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Las mujeres de esta historia lo piensan dos veces antes de aparecer en estas páginas. No les gusta el protagonismo. Tampoco están muy de acuerdo con las fotografías. Aunque apenas son nueve, no es fácil juntarlas para hacerles un retrato. La compleja burocracia judicial, los viajes a diversos territorios colombianos y las reuniones con comunidades las suelen tener ocupadas. Ahora mucho más que antes, luego de que el río Atrato fuera declarado como sujeto de derechos en una histórica sentencia. Detrás de las 163 páginas de ese fallo de la Corte Constitucional está su trabajo.
Desde que fue publicado aquel documento, estas nueve mujeres han tenido meses agitados. En este país de sentencias incumplidas, ellas y todos los consejos comunitarios de Chocó que representaron no están dispuestas a que ese esfuerzo se quede en un papel revolucionario. No han parado de buscar caminos y planear estrategias para que los ministerios empiecen a obedecer las órdenes. De alguna manera, Chocó tiene un significado especial: fue el primer lugar en el que su organización empezó a hacer un acompañamiento a las comunidades. En esas llevan poco más de siete años, en los que su trabajo se ha extendido a cinco regiones más.
La historia detrás del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna arrancó como un desafío que unió a tres abogadas: Ximena González, Johana Rocha y Andrea Torres. Las dos primeras del Externado, la última de la Universidad Nacional. Después de trabajar en organizaciones acompañando a víctimas del conflicto armado, les surgieron varias inquietudes por saber qué había detrás de la guerra. ¿Cuáles son los problemas de los territorios? ¿Qué dificultades ambientales existen? ¿En qué consiste el desarrollo económico de esas regiones? ¿Qué intereses hay? Para responder estos interrogantes se pusieron cita cada domingo, y luego de un par de años de estudiar y apuntar ideas, renunciaron a sus trabajos y se lanzaron a empezar de cero. Iniciaron en febrero de 2010 en una oficina prestada en el centro de Bogotá.
Desde entonces han remado contra la corriente. Aunque la sentencia del río Atrato es una de sus victorias más notables, han dado otras luchas importantes. Fueron las responsables de que la Corte tumbara las áreas estratégicas mineras y tienen bajo su lupa el proceso de la hidroeléctrica El Quimbo. Hoy el Consejo de Estado está revisando la acción de nulidad que interpusieron a la licencia ambiental de ese proyecto.
Los logros, sin embargo, no se resumen a una lista de triunfos jurídicos. “Lo más valioso ha sido el acompañamiento y el trabajo comunitario: darles a conocer sus derechos y ayudarlos a defenderlos”, dice Elisabet Pèriz, economista catalana e integrante del equipo. “Quisimos tener una visión interdisciplinaria porque no creemos que las normas o las estrategias cambien el mundo. Nuestro enfoque le apuntó a combinar diferentes saberes”, señala Ximena González.
A lo que se refiere Ximena es que para dar peleas como la del Atrato no basta con saber los entramados de la justicia. Hace falta comenzar un largo proceso de entendimiento y colaboración con las comunidades que abarque distintos temas. Por eso, el equipo que ella empezó ha ido mutando. Hoy hay una politóloga, una economista y cinco abogadas. Además, una asistente administrativa y una contadora. ¿Los otros nombres? Rosa Peña, Viviana Tacha, Carolina Gómez, Viviana González, Carolina Rincón y Paola Cárdenas. Además, el sociólogo Diego Melo, desde su doctorado en la Universidad de Colorado, sigue haciéndoles valiosos aportes.
Obviando los desafíos financieros, Tierra Digna se enfrentó a una dificultad más al empezar: “A mucha gente esta le parecía una organización irreal. Todas éramos mujeres y todas jóvenes”, cuenta Ximena. Los estereotipos los vencieron a punta de trabajo. Así piensan sacar adelante el Atrato y así se preparan para poner en marcha un plan más en compañía de la Fundación Gaia y Ambiente y Sociedad: proteger el territorio amazónico.