Veintitrés años de espera: drama de familias de Pueblo Bello

Por el crimen de Pueblo Bello el Estado colombiano fue condenado en noviembre de 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. / Archivo

Veintitrés años de espera: así se resume el drama de los familiares de 43 habitantes de Pueblo Bello (corregimiento de Turbo, Antioquia) que, el 14 de enero de 1990, fueron amordazados y sacados a la fuerza por un comando del grupo paramilitar ‘Los Tangueros’. Nunca los volvieron a ver.

Este sábado 6 de abril, seis de esas familias recibirán, de manos de funcionarios de la Fiscalía, los restos de sus seres queridos. Se identificaron siete cuerpos, pero los parientes de esa séptima persona prefirieron tener un evento privado de entrega de restos, el cual se llevará a cabo el lunes 8 de abril.

Los restos de algunos de los desaparecidos de Pueblo Bello fueron encontrados, cuatro meses después del crimen colectivo, en la finca ‘Las Tangas’, propiedad de Fidel Castaño. Hasta allí llegaron retroexcavadoras que removieron la tierra y los cadáveres. Las osamentas halladas, siete en total, se llevaron al Hospital de San Pedro de Urabá, a donde llegaron los familiares de las víctimas a reconocerlos.

Por el crimen de Pueblo Bello el Estado colombiano fue condenado en noviembre de 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fue hasta el año pasado que la Fiscalía pudo establecer la identificación plena de esas siete personas.

En su fallo, el tribunal internacional señaló lo dificultoso que fue establecer quiénes eran víctimas de los hechos de Pueblo Bello: “El Tribunal se vio en la necesidad de efectuar un laborioso examen de la prueba aportada por la Comisión y los representantes orientado a reunir los elementos necesarios para la identificación precisa de las presuntas víctimas y sus familiares”.

Desde que se emitió la sentencia, la Corte Interamericana ha expedido dos resoluciones de seguimiento y otra resolución relacionada con las medidas de reparación médica y psicológica ordenada en nueve casos colombianos, Pueblo Bello incluido.

En los seguimientos al fallo, el tribunal interamericano insistió en que “El Estado (debía) adoptar inmediatamente las medidas pertinentes para buscar e identificar a las víctimas desaparecidas, así como para entregar los restos mortales a sus familiares y cubrir los gastos de entierro de aquéllos, en un plazo razonable”.

Por ahora, continúa en la incertidumbre, no obstante, la suerte que corrieron los otros 36 campesinos que fueron sacados de sus viviendas la noche del 14 de enero de 1990.