ONU advierte que la Ley de Víctimas tiene "vacíos"

El riesgo para los líderes en procesos de restitución de tierras siguen siendo altos.

El representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, advirtió que la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, en vigor desde enero pasado, tiene "vacíos" y pidió al Gobierno protección para los beneficiarios, acosados por la persecución y las amenazas.

En una rueda de prensa en Bogotá, donde presentó el informe anual de este organismo sobre Colombia, Howland dejó claro que si bien esta ley "es un avance en el desarrollo de un concepto integral de reparación, también presenta vacíos".

Puso ejemplos, como "la exclusión de las víctimas de miembros de grupos armados ilegales (...) o de niñas y niños víctimas del reclutamiento que no se hayan separado del grupo armado ilegal antes de cumplir 18 años".

Adicionalmente, advirtió de que "el proceso de implementación debe ser fundamental".

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó en diciembre pasado varios decretos que le dan vida a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una ambiciosa norma que busca indemnizar a cuatro millones de damnificados y devolver dos millones de hectáreas usurpadas a campesinos por grupos armados ilegales.

En ese sentido, según el informe de la ONU, uno de los retos fundamentales de esta histórica Ley "es asegurar la protección de todos los actores involucrados, incluidos las y los funcionarios del Estado, en particular jueces".

Y es que la Oficina en Bogotá del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha observado "que el riesgo y vulnerabilidad de los líderes en procesos de restitución de tierras son extremadamente altos, habida cuenta de los intereses criminales de los predios objeto de la restitución".

Agrega que "los asesinatos cometidos en 2011, sumados a los registrados en 2010, y las amenazas y agresiones, dan cuenta del peligro y de la especial conflictividad que existe en torno a la tierra".

Por eso, la ONU señaló que "asegurar la vida y la integridad de los reclamantes de tierra y sus representantes debe ser una prioridad de las autoridades".

El documento hace referencia a la muerte en 2011 de al menos tres líderes: Eder Verbel Rocha, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), el 23 de marzo en San Onofre (Sucre), cuyo hermano había sido asesinado un año antes.

También menciona los casos de Alejandro Padilla, líder y solicitante de restitución de tierras en Urabá; y Leoncio Mendoza, padre de dos líderes de esa misma región del noroeste del país.

A esos casos, el informe agrega una lista de otros líderes amenazados y desplazados por su actividad como reclamantes de tierras en el marco de la nueva legislación colombiana.

Por todo ello, la ONU pidió a la Fiscalía General de la Nación que establezca una unidad especial dedicada a investigar los crímenes relacionados con la implementación de la Ley de Víctimas.

Y al Gobierno le solicitó que dicha implementación vaya acompañada de un plan de protección, así como de una política de desarrollo rural y de generación de ingresos para las víctimas objeto de la reparación.

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