Acuerdo especial para tratado de paz

Estos son los argumentos que Eduardo Montealegre expuso ante la Corte Constitucional para defender por qué el acuerdo final con la guerrilla no puede depender de un mecanismo popular como el plebiscito.

El acuerdo de paz que pacten en La Habana el Gobierno y las Farc está blindado por el derecho internacional humanitario y, por ende, una vez firmado, entrará a hacer parte del bloque de constitucionalidad que rige a Colombia. Es decir, tendrá el mismo peso de cualquier tratado internacional, como, por ejemplo, el Estatuto de Roma, que Colombia ratificó en 2002 para aceptar que la Corte Penal Internacional pudiera tener injerencia en el país. Esa fue la tesis que Eduardo Montealegre expuso ante la Corte Constitucional el pasado 28 de marzo, el mismo día en que dejó de ser fiscal general. La misma tesis que ronda en La Habana.

Montealegre se despidió del organismo investigativo con un documento de 89 páginas que radicó en la Corte Constitucional el pasado lunes, con el cual le lanzó por última vez un salvavidas al proceso de paz con la guerrilla. Una posición que va en línea con otra que ya había dejado ver: que si se llega a firmar un acuerdo de paz con las Farc, éste no puede depender de un mecanismo de refrendación popular como el plebiscito, porque, al fin y al cabo, es deber del presidente de la República “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de los ciudadanos, incluido el de la paz”.

Por esa misma razón, el exfiscal Montealegre le había pedido a la Corte Constitucional que declarara contrario a la Carta Política el proyecto de ley que regula el plebiscito. En su último aporte al proceso de paz le pidió al tribunal que entienda el acuerdo de paz con las Farc —en caso de que se firme— como un “acuerdo especial” protegido por el derecho internacional humanitario, entendiendo que, según los Convenios de Ginebra, las partes de un conflicto pueden echar mano de ese tipo de recursos.

Las conclusiones a las que llegó el exfiscal general para hacer esta solicitud son que el acuerdo de paz se desarrolla bajo las normas de los Convenios de Ginebra, por lo que tiene efectos a nivel nacional e internacional, y que su principal objetivo es proteger a los civiles y a las víctimas del conflicto. “Por consiguiente, el hecho de que los acuerdos alcanzados en La Habana sean acuerdos especiales, impone que la única interpretación posible es la expresión demandada, sea que hace referencia no a una norma con fuerza de acto administrativo o de ley”, se lee en la demanda.

En pocas palabras, el acuerdo de paz es especial porque es vinculante: su sola existencia le genera obligaciones al Gobierno y a las Farc. Por un lado, por el principio de buena fe, que se basa en la confianza que debe existir entre las partes de un conflicto para lograr la paz y así velar por los derechos de la población civil afectada. Y por otro, porque las negociaciones involucran a diversos actores en el DIH, es decir, que los acuerdos a los que se lleguen no sólo afectarán a Colombia, sino a múltiples actores en el escenario internacional. De ahí que se hable de la participación de países garantes.

“Es posible afirmar que la institución del conflicto armado, bien sea de carácter nacional o internacional, pertenece a la órbita del DIH. En consecuencia, cualquier acto o decisión que incida en la regulación o terminación de un conflicto armado se remita a este”, es uno de los argumentos del exfiscal. Montealegre agregó que el deber constitucional de garantizar la paz se hace efectivo siempre y cuando el acuerdo tenga un carácter especial, pues debe garantizar la protección de los civiles y que se cumplan las medidas pactadas. Para Montealegre, eso sólo se logra a la luz del Convenio de Ginebra y el DIH.

De acuerdo con el exmagistrado Augusto Ibáñez, la discusión que se abre es válida, pero hay puntos a tener en cuenta. “Si lo que intenta el exfiscal es que la Corte Constitucional diga que es un acuerdo especial y como tal entra directo y en vigencia en la legislación colombiana, pues es interesante. Pero sólo aplicaría en los temas en que son verdaderos acuerdos especiales, pues no todo lo firmado en La Habana hace parte de un acuerdo especial”, explicó. Ibáñez sostuvo que de un acuerdo especial haría parte, por ejemplo, el tema de la justicia transicional, pero no el del “derecho de defensa o el derecho de las víctimas, porque eso tiene que hacerse por medio de la legislación interna”.

El exministro conservador Álvaro Leyva Durán, quien además ha asesorado jurídicamente la mesa de diálogos, es uno de los pioneros de la tesis de que los acuerdos especiales de Ginebra son la fórmula jurídica que elevará los acuerdos suscritos en La Habana al rango de constitucionalidad. Argumenta que el derecho internacional humanitario es una realidad jurídica de la cual Colombia no puede escapar y que entre sus obligaciones está garantizar la paz.

“El artículo sexto del Convenio III de Ginebra, de 1949, dice que puede conservar acuerdos especiales ‘sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno reglamentar particularmente’, y como se busca el fin del conflicto, que va a satisfacer a combatientes y no combatientes, población civil, es un acuerdo de aquellos que contemplan el DIH. Que hace a su vez que los acuerdos que suscriban el Gobierno y las Farc hacen parte del bloque de constitucionalidad. Además, el artículo 93 de la Constitución sostiene que ese tipo de normas prevalecen en el orden interno”.

Según Leyva Durán, los acuerdos especiales son candado de cierre del conflicto armado colombiano. “Ahora, en Colombia son novedades. Pero esa condición no indica que no sean realidades jurídicas internacionales. Los procesos de paz se reglan por el derecho internacional y Colombia no escapa a esa realidad. Las normas son para cumplirlas. El DIH no es negociable. Es imperativo. Otra cosa es que el país no se haya dado cuenta de en qué se estaba metiendo. Pero este es un asunto que está por desarrollarse. Existen muchos caminos para aplicar esta figura y el debate hasta ahora está empezando”, concluyó Leyva Durán.

Sin embargo, Montealegre señaló en su demanda que cada uno de los acuerdos parciales que se han logrado hasta el momento –narcotráfico, víctimas, reforma rural, participación política y jurisdicción especial– son vinculantes para las partes, “pese a que el Gobierno ha negociado bajo la premisa de que su vinculatoriedad se activa únicamente con la firma del acuerdo final”. Es decir, como lo han reiterado en varias ocasiones el presidente Juan Manuel Santos y los equipos negociadores: nada está acordado hasta que todo esté acordado.

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2016-03-29T23:55:44-05:00

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Redacción Judicial y Política

Posconflicto

Acuerdo especial para tratado de paz

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