Cúpula de las Farc y mandos medios no participarán en política: Procurador

Alejandro Ordóñez calificó de satisfactoria la decisión proferida por la Corte Constitucional mediante la cual avaló el Marco Jurídico para la Paz.

Este viernes, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, calificó de satisfactoria la decisión proferida por la Corte Constitucional mediante la cual avaló el Marco Jurídico para la Paz, al señalar que dicha sentencia establece rigurosas condiciones para el ejercicio de los derechos políticos de exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley.

El jefe del ministerio Público señaló que esta decisión impide que los subversivos de las Farc, en especial los integrantes del Secretariado, puedan participar en política, ya que la Corte ratificó que los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática no podrán ser considerados conexos con el delito político, con lo cual los responsables de los mismos no pondrán en ningún caso y a perpetuidad tener derechos políticos.

“En principio, los responsables de tales crímenes internacionales son al menos la cúpula de las organizaciones y quienes ejercen dirección en los diferentes bloques, frentes y estructuras que los hayan perpetrado”, puntualizó Ordóñez.

Advierte además que la sentencia no cambia los criterios actuales fijados en múltiples jurisprudencias de la misma Corte que determinan las características y límites del delito político y de la conexidad con el mismo, especialmente respecto a la exclusión de los delitos comunes y atroces. No hay cambio del precedente jurisprudencial.

“Será el Congreso de la República, a través de una ley estatutaria, es el competente para determinar cuáles son los delitos conexos con el delito político. La expedición de la ley deberá tener en cuenta los criterios actuales fijados en la jurisprudencia constitucional”.

La Procuraduría resalta que los crímenes de guerra tienen la misma gravedad en el derecho internacional que los crímenes de lesa humanidad y de genocidio, razón por la cual son competencia de la Corte Penal Internacional cuando se cumplen los presupuestos consagrados en el Estatuto de Roma.

De acuerdo al comunicado, los delitos que se determinen conexos con el delito político, en virtud de la ley estatutaria que desarrolle el Marco Jurídico para la Paz, no comprenden en sus efectos la prohibición de la extradición, con lo cual se impide que se utilice la figura del “delito conexo” para blindar ante tribunales de justicia extranjeros a quienes hayan cometido delitos transnacionales, como el narcotráfico.

“El pronunciamiento de la Corte deja claro que la participación política no es automática. Aunque originalmente el texto del Marco Jurídico para la Paz no consagraba condiciones que deberían cumplirse de forma previa al ejercicio del derecho a la participación política, la sentencia establece requisitos sin los cuales éste no se puede producir”.

El ejercicio de derechos políticos de exguerrilleros exige que hayan contribuido a la reparación de las víctimas, se haya dado inicio al esclarecimiento de la verdad y el previo cumplimiento de la pena.

“La Procuraduría General de la Nación resalta que dichos criterios delimitan al Gobierno Nacional en la elaboración del proyecto de ley estatutaria sobre la materia y determina la competencia del Congreso para su aprobación.

Finalmente, el jefe del ministerio Público se declara atento a la publicación completa de la sentencia y a participar activamente en los diferentes escenarios con el fin de garantizar la observancia de los derechos de las víctimas.
 

 

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