todo en medio de un proceso electoral cada día más candente, una justicia internacional inflexible a la hora de exigir sanciones mínimas y un tenso ambiente social, proclive a las protestas. Un entorno en el que la mejor salida es un acuerdo parcial con legitimidad política.

El año 2013 ya entró en su recta final. En cinco meses los colombianos elegirán un nuevo Congreso y está claro que su composición política será distinta a la del actual cuatrienio, dominada por la Unidad Nacional. En otras palabras, al mandato de los actuales legisladores le quedan escasas semanas. Súbitamente todo puede cambiar y polarizarse tanto que haga inviable la mesa de La Habana. Hoy por hoy, la única manera de blindarla es entregar resultados concretos, y el que se calienta en las brasas de la política puede ser un preacuerdo.