Desde la presidencia de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) los gobiernos hablan de la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país. Como lo hacen los países desarrollados, desde la presidencia de Ernesto Samper Pizano (a excepción de Andrés Pastrana) los gobiernos se han comprometido con un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), destinado a la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Para lograr subir el porcentaje incluyen actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI), que comprenden además formación, capacitación y servicios científicos y tecnológicos, actividades de innovación, y administración, y otras actividades de apoyo a la investigación.
En 1994, la Misión de Sabios propuso “alcanzar por lo menos un 2% del PIB para ciencia y tecnología en el 2019”. Sin embargo, de acuerdo con los más recientes indicadores que provee anualmente el Observatorio de Ciencia y Tecnología, a 2014 aún rondaba el 0,5%.
En 2010 el entonces director de Colciencias, Jaime Restrepo Cuartas, ya hablaba de que la responsabilidad de lograr ese 1% también recaía en el sector privado, cuando manifestó en reunión con su consejo asesor: “Se espera que los empresarios lleguen a aportar la mitad del 1% del PIB para financiar la ciencia en el país”.
Si bien Colciencias reconoce beneficios tributarios a los empresarios que inviertan en ACTI desde hace casi 20 años, el Conpes 3834 del pasado mes de julio establece los lineamientos de política para estimular la inversión privada en ciencia, tecnología e innovación a través de deducciones en sus impuestos. El reto ahora es doble: llegar a la meta y lograr la decisión de los empresarios.
