A 14 años de la Operación Orión, víctimas piden que se implemente ya acuerdo de paz

El 16 de octubre de 2002 inició el operativo militar en el que participaron más de 1.000 hombres de la fuerza pública y, según Corpades, casi 3.000 paramilitares. El saldo fue de 88 muertos, 80 civiles heridos, 370 detenciones arbitrarias y 95 desaparecidos de manera forzada.

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“Uno no puede ser victimario y después pretender ser vocero de las víctimas”, manifestó Luz Elena Galeano, integrante Mujeres Caminado por la Verdad, un grupo que reúne a 143 madres, hijas, esposas y hermanas, que buscan a familiares que fueron víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13, refiriéndose a la vocería que ha adquirido el expresidente Uribe en cuanto a las correcciones que se pretenden hacer para el acuerdo de paz firmado en La Habana. (Vea acá el especial A CONSTRUIR LA PAZ)

“Uribe legitimó y ordenó toda la Operación Orión y después, el año pasado, cuando se inició la excavación, tuvo la desfachatez de repetir que la operación sirvió para pacificar la comuna e iniciar la paz en Medellín cuando nosotros llevamos años denunciando y sufriendo lo que nos hizo”, agregó otra integrante de Mujeres Caminado por la Verdad, organización que por defender los derechos de las víctimas, el 9 de septiembre de 2015, recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos.

Lamentando las votaciones del plebiscito, las víctimas de la comuna 13 conmemoran 14 años de la pérdida, asesinato y desaparición forzada de sus seres queridos durante la Operación Orión y los años que le siguieron durante los cuales se consolidó el paramilitarismo en Medellín y el Valle de Aburrá.

Manifestaron que la conmemoración también era una forma de alzar la voz y exigir que el acuerdo firmado en La Habana se implemente ya, porque tampoco están de acuerdo con las reformas que pretende incluir el expresidente Uribe y que señalan que sólo favorece a victimarios y no se piensa en las víctimas.

“Las reformas que propone tienden a tres cosas: que no se devuelva tierra a las víctimas, que haya cárcel para la guerrilla pero impunidad para los militares, y frenar la participación política. Esto no lo podemos permitir”, dijo Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, y quien lleva acompañando al grupo de mujeres durante los 13 años de su creación.

“Todos los actores deben reconocer su responsabilidad en los crímenes y el Acuerdo establece una jurisdicción especial para la paz que favorece eso, que favorece la verdad y el reconocimiento de responsabilidades, no puede ser una negociación donde se siga desconociendo la criminalidad estatal, donde se siga desconociendo a las víctimas de los crímenes de Estado”, agregó Arboleda.

El Proyecto Orión

El 16 de octubre de 2002 se inició la Operación Orión, pero acá lo llamamos Proyecto Orión porque fue el inicio oficial del proyecto de expansión paramilitar que se pensaba para la ciudad. El flagelo del paramilitarismo, actuando en complicidad y connivencia con parte de la fuerza pública y el Estado, no sólo lo vivió la comuna 13, también lo vimos en comuna 8, Castilla, Manrique, Doce de Octubre y otros sectores, lugares en los que aún están los paramilitares”, manifestó Luis Fernando Quijano, presidente de la ong Corpades y analista del conflicto urbano.

La Operación Orión fue un operativo militar de proporción descomunal que incluyó la participación de más de 1.000 hombres de la fuerza pública y, según Corpades, casi 3.000 paramilitares, “quienes de manera conjunta entraron a sangre y fuego indiscriminado para tomarse la comuna. Torturas, asesinatos de pobladores inocentes y desaparición forzada de sus habitantes fueron las prácticas sistemáticas de las que se valió el Estado, en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez, y con ello se inauguró la que sería su política de Seguridad Democrática, que no fue otra cosa que falsos operativos y el asesinato de civiles que luego fueron presentados como subversivos muertos en combate para sumar positivos a las fuerzas oficiales”.

La Operación Orión estuvo antecedida por 20 operativos militares, entre los que se cuentan las operaciones Primavera, Violeta, Otoño, Mariscal, Contra-fuego, Otoño II, Marfil, Prisma, Águila, Horizonte, Azabache, Horizonte II, Transparencia, Potestad, Náufrago, Antorcha, Orquídea, Turquesa y Saturno y Orión, acciones militares en las que se desconocieron los Derechos Humanos como protección al derecho a la vida e integridad personal de los civiles.

Como saldo del accionar militar, y paramilitar, quedaron 88 muertos, 80 civiles heridos, 370 detenciones arbitrarias y 95 desaparecidos de manera forzada. A esto se agregan los desmanes paramilitares que vinieron después y que causaron el desplazamiento forzado intraurbano de buena parte de los pobladores originales de la Comuna.

No obstante, de acuerdo a las declaraciones de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, en la Comuna 13, especialmente en La Escombrera, habría más de 300 cuerpos enterrados que fueron desaparecidos por su bloque paramilitar Cacique Nutibara, y de los que hoy las víctimas exigen su búsqueda.

La búsqueda de los desaparecidos

El año pasado y después de 13 años de lucha, las víctimas de la comuna, específicamente el Grupo de Mujeres Caminando por la Verdad, logró que un sector del botadero de Escombros de la Comuna 13, conocido como La Escombrera, cerrara: exactamente el sector en el que el exparamilitar Juan Carlos Villada, alias “Movil 8”, señaló tres lugares en los cuales él y sus hombres habrían sepultado a unas 50 personas.

Así mismo, las víctimas lograron que la Administración Municipal se comprometiera con la búsqueda: la operación Orión, auspiciada por el entonces alcalde Luis Pérez Gutiérrez, dejó víctimas que fueron ignoradas durante las administraciones de Sergio Fajardo y Alonso Salazar. Fue en el mandato de Aníbal Gaviria, y porque le ordenaba un auto de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, del 4 de septiembre de 2013, que fueron escuchadas.

Por eso, dos años después del auto, y a sólo 5 meses de dejar su mandato, el 5 de agosto de 2015, la administración Gaviria inició excavaciones en un sector de La Escombrera que se conocería como Polígono Uno.

En este polígono se estimó que era necesario remover 24 mil metros cúbicos de tierra y cavar hasta una profundidad de 8 metros para encontrar suelo natural. El proceso de búsqueda duraría cinco meses y de fracasar se intentaría buscar en otros sectores a fin de lograr dar un alivio a las víctimas que llevan más de una década buscando a sus familiares.

Y como muchos anticiparon, pasaron los cinco meses y el primer intento fracasó. Casi un año después de frenarse la primera excavación, desde que cambió la administración municipal, ahora en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez, y pese a lo prometido a las víctimas, no se ha removido un centímetro de tierra del sector de la Escombrera para continuar la búsqueda.

“El Alcalde no ha tenido en cuenta las víctimas de la Comuna 13. A él lo vemos en todas partes pero aquí nunca viene. Lo invitamos, le pedimos que nos escuche, pero para nosotros nunca tiene tiempo”, expresa Margarita, una de las víctimas que hace parte del grupo Mujeres Caminado por la Verdad

Aún no hay responsables judicializados

En la rendición de cuentas que hicieron sobre el los avances de la búsqueda de los desaparecidos forzados que se encontrarían en La Escombrera, las víctimas dejaron claro su rechazo ante la ausencia del alcalde Gutiérrez, la Fiscalía y otras instituciones.

El evento recordó que hasta el momento nadie ha sido declarado como responsable oficial de la Operación Orión y de las muertes y desapariciones que dejó su secuela y la expansión paramilitar.

El año pasado, el Tribunal de Justicia y Paz compulsó copias contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por la operación Orión. La sentencia, de casi 800 páginas, expone el surgimiento del paramilitarismo en Colombia, y en ella se vincula a Uribe.

Los magistrado ponentes señalan que, según la confesión Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, el Estado, de manera concertada con los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, habría realizado el operativo con la colaboración de funcionarios de administraciones locales, así como de la Policía y el Ejército, con el fin de eliminar las milicias urbanas y consolidar el dominio del bloque paramilitar.

El expresidente Uribe rechazó la sentencia, negó los hechos, acusó a uno de los jueces de ser “antiguo guerrillero” y se declaró perseguido.

Según las víctimas de Comuna 13, “con la misma impunidad cuenta quien era el comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional, el general Mario Montoya”. En declaraciones de Don Berna, el general fue vinculado a la organización de la Operación Orión en conjunto con los paramilitares; también fue vinculado por el exparamilitar El Tuso Sierra, quien acusó a Montoya de hacer parte de la nómina ilegal de la estructura paramilitar y mafiosa conocida como Oficina de Envigado.

De acuerdo con las víctimas de Comuna 13, tampoco se ha esclarecido la responsabilidad que habría tenido Construcciones El Cóndor, quien utilizó la Escombrera como botadero, y Bioparques, la empresa que estaría a cargo del lugar y se habría negado a su cierre.

“Ellos sabían lo que allí pasaba y ninguno paró su negocio durante todo este tiempo”, manifestó un representante del comité de recolección de memoria de la comuna.

El tiempo sigue pasando, los paramilitares empezaron a salir sus cárceles luego de cumplir la pena de la Ley de Justicia y Paz, contemplada en la desmovilización que se les otorgó en el gobierno de Uribe, y a las víctimas de Comuna 13 todavía no se les cuenta la verdad ni se les indica el paradero de sus familiares asesinados y desaparecidos.

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