Textos de Senado y Cámara entran a conciliación

Aprobada la JEP, el debate sigue

El presidente Juan Manuel Santos agradeció al Congreso por la aprobación de la reforma, mientras las Farc sostienen que se está tratando de renegociar lo pactado en la mesa de diálogos de La Habana.

Con la aprobación por parte del Senado del acto legislativo que introduce al ordenamiento jurídico la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el Congreso ha sentado las bases sobre las que reposa el acuerdo de fin del conflicto con las Farc. Un complejo sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición cuyo propósito principal ha sido satisfacer los derechos de las víctimas. Pero, pese a la aprobación, el debate no ha disminuido y, por el contrario, está creciendo. (Lea: Lo que necesita saber sobre la Justicia Especial para la Paz) 

En efecto, las Farc manifestaron su “sorpresa” y “decepción” por algunos elementos introducidos por los congresistas en la versión aprobada por el Senado el pasado lunes. La guerrilla se refirió puntualmente a dos aspectos: lo que tiene que ver con sanciones que puedan limitar la acción política de los responsables de graves crímenes y una especie de barrera para que la JEP no tenga potestad para investigar a los civiles que financiaron la guerra.

Así lo dejó claro el abogado Pablo Cruz, uno de los representantes del movimiento Voces de Paz: “Nos preocupa que los acuerdos de La Habana, que tanto esfuerzo y tiempo necesitaron y que luego fueron ratificados por el Congreso, ahora sean objeto de modificaciones al vaivén de situaciones políticas y de los intereses burocráticos de los partidos. No es correcto intentar renegociar los acuerdos en su etapa de implementación”. Se refirió así a las proposiciones impulsadas por los miembros de Cambio Radical y por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

“El doctor Germán Varón ha intentado renegociar el Acuerdo. Por ejemplo, lo hizo al plantear que se debería replantear el comité seleccionador de los magistrados de la JEP. Y aunque en eso no tuvo éxito, sí logró blindar a los civiles que financiaron grupos armados, como por ejemplo el paramilitarismo. El texto oficial señala que la JEP tiene la competencia para investigar a las personas que participaron en el conflicto sin que hubiesen sido obligadas. Ahora, el partido del vicepresidente Vargas Lleras mete una propuesta que dice que la JEP no tiene competencia sobre los financiadores de la guerra”, agregó Cruz.

Finalmente se refirió a una precisión incluida por otro senador de Cambio Radical, una modificación que permitiría que las sanciones falladas por los magistrados del Tribunal Especial puedan restringir la participación política de quienes se sometan al mismo. “Eso es contrario al Acuerdo, que categóricamente dice que ninguna sanción del Tribunal podrá restringir los derechos políticos. En el corazón de este estaba facilitar a la guerrilla la acción política. Eso rompe con lo pactado en La Habana”, concluyó Cruz.

Sin duda, el pulso en los debates de la JEP lo ganaron Cambio Radical y el fiscal Martínez, quienes impulsaron profundos cambios en el diseño del sistema de justicia transicional, especialmente en lo que tiene que ver con el juzgamiento de terceros o, mejor dicho, de los civiles que tuvieron una participación determinante en el desarrollo de la guerra. Se suponía que estos tendrían una ruta diferenciada, pero equilibrada con la de los otros protagonistas del conflicto, y tras el trámite de la reforma, los civiles resultaron beneficiados con algunos requisitos, como que comparecerán ante el Tribunal de Paz voluntariamente o que tendrán que ser investigados con pruebas firmes de la justicia ordinaria, no con simples testimonios (ver infografía en página 6).

Sea como sea, el acto legislativo acabó su momento de discusión en el Congreso. Ahora sólo resta la conciliación entre los textos aprobados por la Cámara y el Senado, para pasar a sanción presidencial. Luego será necesario echar a andar la enorme institucionalidad que crea. El comité seleccionador tendrá que dar inicio a la titánica tarea de abrir la convocatoria de quienes aspiran a ser jueces, magistrados, comisionados y presidentes y directores de las entidades que surgen. Hecho esto, empezará a funcionar el órgano de cierre jurídico de una guerra de más medio siglo.

“El Congreso de la República ha dado un gran paso para consolidar la paz y comenzar a sanar las heridas que nos dejaron 52 años de guerra”, expresó el presidente Juan Manuel Santos luego de agradecerle al Legislativo por aprobar la reforma constitucional. “El Congreso les cumplió a las víctimas, le cumplió a la paz y le cumplió a Colombia”, concluyó el mandatario, no sin antes insistir en que las víctimas del conflicto son y seguirán siendo el centro del Acuerdo de Paz.

 

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