Investigación

El negocio de los libros de educación en México

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cinco editoriales extranjeras fueron los principales proveedores del Programa de Libros de Texto Gratuito en México, incumpliendo la esencia de darles prioridad a las empresas nacionales.

Mural de Juan O’Gorman situado en el campus central de la Ciudad Universitaria de la UNAM. / AFP

Cinco de las diez principales empresas contratadas por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), en México, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN), son extranjeras. SM de Ediciones S.A. de C.V., Editorial Santillana S.A. de C.V., Richmond Publishing S.A. de C.V., Macmillan Publishers S.A. de C.V. y Ediciones Castillo S.A. de C.V. ganaron contratos por más de dos mil y medio millones de pesos mexicanos, según el análisis de Poder, con datos de Compranet y el Portal de Obligaciones de Transparencia.

La Conaliteg fue fundada en 1959 por el entonces presidente, Adolfo López Mateos, como parte del mandato nacional de brindarles a los mexicanos una educación obligatoria y gratuita. Sesenta años después, este organismo público y descentralizado produce y distribuye, para cada ciclo escolar y de manera gratuita, los libros de texto y materiales determinados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que requieren los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional.

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Entre los propósitos de la Conaliteg está el de dar prioridad a autores y editores mexicanos en la redacción de los libros. No obstante, los gigantes editoriales Grupo Prisa, SM Global y Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck Gmbh se reparten las cinco empresas que normalmente reciben adjudicaciones directas del gobierno mexicano.

Con la transición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la licitación para los libros gratuitos se atrasó debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) retuvo los recursos económicos, según reportaron medios. En marzo de este año, la SCHP anunció que acompañaría a la Conaliteg en la compra de papel para la producción de los libros; sin embargo, todavía en abril las licitaciones fueron aplazadas por novena vez, poniendo en juego la producción y el reparto de 220 millones de libros para los estudiantes mexicanos para el ciclo 2019-20. Este medio buscó a la Conaliteg para saber sobre el futuro del programa de libros, así como sobre los mecanismos de compras, pero al cierre de este reportaje no se recibió respuesta.

Manos españolas en la educación de los mexicanos

El contrato de compra de libros más grande del gobierno de Enrique Peña Nieto fue una adjudicación directa a Editorial Santillana S.A. de C.V., por 132’326.312 pesos mexicanos (más de US$6,5 millones). Concretamente, para la adquisición de 466 títulos para el programa de secundaria 2018-19 de Libros de Texto Gratuito. En ese mismo sexenio, a la subsidiaria de la editorial española se le adjudicaron otros 205, por un total de 849’572.827,33.

La editorial española tiene más de cinco décadas en el mercado global, cuenta con oficinas en 22 países y lleva años obteniendo contratos con la Conaliteg a través de filiales mexicanas controladas por Promotora de Información S.A. (Grupo Prisa), con base en Madrid. Durante el sexenio de Peña Nieto, Editorial Santillana estaba controlada por Grupo Prisa con el 75 % de las acciones, y el otro 25 % estaba en manos de Victoria Capital Partners, una empresa argentina que nació en 2007 como una compañía de inversión independiente, sobre todo en capital privado en Suramérica. En abril de 2019, y después de casi 10 años de ser socios, Grupo Prisa recompró las acciones a la empresa argentina por 312,5 millones de euros.

Editorial Santillana también es propietaria de la empresa Richmond Publishing S.A de C.V. —una marca de Santillana Educación SL registrada en Madrid—, que recibió 71 adjudicaciones con la Conaliteg en el sexenio de EPN por un valor de 239’856.665,73 pesos mexicanos. Así es como un grupo español, a través de subsidiarias mexicanas, obtuvo mil millones de pesos en seis años por contratos con la Conaliteg, un propósito totalmente contrario a aquel por el que fundado el órgano descentralizado.

Entre los beneficiados están los propietarios de Prisa: Hsbc Holdings PLC, Telefónica S.A. y el mexicano Carlos Fernández González, entre otros. El ingeniero mexicano cuenta con una de las mayores fortunas de la Bolsa de Valores de España, es dueño del grupo financiero Finaccess y, además, está casado con Lucrecia Aramburuzabala Larregui, quien junto a su hermana María Asunción, “son herederas de una de las mayores fortunas de México y fundadoras de Tresalia Capital”.

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Por parte de Victoria Capital Partners se beneficiaron directamente Carlos García, cofundador de la compañía y actual presidente, Santiago Cotter y Alejandro Sorgentini, socios y fundadores, junto con García, de DLJ South American Partners, fondo de capital privado, entre otros.

Otra editorial española que tiene una alta participación en las contrataciones de la Conaliteg es Ediciones SM, fundada en 1938 por la Familia Marianista, una agrupación misionera de María que es dueña de las empresas SM, con presencia en varios países de Latinoamérica. En México obtuvo 693’722.226,18 pesos mexicanos por 119 contratos en adjudicación directa por medio de SM de Ediciones S.A. de C.V., que está establecida en territorio mexicano desde 1995. Las ganancias obtenidas con las empresas editoriales SM son para los programas de la Fundación SM, también fundada por los marianistas, como lo son la investigación, formación de educadores, desarrollo y fomento de la literatura.

Alemania también gana contratos

El grupo editorial alemán Georg von Holtzbrinck Gmbh obtuvo alrededor de 800 millones de pesos mexicanos en contratos por medio de dos empresas: Macmillan Publishers S.A. de C.V. y Ediciones Castillo S.A. de C.V., ambas con razones sociales en México, pero controladas por una sociedad cuyos propietarios son alemanes. El presidente Stefan von Holtzbrinck también es socio de la compañía.

El grupo tiene 170 años en el mercado internacional y oficinas en Argentina, Brasil, España, Perú, Estados Unidos y el Reino Unido. En México, Macmillan Publishers S.A. de C.V. se encuentra entre los principales proveedores del Programa de Libros de Texto Gratuitos. Son alrededor de 89 contratos obtenidos durante el gobierno de Peña Nieto, que dan un total de 242’884.252,26 pesos que se van directamente a su beneficiario último, Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck Gmbh.

Ediciones Castillo S.A. de C.V. aparece en la página web del grupo alemán como parte de ellos y fue proveedora de la Conaliteg por 598’873.433,26 pesos mexicanos, con 126 contratos durante la administración pasada.

¿La Conaliteg pierde su esencia o nunca la tuvo?

Desde 1959, cuando el Programa de Libros de Texto Gratuito fue propuesto por el presidente López Mateos, el sector editorial tuvo una fuerte reacción frente al proyecto, pues el mercado de libros era reclamado tanto por empresas mexicanas como extranjeras (Estados Unidos, Francia, Alemania y España), y con la creación de la Conaliteg sus ganancias se verían afectadas porque el Estado cumpliría funciones de escritor, editor, productor y distribuidor de los libros, según la académica Elizer Ixba Alejos. Esto implicó que para ganar las licitaciones del programa, empresas nacionales y extranjeras tuvieran que enfrentarse.

Alejos afirma en su investigación que resultaba más económico contratar empresas nacionales que empresas que se hacían —y lo siguen haciendo— pasar por mexicanas, pero que en realidad son poderosos grupos internacionales. Esto es producto de que con el pasar de los años, la mala gestión de las contrataciones de Libros de Texto Gratuito trajo problemas económicos para la Conaliteg —y en última instancia al Estado mexicano—, pues algunos contratos tenían cifras muy elevadas porque los libros eran importados por empresas extranjeras con razón social en México.

Al final, la falta de claridad sobre los beneficiarios reales de las empresas, es decir, “una persona física o natural quien, directa o indirectamente y en última instancia, posee, influencia, controla y/o se beneficia de al menos el 5 % de un activo mediante un vehículo corporativo, sociedad mercantil o fideicomiso”, y la mala gestión de la Conaliteg al permitir que solo porque las firmas tengan una razón social mexicana obtengan contratos de forma directa, deja en desventaja a las editoriales mexicanas.

El hecho de que el gobierno no tenga un registro público de los dueños reales de las empresas registradas en México impedirá un cambio en el modelo de proveedores para el Programa de Libros de Texto Gratuito —y para otros programas gubernamentales—, que perpetúa las ganancias para grupos extranjeros en lugar de para editoriales mexicanas.

* Texto editado por Claudia Ocaranza y Eduard Martín-Borregón.

* El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es una organización regional, no gubernamental, sin fines de lucro. Su misión es fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina, desde una perspectiva de derechos humanos, y fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo. PODER logra esto mediante la investigación empresarial estratégica, las tecnologías de transparencia, la organización comunitaria y la vinculación estratégica para construir un movimiento ciudadano a favor de la rendición de cuentas empresarial.

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Isabela Granados Arocha / PODER*

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