“Alivio judicial” del uribismo a los militares incluye penas de máximo cinco años de cárcel

Ya hay un proyecto base sobre el cual empezará a trabajar el Centro Democrático para entregarle una propuesta al Gobierno que sustituya el acuerdo sobre justicia transicional.

La iniciativa propone la creación de un tribunal de paz adscrito a la Rama Judicial, que sesione por doce años. / Archivo
La iniciativa propone la creación de un tribunal de paz adscrito a la Rama Judicial, que sesione por doce años. / Archivo

Si hay un inamovible para el Centro Democrático que se debe debatir en la nueva etapa de renegociación del acuerdo de paz es la justicia transicional. De hecho, el equiparar a la Fuerza Pública con los miembros de las Farc se convirtió en el principal argumento del uribismo para asegurarle al país que lo que estaba haciendo el Gobierno en La Habana era discutir el futuro de los militares y policías al acordar un único mecanismo jurídico para todos los actores, con el fin de juzgar los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado interno. En ese contexto, el partido del expresidente Álvaro Uribe ha jugado un as bajo la manga que reposa en el Congreso desde el 17 de agosto como elemento base para reconstruir el proceso jurídico para los miembros de la Fuerza Pública, incluso para particulares que hayan sido juzgados o estén siendo procesados por su participación en desarrollo del conflicto.

La iniciativa legislativa es del senador Alfredo Rangel, avalada por Uribe Vélez, y propone la creación de un tribunal de paz adscrito a la Rama Judicial, que sesione por doce años y por solicitud de la parte interesada en acogerse a él. Y aunque podría asumir el estudio de los procesos judiciales contra los miembros de la Fuerza Pública, el Centro Democrático también busca que acoja los de civiles, por hechos relacionados con el orden público y delitos políticos y conexos, excluyendo a las Farc de este tribunal. Se trata, pues, de una diferencia trascendental con lo que se pactó en Cuba. El primer acuerdo sobre la Jurisdicción Especial de Paz que se anunció el 23 de septiembre de 2015 establecía un mismo tribunal, desligado de la Rama Judicial, para todos los actores que hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado.

Las penas para militares, policías y civiles propuestas en el proyecto del Centro Democrático no superan los cinco años de cárcel. Y quienes hayan cumplido la quinta parte de la condena o más antes de constituirse el tribunal quedarían libres de manera inmediata. “No estamos buscando ni amnistías, ni indultos, ni perdón. Estamos buscando que haya una rebaja de penas, pero en estado de confinamiento en los establecimientos que señala la ley para cumplir penas de cárcel”, explicó el senador Rangel en diálogo con El Espectador. Es, entonces, otra diferencia trascendental con lo acordado por las delegaciones de paz del Gobierno y de las Farc, que establece, entre otros puntos, que si un miembro de la Fuerza Pública no reconoce responsabilidad y termina siendo vencido en juicio puede recibir una sanción de entre 15 y 20 años de prisión (igual que las Farc). Pero si un miembro de las Fuerzas Armadas reconoce responsabilidad, aunque sea de manera tardía, recibiría sanción de entre cinco y ocho años de prisión, con la aplicación de un régimen especial de libertades ampliamente explicado en las 297 páginas del acuerdo de paz.

No obstante, el Gobierno buscaba beneficios con lo que sería el equivalente de la amnistía y el indulto para los integrantes de la Fuerza Pública por delitos no considerados los más graves, como sí lo son los de lesa humanidad o crímenes de guerra. Es decir, en el acuerdo que fue derrotado en las urnas se buscaba la suspensión de la ejecución de la pena para los ya condenados y la renuncia a la persecución penal para los procesados. En el proyecto del uribismo que servirá de base para desarrollar su propuesta de justicia transicional se establece que sobre los delitos cometidos no habrá beneficios, ni subrogados penales, y tampoco serán excarcelables. “El Centro Democrático está en contra de amnistías e indultos para crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos por quien sea: guerrilla, paramilitares o integrantes de la Fuerza Pública. No queremos impunidad para nadie”, señaló el congresista del uribismo, aunque aclaró que este proyecto, pese a estar pendiente de su primer debate en la Comisión Primera de Senado, debe recibir primero un concepto del Consejo Superior de Política Criminal (CSPC).

Al respecto, El Espectador consultó sobre el estado de ese concepto al ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, que preside el CSPC, quien le explicó a este diario que, aunque el texto no les fue remitido, ya fue estudiado con el comité técnico de la entidad, el pasado 29 de septiembre, y se está preparando un concepto para someterlo a consideración y emitir un pronunciamiento dentro de aproximadamente 15 días.

La otra propuesta

Rafael Nieto Loaiza, quien se desempeñó como viceministro de Justicia en el gobierno de Álvaro Uribe, también presentó una propuesta paralela al proyecto legislativo de Rangel y, aunque no fue para asesorar al Centro Democrático, varios de sus lineamientos podrían ser acogidos por el expresidente Álvaro Uribe. La suya es una serie de lineamientos que se han ido consolidando con agremiaciones de militares y policías en retiro y que esperan entregar directamente al Gobierno Nacional en las próximas semanas.

En este sentido, el principio base del asesor uribista contradice el proyecto radicado en el Congreso. ¿Por qué? Porque busca un mismo tratamiento para todos aquellos que hayan tomado parte en el conflicto de acuerdo con el DIH, que establece, según explicó el exviceministro, que las partes que acuerden la terminación de un conflicto darán la amnistía más amplia posible a quienes hayan participado en el mismo. “Es decir, no distingue entre la calidad de quienes tomaron parte en el conflicto y reemplaza el principio de que la amnistía sea solamente para delitos políticos y conexos, aplicable únicamente a los rebeldes cuyo sujeto pasivo es el Estado”. En todo caso, la idea clave para Nieto Loaiza es que los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra deben tener penas privativas de la libertad y no sólo la restricción efectiva que el acuerdo de paz propone para las Farc, bajo ciertas condiciones.

En lo que coincide con el Centro Democrático es que el tribunal que juzgue a las partes (incluidos los integrantes de las Farc) haga parte de la institucionalidad existente “y se rechaza de plano que el Tribunal Especial de Paz esté compuesto por extranjeros”.

La apuesta uribista o, al menos, sus principales condiciones para dialogar con el Gobierno ya están sobre la mesa. Resta consolidar una propuesta mucho más clara que unifique a las partes y que, en todo caso, sea avalada por las Farc en La Habana. De momento, una de las cifras que ha entregado el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indica que hay unos 5.500 integrantes de la Fuerza Pública condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y que se habrían beneficiado con la Jurisdicción Especial de Paz, hoy en el limbo por el triunfo del No.