Reír llorando

Logró que el Consejo de Estado suspendiera, el 14 de diciembre, un Acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía para que ésta asumiera inicialmente las investigaciones por homicidios graves cometidos por los militares. Para Acore, todos estos delitos deben ser investigados por la jurisdicción militar.

El Consejo consideró que los homicidios cometidos “con ocasión de operaciones propias de las Fuerzas Militares” no corresponde investigarlos a la Fiscalía sino a la jurisdicción militar, según la Constitución. El Consejo habría podido suspender la expresión entrecomillada, pero optó por suspender todo el Acuerdo. Es decir que los jueces militares no estarán impedidos para procurar a toda costa, como lo hacían antes del Acuerdo, la impunidad de sus compañeros de armas.

La neutralización del Acuerdo no significa que todos los homicidios graves cometidos por militares deban ser asumidos por la jurisdicción militar. Por el contrario, el código militar y reiteradas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura han establecido desde 1997 que las violaciones de Derechos Humanos no son de competencia de la jurisdicción militar, y que se presumen como tales los homicidios graves a los que se refiere el mencionado Acuerdo. También lo han reiterado tribunales internacionales, como la Corte Interamericana. Pero la suspensión del Acuerdo sí abre la puerta de nuevo para que los jueces militares lleguen primero al lugar de los hechos e inicien las investigaciones antes que la Fiscalía, de tal forma que se impida en la práctica que las violaciones de Derechos Humanos, como los “falsos positivos”, sean investigadas y juzgadas por la justicia ordinaria.

¿Tiene motivos para estar feliz Acore? Ella cree que sí. Pero, a largo plazo, el balance no será positivo ni para la institución militar y el Estado colombiano, ni para la población colombiana.

Para la institución militar y el Estado, porque son numerosas las decisiones de la justicia nacional e internacional que advierten que ese tipo de trampas son inadmisibles. La suspensión del Acuerdo será leída como otra prueba de la responsabilidad del Ejército y del Estado en la violación de los Derechos Humanos. Acore sigue actuando con criterios del siglo XIX en pleno siglo XXI, sin darse cuenta de que hoy existe una Corte Penal Internacional que puede intervenir para juzgar a sus compañeros si el Estado no quiere o no puede hacer justicia.

Y tampoco será positivo para la población, porque los derechos a la verdad, justicia y reparación sufrirán (en el mejor de los casos) retardo para su realización, cuando no absoluta negación. Eso no es bueno para las víctimas, ni tampoco para el prestigio de la institución militar, ni mucho menos para la credibilidad de las instituciones colombianas. Mejor sería entonces, en vez de reír llorando, que Acore llore ahora por el lamentable homicidio grave en que incurra un militar violando los Derechos Humanos y acompañe a las víctimas a obtener un pronto y justo restablecimiento de dichos derechos por parte de la justicia ordinaria.

* Director, Comisión Colombiana de Juristas

Logró que el Consejo de Estado suspendiera, el 14 de diciembre, un Acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía para que ésta asumiera inicialmente las investigaciones por homicidios graves cometidos por los militares. Para Acore, todos estos delitos deben ser investigados por la jurisdicción militar.

El Consejo consideró que los homicidios cometidos “con ocasión de operaciones propias de las Fuerzas Militares” no corresponde investigarlos a la Fiscalía sino a la jurisdicción militar, según la Constitución. El Consejo habría podido suspender la expresión entrecomillada, pero optó por suspender todo el Acuerdo. Es decir que los jueces militares no estarán impedidos para procurar a toda costa, como lo hacían antes del Acuerdo, la impunidad de sus compañeros de armas.

La neutralización del Acuerdo no significa que todos los homicidios graves cometidos por militares deban ser asumidos por la jurisdicción militar. Por el contrario, el código militar y reiteradas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura han establecido desde 1997 que las violaciones de Derechos Humanos no son de competencia de la jurisdicción militar, y que se presumen como tales los homicidios graves a los que se refiere el mencionado Acuerdo. También lo han reiterado tribunales internacionales, como la Corte Interamericana. Pero la suspensión del Acuerdo sí abre la puerta de nuevo para que los jueces militares lleguen primero al lugar de los hechos e inicien las investigaciones antes que la Fiscalía, de tal forma que se impida en la práctica que las violaciones de Derechos Humanos, como los “falsos positivos”, sean investigadas y juzgadas por la justicia ordinaria.

¿Tiene motivos para estar feliz Acore? Ella cree que sí. Pero, a largo plazo, el balance no será positivo ni para la institución militar y el Estado colombiano, ni para la población colombiana.

Para la institución militar y el Estado, porque son numerosas las decisiones de la justicia nacional e internacional que advierten que ese tipo de trampas son inadmisibles. La suspensión del Acuerdo será leída como otra prueba de la responsabilidad del Ejército y del Estado en la violación de los Derechos Humanos. Acore sigue actuando con criterios del siglo XIX en pleno siglo XXI, sin darse cuenta de que hoy existe una Corte Penal Internacional que puede intervenir para juzgar a sus compañeros si el Estado no quiere o no puede hacer justicia.

Y tampoco será positivo para la población, porque los derechos a la verdad, justicia y reparación sufrirán (en el mejor de los casos) retardo para su realización, cuando no absoluta negación. Eso no es bueno para las víctimas, ni tampoco para el prestigio de la institución militar, ni mucho menos para la credibilidad de las instituciones colombianas. Mejor sería entonces, en vez de reír llorando, que Acore llore ahora por el lamentable homicidio grave en que incurra un militar violando los Derechos Humanos y acompañe a las víctimas a obtener un pronto y justo restablecimiento de dichos derechos por parte de la justicia ordinaria.

* Director, Comisión Colombiana de Juristas