Wills Ricaurte, amigo de Guillermo Cano desde el colegio

El martes 10 de marzo de 1953, Gustavo Wills Ricaurte publicó su último texto antes de morir. El Espectador lo reproduce a propósito de las tres décadas del asesinato del director de El Espectador.

Archivo - El Espectador
Archivo - El EspectadorGustavo Wills, segundo de izq. a der. en las escaleras, vestido de traje oscuro.
Renta
 
Para reclamar ante la Jefatura de Rentas no será necesario pagar la totalidad del gravamen exigido, sino el resultante de la declaración textual del contribuyente.
 
Una de las más interesantes modificaciones que el decreto 270 de 1953 introdujo al sistema vigente en cuanto se refiere a los recursos gubernativos contra las liquidaciones que por el impuesto sobre la renta y complementarios practiquen las Administraciones de Hacienda, es el contemplado en el artículo 27 del citado decreto. Se dispone en dicho texto que, a partir de las liquidaciones correspondientes al año gravante de 1953, los contribuyentes inconformes podrán elevar sus reclamos ante la Jefatura de Rentas, previo el pago únicamente del impuesto que resulte espontáneamente de su declaración de renta, sin alteración alguna. (Lea: El luto en la redacción de El Espectador)
 
El principio que inspira a dicho artículo corresponde a una sana ética administrativa, ya que hasta ahora se contemplan con frecuencia casos de contribuyentes que tienen que consignar injustamente sumas elevadas para hacer viable su recurso de reclamo y al obtener —después de dos años, a lo menos— un fallo favorable, y la devolución correspondiente, habrán sufrido el lucro cesante de la suma consignada en exceso, ya que el Estado no reconoce intereses. El nuevo sistema evita la posibilidad de que se continúe repitiendo dicha injusticia. (Lea: "Álvaro Pachón, mi personaje inolvidable": Guillermo Cano)
 
Como antecedente legal debe citarse la ley 23 de 1949, la cual en su artículo 6° dispuso: “En los casos en que (sic) la liquidación de renta, patrimonio y exceso de utilidades resulte un gravamen superior al doble del que ha debido deducirse de la declaración juramentada del contribuyente, éste tendrá derecho a reclamar ante la Jefatura de Rentas e Impuestos Nacionales la liquidación respectiva, con sólo el pago previo del impuesto no discutido, es decir, el correspondiente a su declaración, tasado de conformidad con las tarifas vigentes”. Como puede verse, esta ley ofrecía la posibilidad de reclamar sin pago previo total, solamente en los casos en que el impuesto liquidado fuese superior al doble del que resultaría de la declaración del contribuyente, sin modificación alguna.  En muchas oportunidades ha sido inaplicable por diferencia de pocos pesos, que obligan al contribuyente a producir un desembolso muchas veces lesivo, para hacer valer sus derechos. Además en cuanto se refiere a la fijación de rentas de trabajo —uno de los puntos más frecuentes de reclamo— no operaba la gracia de la ley 23 de 1949, por cuanto en la liquidación “pro-forma” (o sea la practicada especialmente para efecto de facilitar el reclamo sin pago total del impuesto originalmente liquidado), se mantenía la misma exención del impuesto de exceso por el trabajo del contribuyente.
 
Para evitar, por otra parte, la afluencia de reclamos temerarios, el artículo 27 del citado decreto 270 de 1953 dispone que cuando la Jefatura de Rentas confirme una liquidación reclamada, el contribuyente deberá pagar sobre el saldo insoluto (es decir: sobre la diferencia entre la liquidación provisional sobre la cual pagó, y la definitiva) intereses a razón de dos y medio por ciento (2½%) mensual. Es claro que se requería algún freno legal para evitar reclamaciones sin fundamento, pero ya un interés de 2½% mensual resulta excesivo. Recuérdese que el código penal, en su artículo 416, dispone las sanciones para quien por más de tres veces obtenga ventaja a interés usurario y el interés comercial legalmente aceptado es el de 1% mensual. Ahora, suponiendo que el fallo tardó un año y medio —plazo nunca excesivo para suponer—, el contribuyente condenado a pagar resultaría pagando un interés del cuarenta y cinco por ciento (45%) sobre su deuda.
 
Cabría preguntar, sí, si el contribuyente puede acogerse al sistema que desee para efectos de su reclamo. Esto es: pagar la totalidad del gravamen liquidado (decreto 554 de 1942) y reclamar en espera de una devolución, o pagar solamente la cuantía correspondiente a la liquidación provisional practicada sobre los datos exactos de su declaración según lo prevee el decreto 270 de 1953. A primera vista parece que esa facultad de escoger sí deba operar, ya que el citado artículo 27 del decreto 270 dice: “Los contribuyentes podrán reclamar ante la Jefatura con el solo pago…”. Lo cual indica que se trata de una gracia facultativa, que deja en libertad al contribuyente para acogerse al sistema que más estime conveniente.