Violencia sexual, más allá de un homenaje

Aunque hoy se exalta la dignidad de las víctimas, acechan la impunidad y la continuidad de estos delitos en el marco de la guerra.

Hoy se celebrará el encuentro “Las voces en contra de la violencia sexual” y habrá múltiples homenajes y conciertos. Archivo
Hoy se conmemora por primera vez en Colombia el Día por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual, una medida simbólica que el gobierno de Juan Manuel Santos adoptó el año pasado, en el marco de la Ley de Víctimas, como un compromiso para combatir la impunidad sobre estos delitos y hacer lo posible para que dejen de ser una práctica recurrente en el país. Sin embargo, el panorama de esta violencia es abrumador y los niveles de impunidad y subregistro desbordan las capacidades del Estado y son motivo de preocupación de cara a la posibilidad de que se firme la paz con las guerrillas.
 
De los 7’392.679 personas que han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas, 10.042 declararon haber padecido delitos de violencia sexual y entre ellas 8.996 son mujeres (90%), 966 de las cuales son afrodescendientes, 150 indígenas y 34 gitanas. De acuerdo con información suministrada por la Unidad de Víctimas, las regiones donde se concentran más mujeres víctimas de este delito son Antioquia (1.836), Nariño (726), Magdalena (677), Bolívar (565) y Putumayo (527), según cifras a corte de mayo de 2015.
 
Para Nancy Fiallo, de Mujeres por la Paz, es evidente que hay un subregistro. “Las mujeres no denuncian los actos de violencia sexual por varias razones. La primera es que los funcionarios no están capacitados para recibir las denuncias, muchas veces lo hacen en público o no saben preguntar sobre los hechos, lo que implica una doble victimización”, sentenció.
 
Fiallo señala también que “la mayor oposición a hacer la denuncia viene de los núcleos familiares que no se quieren exponer, muchas veces, a la ‘vergüenza’ de admitir lo ocurrido. Y además conocemos decenas de casos de mujeres, apuradas por la subsistencia propia y de sus familias, que prefieren registrar únicamente delitos como el desplazamiento o el asesinato”.
 
Por otro lado, María Eugenia Morales, directora técnica de Reparación de la Unidad de Víctimas, sostiene que “en el marco del conflicto armado, el cuerpo de las mujeres ha sido tomado como ‘botín de guerra’, generando sometimiento, esclavitud doméstica y sexual, control de la autonomía sobre la libre movilidad en el territorio y el uso del tiempo, o impidiendo el ejercicio de liderazgo de las mujeres en la defensa de sus derechos”.
 
En el trabajo de atención y reparación integral a las mujeres víctimas de violencia sexual “hemos podido ver varios daños e impactos que causa este hecho victimizante: vergüenza de las mujeres víctimas con sus hijos, familiares y comunidad, disminución de su autoestima, incapacidad para establecer relaciones de pareja, enfermedades de transmisión sexual, sentimientos de culpabilidad y temor, entre otros”, sostiene Morales.
 
El sábado pasado, algunas víctimas de violencia sexual que se congregaron en un taller de empoderamiento, reparación y justicia para mujeres sobrevivientes de violencia sexual, liderado por la Unidad de Víctimas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, en Bogotá, manifestaron que las negociaciones de paz que se desarrollan en Cuba entre el Gobierno y las Farc, si bien son una esperanza, generan riesgos que no deben ser desconocidos por el Estado.
 
“En las negociaciones con los paramilitares de las Auc, en Santa Fe de Ralito, nunca hubo un enfoque de género, y en desarrollo de los procesos de Justicia y Paz tampoco. Ahora, celebramos que la mesa de conversaciones con las Farc haya establecido una subcomisión para los asuntos de género y que en las visitas de las víctimas a La Habana se les haya dado importancia a quienes hemos padecido delitos sexuales”, manifestó una de las asistentes.
 
Sin embargo, otra de las víctimas presentes en el encuentro pidió al Estado un compromiso claro para que, en el marco de un eventual modelo de justicia transicional pactado con las Farc, “no vaya a haber impunidad. Que se sepan los crímenes, quiénes los cometieron y por qué, y que haya una voluntad clara de pedir perdón tanto de los actores armados ilegales como de los miembros del Estado que han ejercido la violencia sexual. Sólo así será posible la reconciliación”.
 
Está claro que la conmemoración de esta fecha, que se fijó en homenaje a la periodista Jineth Bedoya, quien fue torturada y violada por tres paramilitares del bloque Centauros de las Auc el 25 de mayo de 2000, es un avance simbólico en la reparación de quienes han padecido la violencia sexual. Sin embargo, en la práctica falta mucho para que la impunidad deje de ser una norma para las víctimas y que, efectivamente, el cuerpo de la mujer, que ha sido quien más ha padecido estos delitos, deje de ser un botín para los combatientes. Mejorar depende del Estado y, además,  del compromiso que tengan con las víctimas  los actores que hoy negocian el fin del conflicto.
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