ONG: Colombia acusa a activistas con pruebas falsas

Según la denuncia, existen procesos judiciales con pruebas y testimonios "falsos" y "manipulados" en contra de defensores de derechos humanos.

El grupo no gubernamental Human Rights First (HRF) aseguró este martes que en Colombia existen procesos judiciales con pruebas y testimonios "falsos" y "manipulados" en contra de defensores de derechos humanos.

HRF dijo en un extenso informe que se trata de una práctica "sistemática" y que busca minar la credibilidad de los activistas.

El informe, que es producto de un año de investigaciones en Colombia por parte de HRF, da cuenta de 32 casos de juicios contra uno o varios defensores de los derechos humanos entre 2002 y 2008.

La investigación "documenta el uso extenso de procesos penales infundados en contra de los defensores de derechos humanos en Colombia e indica que el problema es sistemático", porque ya no se trata de casos aislados, explicó Andrew Hudson, del programa de defensores de derechos humanos en América Latina de HRF, creado en 1978 y con sede en Nueva York.

En un acto aparte y al ser consultado sobre el informe, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, dijo desconocer el reporte y declinó hacer comentarios.

El caso de los procesos contra activistas "se distingue por el carácter de los cargos y los métodos para recoger y falsificar la evidencia", dice el informe que Hudson presentó en una conferencia de prensa junto a dos activistas colombianos.

"Por lo general son acusados de rebelión y pertenencia a las organizaciones guerrilleras con base en el testimonio falso de ex combatientes y archivos de inteligencia inadmisibles como evidencia", agrega.

Dijo que carecían de datos y que no habían investigado sobre si había o no procesos judiciales o cuántos contra activistas antes del año 2002.

Indicó que tampoco poseían información porque ni en la Fiscalía General ni el gobierno encontraron datos consolidados sobre cuántos procesos existen actualmente en curso o se han producido contra defensores de derechos humanos, líderes sindicales y otros activistas.

El informe hace también una serie de recomendaciones, como que Estados Unidos, que según HRF entregó el año pasado unos 20 millones de dólares en ayuda a la Fiscalía colombiana, haga junto a sus contrapartes del gobierno de Colombia un seguimiento a esos procesos judiciales y "enfatizar que tal persecución viola los principios rectores" sobre el funcionamiento de las ONG que mantiene el gobierno estadounidense..

Acusados de delitos como terrorismo, concierto para delinquir y rebelión, principalmente, de los 32 casos incluidos en el informe, al menos en tres de ellos, los activistas siguen en prisión.

Iván Cepeda, directivo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado y parte del equipo que presentó el informe de HRF, dijo que "los defensores de derechos humanos no están por encima de la ley (y) es lícito que haya una investigación".

Pero consideró como inadmisible que se falsifiquen o "clonaran testigos, manipularlos".

"Los testimonios de desmovilizados deben ser corroborados con otras pruebas", consideró Cepeda, al ser interrogado sobre que esas mismas quejas sobre manipulaciones de testimonios son esgrimidos por personas investigadas o condenadas por delitos como colaborar con el paramilitarismo.

"El efecto más importante que buscan estos procesos sobre falsos fundamentos" contra activistas, según Cepeda, es "la destrucción de la credibilidad... de los defensores de derechos humanos", estimó.

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