Una tutela cada 63 segundos

De las 454.500 acciones presentadas el año pasado, 115.147 fueron para reclamar algún servicio de salud.

Defensoría del Pueblo presentó su informe sobre tutelas en Colombia. / Archivo.

El año 2013 fue en el que más se presentaron tutelas en Colombia desde que se implementó esa figura constitucional. En total, los jueces recibieron 454.500 acciones que reclamaron, principalmente, dos cosas: el derecho de petición, que representó el 48,11% de las solicitudes, y el derecho a la salud, que simbolizó el 25,33%. Le siguen los derechos económicos, sociales y culturales (15,80%), vida digna (13,56%) y seguridad social (11.02%).

Así lo mostró ayer la Defensoría del Pueblo en la presentación del libro La tutela y los derechos a la salud y a la seguridad social 2013, en el que, entre otras cosas, le recomendó al Gobierno mantener este mecanismo sin ninguna modificación, pues representa una protección directa frente a los derechos fundamentales.

De acuerdo con el análisis llevado a cabo por la entidad, cada 63 segundos se interpone una tutela en el país. Las regiones donde más se recibe este tipo de solicitudes son Antioquia (35,9%), Bogotá (19,2%), Valle del Cauca (8,2%), Tolima (3,3%) y Santander (3,3%). Por el contrario, Vaupés, La Guajira y Vichada es donde menor número se registra.

Las entidades con más tutelas fueron la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, con 86.578; ISS/Colpensiones, con 64.018, y los juzgados, cortes y tribunales, con 23.137.

Tutelas para exigir salud

 De todas las acciones interpuestas en 2013, 115.147 correspondieron al sector salud. El 26,18% fueron para reclamar tratamientos como neurología, oncología, ortopedia y psiquiatría; el 15,92%, para exigir medicamentos; el 11,47% para solicitar citas médicas, el 9,41% para cirugías y el 9,06% para prótesis e insumos médicos.

Y aunque el 81,5% de las decisiones judiciales fallaron a favor de los tutelantes en primera instancia, “las entidades —se lee en el documento— están optando por no cumplir esos fallos, obligando a los ciudadanos a interponer incidentes de desacato”.

De hecho, el año pasado las EPS reportaron 297.433 negaciones, 34,68% más que en 2012. La mayoría correspondieron a fármacos: 59,65%. Y quienes más se enfrentaron a estas negativas fueron los usuarios mayores de 60 años. Los rechazos, por lo general, provinieron de aseguradoras del Régimen Contributivo, como Coomeva, Nueva EPS, Aliansalud y Sura EPS.

Además, destaca el informe, en 475 municipios la tutela fue el mecanismo más invocado, mientras que en los 890 restantes se presentó al menos una solicitud. En suma, dice, cada cuatro minutos se instauró una de estas acciones reclamando el derecho a la salud.

Entre las aseguradoras contra las que se interpusieron mayor número de tutelas están Coomeva, con 14.170; Nueva EPS, con 11.294; Saludcoop, con 10.272, y Caprecom, con 9.332.

“Es lamentable que el 70% de esas solicitudes ya estuviesen incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Es hora de que las EPS respondan a las necesidades de los pacientes. No es posible que tengamos que acudir a un juez para que se proteja un tema fundamental”, aseguró Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo.

Sin embargo, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que ese tipo de conclusiones requieren una mejor interpretación y un análisis mucho más objetivo. “Decir que cada cuatro minutos se presenta una tutela reclamando el derecho a la salud, suena dramático. Este tema requiere un análisis mucho más complejo, en el que hay que tener cuidado con denominadores como el tiempo. No se puede hacer un juicio ligero”.

Según Gaviria, decir que el 70% de las tutelas hacían referencia a negaciones de servicios que ya estaban en el POS, “es una afirmación que no es del todo cierta. Conceptualmente es imposible clasificar todas las tutelas en una dimensión POS y No POS. No se puede reducir únicamente a esas categorías. Si ese porcentaje fuera cierto, estaríamos ante un verdadero fracaso del sistema de salud. Son cifras que merecen más análisis, más ponderación. Eso, sin desconocer que hay problemas detrás de la tutela, mecanismo que hay que evitar porque crea problemas de ‘regresividad’ en el sistema”.

Gustavo Campillo, representante de la sociedad civil, vocero de Pacientes Colombia y presidente de la Mesa Nacional de Cáncer, no concuerda con esa posición. “¿Será que el problema de fondo es que se ubiquen el 70% de las tutelas en el POS?”, cuestionó. “Acá el inconveniente está en que los ciudadanos, teniendo una ruta de acceso directa, deban recurrir a esta herramienta. Esas 145 mil personas representan un trato indigno y una brecha de inequidad”.