Víctimas del país realizan toma pacífica de sede de la Unidad Nacional de Víctimas

Representantes de Bolívar, Sucre y Santander denuncian graves incumplimientos en procesos de reparaciones colectivas, entre otras cosas.

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 Víctimas pertenecientes a seis comunidades de los departamentos de Bolívar, Sucre y Santander iniciaron en la tarde de miércoles una toma pacífica de la sede de la Unidad Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, en el centro de Bogotá.

Según sus representantes se trata de una toma en nombre de las víctimas de todo el país con el fin de dar a conocer múltiples incumplimientos en los procesos de reparación de los que hacen parte, lo que los ha llevado, aseguran, a ser revictimizados.

“Venimos desde muy lejos porque nos sentimos revictimizados. Todo está mal en nuestros procesos, desde la falta de preparación de los funcionarios que nos guían, hasta los incumplimientos en los procesos de reparación que no han sido concretados ni en un 3%”, señala Rosa Serpa, una de las personas que lideran la toma, mientras resalta que su objetivo es exigir el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, Ley de víctimas, pues a su parecer, su implementación “ha tenido efectos contrarios a su objetivo”.

Entre el pliego de peticiones entregado por este grupo de víctimas, se exige el cambio de directores regionales y funcionarios, personas que en su concepto menosprecian a cada una de las víctimas, tratándolas como objetos y no como sujetos de derechos. Señalan personas como Serpa que las víctimas son presionadas para que acepten los planes de reparación que la Unidad les propone y que, a su parecer, no se trata de soluciones reales para las comunidades sino la oportunidad de favorecer intereses políticos.
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“Existen ejemplos como el de comunidades que volvieron a sus tierras en diciembre del año pasado, a ellos se les prometió una ayuda humanitaria constante mientras su situación mejoraba, sin embargo, lo único que recibieron fue un mercado el 11 de diciembre de 2014 y hasta la fecha nada más”, cuenta Rosa Serpa quien indica que los incumplimientos como este son constantes frente a los casos de muchas víctimas. “Hay una precariedad, hay una situación deprimente. ¿Cómo es posible que esto pase en casos tan emblemáticos como el del corregimiento Las Palmas?”, agrega.

Otro de los casos presentados es el del corregimiento de Riachuelo, en Charalá, Santander, donde la Unidad de Víctimas decidió invertir 12 millones de pesos en instrumentos musicales que, cuentan, nadie sabe usar y que llevan más de un año guardados en una bodega. De la misma forma las víctimas señalan que algunos de los procesos de reparaciones colectivas han recibido como reparación una placa a la entrada del pueblo, un hecho que para ellos constituye otro ejemplo de que no se están abordando las medidas urgentes solicitadas por ellos, que incluyen ayuda humanitaria.

En otros casos, este grupo de víctimas se queja porque existen medidas de dilatación para garantizar sus derechos. Es el ejemplo del Colectivo Liga de Mujeres Desplazadas, muchas de ellas víctimas de violencia sexual, y reconocidas como un esfuerzo colectivo de organización; el pasado 24 de julio de 2014 murió un miembro de su comunidad, según relatan, “por falta de atención en salud y carencia total de bienes materiales para su subsistencia” y según registra el derecho de petición presentado ante la UARIV el 15 de Abril de este año y que aún no recibe respuesta.

“Estaremos ahí hasta las últimas consecuencias….Queremos que la gente se entere que estamos en la lucha, pero no a nivel personal, sino representando las precariedad que viven las víctimas de todo el país. Sentimos que ni siquiera nos quieren ayudar con empleo, los puestos que nos dan son secundarios, de aseo, de portería, recepción. Eso no es posible sabiendo que hay profesionales entre nosotros, parece que ellos fueran los únicos que pueden ocupar altos cargos. Es por ello que no quiero que revictimicen más a mi gente”, concluye Serpa mientras señala que el grupo que lidera la toma pide como garantes de este proceso al Defensor del Pueblo, un delegado de la Contraloría General, y al Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, padre y ponente de la Ley de Víctimas.

 

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