Comunidades embera le apuestan a la reconciliación

A través del fortalecimiento político, cultural y educativo, los indígenas le están dando oportunidades a los sus miembros que hicieron parte del conflicto armado.

Pablo Emilio Queragama hacía parte de las milicias del ELN y hoy es el gobernador de la comunidad embera de Santa Teresa, en el resguardo embera Gitó Dokabú. Agencia Anadolu

Pablo Emilio Queragama es gobernador de Santa Teresa en el resguardo embera Gitó Dokabú. Hace ocho meses, los 152 indígenas que viven con él, lo eligieron para ese cargo en una muestra de confianza que superó el recelo con el que este pueblo miraba a los indígenas que habían hecho parte de grupos al margen de la ley.

“Yo era de las milicias y colaboraba con el frente Manuel Hernández ‘El Boche’ del Eln. Duré dos años y dos meses con ellos, pero me di cuenta que no me convenía estar con esa gente. Ellos solo nos engañaban a los pobres indígenas y no nos pagaban nada… Muchos indígenas estábamos metidos ahí”, recuerda Pablo Emilio.

Para llegar hasta este resguardo hay que viajar tres horas desde Pereira, capital del departamento de Risaralda hasta el municipio de Pueblo Rico en una carretera que bien podría ser una gran vía al mar, pero que en su lugar es un camino de tramos destapados y derrumbes. Cuando se alcanza Pueblo Rico, se necesitan casi dos horas para llegar a Santa Cecilia, un corregimiento fundado por familias palenques que hoy es hogar de afrodescendientes, mestizos e indígenas.

Bajo las estribaciones de la selva y limitando con el Chocó, Santa Cecilia fue tomado por la guerrilla de las Farc el 17 de marzo del 2000 y durante cinco años, sus habitantes vivieron en medio de la confrontación entre este grupo armado, el Eln y su disidencia, el ERG [Ejército Revolucionario Guevarista] y los paramilitares que intentaron tomárselo en 2002, pero fueron frenados por las Farc.

La violencia sumada a graves problemas como la minería ilegal en el río San Juan y la ausencia del Estado, arrastró a muchos jóvenes a la guerra. Ese fue el caso de Pablo Emilio.

Él tiene seis hijos y una esposa a quienes mantener y por eso el apoyo de su comunidad ha sido fundamental en su proceso de reintegración.

“Yo me reuní con la autoridad del resguardo para que me dejaran entrar y después la gente me postuló como gobernador local… Estoy feliz porque ahora ayudo a organizar y a motivarlos a todos. Me siento bien de estar acá”, afirma Pablo Emilio, mientras observa el tambo ancestral que está terminando de construir la comunidad de Kemberdé, ubicada a solo unos pasos de Santa Teresa.

El tambo es una especie de maloka edificado con la arquitectura tradicional indígena y es parte del proceso de reintegración para unir a las familias a través de los saberes ancestrales y la resignificación política y cultural. De común acuerdo, la comunidad decidió hacer este espacio que servirá como un lugar de encuentro, debate y educación en las prácticas indígenas.

“La gente está motivada. La comunidad estaba caída pero ahora estamos despiertos. A los reintegrados los estamos ayudando cuando nos piden ayuda”, Elisa Onogama, lideresa de Santa Teresa.

Fortaleciendo la capacidad comunitaria

A corte del 30 de noviembre, 920 indígenas se han desmovilizado y la totalidad ingresaron al proceso de reintegración conducido por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN.

En 2008 esta entidad entendió que el trabajo que realizaba únicamente con los excombatientes de estas zonas era insuficiente y por eso volcó su trabajo a los grupos receptoras y sus familias, creando el Modelo de Reintegración Comunitaria MRC, para trabajar de forma directa con los problemas de la población desmovilizada.

“Buscamos generar espacios de paz y reconciliación para que no solo las comunidades superen sus dificultades sino para que sean proyectos que perduren en el tiempo. En cada área también priorizamos un enfoque y en el caso del Eje Cafetero, el rumbo es étnico entendiendo que el Estado no llega a todos estos grupos”, afirma Carlos Ariel Soto Rangel, Coordinador Territorial de la ARN para el Eje Cafetero.

Actualmente la ARN trabaja de la mano con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para llevar a cabo intervenciones que promuevan la reconciliación.

“Llevamos más de 15 años trabajando en Colombia en esta materia, fortaleciendo la capacidad institucional y comunitaria para robustecer el impacto de los proyectos. Lo más importante es la concertación. Acá no se realiza ninguna actividad si no se ha concertado antes con las comunidades y es importante porque hace parte de la identidad cultural y la gobernanza del territorio”, asegura Camila Sabogal, gerente de Reintegración social y comunitaria del programa de la OIM que se dedica a los temas de reintegración y prevención de reclutamiento forzado.

Más alla del castigo

Así como el tambo ancestral, en otras comunidades ember se están haciendo diversos proyectos que incluyen a indígenas y afrodescendientes reintregrados. En Puerto Leticia, ubicada en el resguardo Unificado Chamí del Río San Juan, se inauguró un aula para la promoción de las comunicaciones que pretende convertirse en una emisora comunitaria y en Bajo Gitó, se entregó una caseta cultural construida por reintegrados.

Lady Sierra, lideresa en esta última, también ve con buenos ojos el proceso de reintegración comunitaria. “Los jóvenes no deben ir con esos grupos y por eso los estamos apoyando. El gobernador local y la comunidad los rescatan para no tener que castigarlos”.

Y es que si este modelo de reintegración no se estuviera llevando a cabo, los cerca de 40 indígenas que hicieron parte de las filas de grupos armados en esta zona, pasarían por castigos en el cepo y trabajos forzados. Hoy, se están fortaleciendo las capacidades comunitarias para recibir a los que se fueron de casa, oyéndolos e incluyéndolos en la formación social.

Mientras Pablo Emilio vuelve a su rutina familiar y comunitaria, debe hacer 80 horas de servicio social y se está capacitando como técnico en desarrollo familiar. Asimismo, recibe un apoyo económico de la ARN [que puede llegar a ser de hasta 480.000 pesos mensuales en cada caso].

Este regreso al hogar lo confirma Juan de Dios, profesor de Santa Teresa que ve con felicidad cómo sus jóvenes estudiantes dejan atrás la violencia para generar nuevas oportunidades en sus territorios.

“Ellos no son solo reintegrados. Ellos están volviendo a ser indígenas”.