Víctimas piden que se suspenda extradición de 'Macaco'

El movimiento que reúne a las víctimas de los paramilitares en Colombia pidió este lunes por la vía judicial que se suspenda la extradición a Estados Unidos de Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco, a quien se le atribuyen cerca de diez mil crímenes.

La solicitud fue presentada ante el Consejo de la Judicatura en Bogotá, por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) , que recurrió al recurso constitucional de tutela para impedir que Jiménez sea enviado a Washington.

La extradición de "Macaco" fue autorizada el pasado viernes por el presidente Álvaro Uribe dos días después de que la Corte Suprema de Justicia considerara como legal la petición sobre él, formalizada por Washington el pasado octubre.

Jiménez afronta en cortes de Washington y Florida procesos por narcotráfico, lavado de activos y financiación al terrorismo.
El portavoz del Movice, Iván Cepeda, explicó en una reunión con la prensa que el recurso está dirigido contra Uribe, el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, y el presidente de la Corte, Francisco Javier Ricaurte, actores en la gestión de la solicitud sobre "Macaco".

Jiménez es una de las "principales y poderosas figuras" de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue jefe del Bloque Central Bolívar (BCB) , estructura principal de esa organización y tuvo bajo mando suyo unos siete mil hombres que actuaron en diez departamentos del país, destacó Cepeda.

Además, "tiene un imperio económico y una riqueza significativa que se ha erigido a través del narcotráfico, pero también de la usurpación de inmensas extensiones de tierra a miles de personas en esos diez departamentos", continuó el portavoz.
Señaló que en una sola de estas regiones, el Putumayo, la Fiscalía ha documentado unas tres mil fosas comunes con víctimas del BCB, mientras que se le atribuyen unos diez mil casos de asesinato y desaparición forzada.

Cepeda afirmó que esta extradición tendrá como consecuencia que no haya sentencias judiciales contra Jiménez en Colombia, que su fortuna quede en la impunidad y que "secretos muy comprometedores que tienen que ver con la identidad de figuras políticas, empresariales y, además de eso, con jefes militares, queden también en el silencio".

En el recurso, la organización no gubernamental (ONG) defiende que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación son preferentes y que sobre ellos la Corte Constitucional tiene argumentos suficientes en relación con la jerarquía de estos mismos principios.

Asimismo, Cepeda dijo que "no es posible transmitirles al país y al mundo el mensaje de que para Colombia importa más la persecución de crímenes considerados de delincuencia común, que la persecución universal de los crímenes contra la humanidad".

El abogado de la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CCAJAR) , Alirio Uribe, destacó en la misma reunión que el recurso tiene carácter de inmediato, con lo cual se busca que el juez lo falle antes de que el Ejecutivo confirme la extradición de "Macaco" y éste sea enviado a Estados Unidos.

El paramilitar cuenta con cinco días, a partir del momento en el que se notifique de la decisión del presidente Uribe, para solicitar que la orden de su entrega sea revocada.

En la misma conferencia, el secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) , Luis Jairo Ramírez, expresó el temor de que esta extradición sea un "acto premeditado" del Gobierno ante la posibilidad de que Jiménez tenga "informaciones muy valiosas" sobre la implicación en las AUC de "altas figuras de la vida política y social del país" .

El Ejecutivo autorizó la extradición de Jiménez tras acusarlo por no haber respetado los compromisos que asumió dentro del diálogo de paz del Gobierno con las AUC, que se disolvieron a mediados de 2006 con el desarme de unos 31 mil paramilitares.

Jiménez está en un grupo de 16 antiguos mandos de esa organización reclamados por Estados Unidos, bajo los mismos cargos. La entrega de trece de ellos ha sido dejada en suspenso por Uribe, mientras que la Corte tiene en gestión los casos de los otros dos.

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