“Acuerdo sobre víctimas iría en contra del derecho internacional”: AI

A Amnistía Internacional le preocupa la posibilidad de que no se haga comparecer ante la justicia a los responsables de abusos y violaciones de DD.HH.

Un día después de que la Corte Penal Internacional condicionara su aprobación del proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con las Farc a las sanciones que se impongan a aquellos que hayan cometido crímenes de guerra y violado el Derecho Internacional Humanitario, Amnistía Internacional (AI) afirmó que el “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, hecho público el pasado diciembre, supone un primer paso importante, aunque imperfecto, para abordar la injusticia”.

En una declaración presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la organización aseguró que ese acuerdo contiene una serie de disposiciones y ambigüedades “que parecen no ser conformes con el derecho y las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Para sustentar su argumento, AI cita como ejemplo que las sanciones no privativas de libertad expuestas en el acuerdo para quienes reconozcan su responsabilidad en violaciones graves de derechos humanos e infracciones graves del derecho internacional humanitario no parecen ser proporcionales a la grave naturaleza de los delitos de derecho internacional.

Sin embargo, el organismo reconoce que el proceso de paz está más cerca que nunca de ponerle fin al conflicto y que “el cese unilateral del fuego por parte de las Farc y la suspensión, por parte del gobierno, de los bombardeos aéreos han aliviado algunos de los peores efectos que el conflicto ha tenido para la población civil que vive en zonas rurales”.

Amnistía Internacional también se refirió a la situación de los desplazados y expresó su preocupación por el drama que enfrentan los pueblos indígenas, entre ellos los de Cauca, y las comunidades afrodescendientes del Valle del Cauca. Asimismo advirtió sobre el uso indebido del sistema judicial para desacreditar la labor de los defensores de derechos humanos y mencionó el caso del líder indígena Feliciano Valencia, condenado a 18 años de prisión en septiembre de 2015 por mantener cautivo ilegalmente a un uniformado que se había infiltrado en una protesta en el Cauca.

“El proceso de restitución de tierras sigue plagado de dificultades… El Estado no está garantizando la seguridad de quienes desean retornar, y no les está brindando un apoyo socioeconómico efectivo”, concluye el documento.

Lea aquí la declaración completa de Amnistía Internacional.