Bitácora del Congreso de la paz

La firma del nuevo Acuerdo de Paz y la decisión de refrendarlo en el Congreso fueron caldos de cultivo para la polarización política en el país esta semana. El paso que sigue es la implementación de lo pactado con las Farc en La Habana.

El debate en el Senado fue citado para el martes 29 de noviembre, según confirmó el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano. / Cristian Garavito - El Espectador
El debate en el Senado fue citado para el martes 29 de noviembre, según confirmó el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano. / Cristian Garavito - El Espectador

El sube y baja político de esta semana dio para todo. Incluso, para revivir los ánimos caldeados que surgieron tras el ocaso del 2 de octubre, cuando el primer Acuerdo de Paz fue derrotado por un estrecho margen en el plebiscito. No era para menos. La decisión del Gobierno de saltarse la voluntad popular y escoger la vía legislativa para refrendar el nuevo acuerdo firmado con las Farc significó un duro golpe para las voces del No, que no dudaron en deslegitimar al Congreso frente a esa labor de darle el aval al nuevo texto.

Incluso, desde el Centro Democrático hablaron de salir a las calles a llamar a la “desobediencia civil” y revocar al Poder Legislativo. Otras voces, como la del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, anunciaron la vía del referendo para que el pueblo decida sobre varios aspectos del acuerdo que aún no aceptan. Por ejemplo, elegibilidad política, narcotráfico y justicia transicional para la Fuerza Pública.

Y es que la negativa que dio el equipo negociador de paz a los representantes del No en la reunión del lunes pasado, en el Ministerio del Interior, sobre hacer nuevas modificaciones al acuerdo de paz, fue la estocada final para que todos ellos, incluidos el exprocurador Alejandro Ordóñez, la exministra Marta Lucía Ramírez, el expresidente Andrés Pastrana y, por supuesto, el hoy senador Uribe, decidieran no adherir al consenso nacional que tanto clamó el presidente Juan Manuel Santos cuando reconoció la derrota de la paz en las urnas.

Ese día, pese a la larga jornada que concluyó a la medianoche, los del No insistieron en que lo modificado “fue apenas un retoque del acuerdo rechazado por los ciudadanos”. Mientras tanto, el Gobierno se fue concentrando en la urgencia de la refrendación y la misma implementación y en la elección del camino más expedito, dada la fragilidad que demostró el cese al fuego con la muerte de dos integrantes de las Farc en el sur de Bolívar a manos del Ejército. “Llegó la hora de avanzar”, concluyó el jefe del equipo de paz, Humberto de la Calle, afirmando que en ningún momento se les prometió a los voceros del No la posibilidad de revisar el acuerdo antes de su cierre, en La Habana.

Así que el martes de esta semana, muy temprano, se fue fortaleciendo la idea de que convocar a un nuevo plebiscito significaría un desgaste innecesario que muy seguramente dejaría políticamente en ruinas a Colombia, como lo resumió el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano. Por eso, ese mismo día se reunieron en la presidencia del Senado algunos representantes de los partidos de la llamada “coalición por la paz” con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en donde se consolidó la idea de que la refrendación del nuevo acuerdo iba a quedar en manos del Senado y de la Cámara de Representantes.

Paralelamente, las delegaciones de paz del Gobierno y de las Farc se reunían en otro lugar de Bogotá para definir por consenso que esa sería la salida. Un anuncio que fue llevado más tarde a la Casa de Nariño y, desde allí, el presidente Santos confirmó, en alocución radiotelevisada no sólo esa decisión sino, además, que dos días después, es decir, el jueves, se firmaría en el Teatro Colón, en el centro de Bogotá, el nuevo texto del acuerdo.

Las reacciones no se hicieron esperar. Sobre las 8:00 de la noche, es decir, una hora después de que el jefe de Estado se dirigiera al país a defender la idea de que “el Congreso es quien representa al pueblo”, el expresidente Uribe se mantuvo en que todavía tiene preocupaciones en torno al nuevo acuerdo que, según dijo, “mantiene la impunidad prácticamente igual a como estaba en el primer acuerdo”. Otros voceros del No sostenían que el Congreso no tiene competencia constitucional para refrendar el nuevo acuerdo y que Santos se burló de la voluntad de los colombianos expresada en el plebiscito.

Pese a ello, el senador Lizcano hizo otro anuncio de igual trascendencia. Dijo que el mismo jueves en que el Gobierno firmaría el nuevo Acuerdo de Paz, se llevaría al Congreso para radicarlo y en la plenaria convocada para ese día, citó al debate del próximo martes 29 de noviembre para darle luz verde al acuerdo. Y así fue. Tan pronto el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko, firmaron el nuevo texto de paz en un sencillo acto protocolario, el ministro Cristo llegó a las secretarías de Senado y Cámara a la 1:00 p.m., no sin antes atravesar una Plaza de Bolívar dividida por sectores que se siguen enfrentando por lo pactado.

Sin “pupitrazos” y un debate de altura prometió Lizcano en la plenaria del jueves. Una discusión que se llevó a cabo en un tono más complejo que en la Cámara de Representantes, en donde en unos cuantos minutos se aprobó la citación al debate, que será el miércoles 30 de noviembre. En el Senado, aunque las reglas del juego quedaron claras, la oposición uribista parece ser inquebrantable. Tanto así que el senador Antonio Navarro, de la Alianza Verde, advirtió que si los del Sí no se unen, el sector que defiende el No demostrará una vez más lo que es capaz de lograr.

Entonces, bajo la premisa de que es el Congreso el que representa al pueblo colombiano, que lo eligió con unos 14 millones de votos, la semana que viene no se ve nada fácil. Sobre todo porque las garantías otorgadas al Centro Democrático le permitirán participar por el doble de tiempo que tendrán los partidos afines al proceso de paz. De hecho, mientras que los últimos apenas contarán con un vocero, el uribismo tiene derecho a dos. Pero esto apenas empieza. Aunque a finales de la próxima semana estaría refrendado el nuevo acuerdo, todavía queda el largo camino de la implementación y sólo ahí se medirán las fuerzas políticas cuyos intereses trascienden el Capitolio Nacional. El 2018 es la meta final.

 

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