Alerta de "riesgos de impunidad" en el proceso de paz en Colombia

Según Amnistía Internacional las principales víctimas de dicha impunidad son las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por "el riesgo" de que las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc "conduzcan a un aumento de la situación de impunidad generalizada".

AI informa en un comunicado de que ha enviado una carta al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en la que les pide que transmitan varias recomendaciones al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante su visita a España.

"A pesar del proceso de paz, las fuerzas de seguridad y los paramilitares, actuando en solitario o en connivencia, así como las Farc y el ELN, siguen cometiendo violaciones y abusos de derechos humanos", asegura el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, en el comunicado.

Señala asimismo a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, mujeres y niñas, defensores y defensoras de los derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas y reclamantes de tierras, como las principales víctimas de dicha impunidad.

Por esa razón, AI considera que el respeto de los derechos humanos y el fin de la impunidad "deben ocupar un lugar central en las conversaciones de paz" para el fin del conflicto en Colombia.

La organización expresa su preocupación por "los intentos del Gobierno de Santos de reforzar el sistema militar de justicia", por considerar que puede aumentar la impunidad.

Por lo que pide al Gobierno español que inste al presidente colombiano "a garantizar que los casos de violaciones de derechos humanos se mantengan en los tribunales civiles y no sean transferidos al sistema de justicia militar".

También pide que el Gobierno colombiano aborde "con urgencia las graves deficiencias en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y en su aplicación".

"Las amenazas y homicidios de quienes defienden la restitución de las tierras, sumados a la falta de rigor para aplicar una legislación defectuosa, están impidiendo que se cumpla la promesa del gobierno colombiano de devolver a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes los millones de hectáreas de tierra que les fueron arrebatadas ilegalmente", añade el comunicado.

Casi seis millones de personas han sido desplazadas por el conflicto en Colombia, pero hacia mediados de 2014 solo se habían registrado 65.000 solicitudes de restitución, según AI.

La organización lamenta por otra parte que Colombia no reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al estimar que al menos 30.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada durante el conflicto, que en los últimos 20 años se ha cobrado la vida de unas 70.000 personas.

Finalmente, AI pide al Gobierno español que "asegure que los programas de ayuda de España no apoyen proyectos económicos agro-industriales u otros, situados en terrenos adquiridos ilegalmente mediante abusos y violaciones de los derechos humanos", y que informe a las empresas para que eviten invertir en áreas que puedan derivar beneficios a los autores de violaciones de derechos humanos.

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