Unidad para las Víctimas se reunirá con comunidad indígena de Chocó

El Plan Integral de Reparación Colectiva está establecido por el Decreto 4635 de 2011 y se realiza bajo el marco del derecho a la consulta previa. / Cortesía

Este miércoles se realizará en Quibdó, Chocó, una reunión entre delegados de la Unidad para las Víctimas  y autoridades pertenecientes al Cabildo Mayor Indígena del Carmen de Atrato, en Camaica, con el objetivo de presentar al pueblo indígena el Programa de Reparación Colectiva, con el cual se analizarán los daños e impactos que ha sufrido la población por cuenta del conflicto armado.

El Plan Integral de Reparación Colectiva está establecido por el Decreto 4635 de 2011 y se realiza bajo el marco del derecho a la consulta previa. Dicho derecho significa que las autoridades encargadas de tomar decisiones en cuanto a reparación y restitución a las víctimas deben tener en cuenta las opiniones de las comunidades y llegar a un acuerdo.

El proceso se compone de las fases: identificación, alistamiento, diagnóstico/caracterización del daño, formulación del Plan de Reparación Integral Colectiva (PIRC), implementación y cierre.

La presencia de cultivos ilícitos y la dispuita entre grupos armados ilegales son algunos de los factores que han agudizado los enfrentamientos en el departamento en el que, desde el 18 de febrero,se registra una crisis humanitaria con al menos 300 indígenas y 100 familias confinadas en varios municipios de Chocó. Existe el reporte de que por lo menos ocho niños han muerto por enfermedades como el paludismo, infecciones y desnutrición, y la falta de asistencia médica en el territorio.

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Se estima que en la comunidad de Nuevo Cañaveral hay 17 niños menores de cinco años enfermos; en Alto Guayabal 49 personas, de las que 27 son niños y en Coredosito otros siete.

Este fin de semana, hombres armados identificados como Autodefensas Gaitanistas negaron la entrada de ayudas humanitarias al sector de Jiguamiandó.

Las autoridades hacen un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten las misiones y permitan al Estado brindar las ayudas necesarias a las comunidades del departamento.