:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/Kw3sxGRXht4QaLUJNBS45U32DbM=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/UXJZ4YCB3JHWHBZMADL2B6SFZY.jpg)
Varias ONG estadounidenses, en cabeza de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, hicieron un llamado al gobierno Duque para que resolviera las diferencias con el Comité Nacional de Paro por medio del diálogo pacífico y no con las acciones del Esmad. Además, las entidades hicieron un llamado al Departamento de Estado y al Congreso estadounidense para que detenga la venta de armamento antidisturbios que con el que dota al Escuadrón en Colombia.
En el comunicado las entidades especifican que si bien los fondos públicos estadounidenses no financian el Esmad directamente, sí venden al Gobierno colombiano muchas de las municiones de gases lacrimógenos y tipo "bean bag" con las que se dota el Escuadrón Móvil Antidisturbios.
"Esas armas son compradas con fondos propios del gobierno colombiano por medio de programas de venta de armas de los Estados Unidos. Gran parte de su material proviene de la compañía basada en Pennsylvania, Combined Systems Inc., que vende la municion de gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento a Colombia", dice en el comunicado.
Las entidades en el documento ordenaron moratoria a la venta de armamento antidisturbios a Colombia "hasta que el Esmad haya sido reemplazado por una nueva fuerza o haya sido reformado por una entidad dramáticamente diferente, con una cultura de respeto a los derechos, una doctrina de des-intensificación, respeto a la protesta pacífica, y el uso mínimo de la fuerza".
Asimismo, las organizaciones exigieron una investigación exhaustiva sobre el caso del asesinato de Dilan Cruz y rechazaron los rumores de que las protestas latinoamericanas que se han adelantado en os últimos meses son motivadas por intervención de Venezuela y Cuba son nocivas.
Lea también: Ya está listo el borrador del proyecto que disolvería el Esmad
"Esta no es la primera vez que las acciones del ESMAD han resultado en muertos y heridos. Desde su creación en 1999, la unidad ha causado la muerte de 34 personas. Su desproporcionado uso de la fuerza y ataques brutales en contra de civiles desarmados en protestas rurales, especialmente las lideradas por comunidades indígenas, han sido denunciadas a las autoridades en numerosas ocasiones", mencionaron las organizaciones en el comunicado.
Las entidades también se refirieron al toque de queda declarado el pasado 21 y 22 de noviembre en Cali y Bogotá, respectivamente, y aseguraron que el pánico generado entre la ciudadanía sobre ladrones entrando a los edificios residenciales y casas es falso y aseguraron que las declaraciones del Gobierno al mencionar que algunos de los responsables de los actos vandálicos eran venezolanos "nutrió la xenofobia en contra de los venezolanos al deportar a 60 de ellos sin el debido proceso".
Las entidades que construyeron y firmaron el comunicado colectivo fueron: Washington Office on Latin America (WOLA), Witness for Peace Solidarity Collective, United Church of Christ, Justice and Witness Ministries, UNIAFRO, The International Institute on Race, Equality, and Human Rights, OXFAM America, MADRE, Latin America Working Group (LAWG), Latin American Studies Association (LASA) – Colombia Section, Interdisciplinary Colombian Studies at University of New Mexico, Global Ministries of the Christian Church (Disciples of Christ) and the United Church of Christ, Codhes, CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, Chicago Religious Leadership Network on Latin America, Center for Justice & International Law (CEJIL), Amazon Watch, AFRODES USA, ACSN.